El agujero negro del talento en Argentina

“El agujero negro del talento” en una Argentina vaciada por un Peronismo corrupto y anacrónicamente “revisionista” (Carta Abierta-Agencia) y escoltado por un Radicalismo de trocha angosta y muy baja intensidad

El objeto de esta versión revisada de un escrito anterior titulado “Claudicaciones del Radicalismo Argentino”, que integra una batería de ensayos ligados entre sí, es tratar de explicar descarnadamente la naturaleza histórica y política de lo que el filántropo Martín Varsavsky denomina con crudeza, refiriéndose a la Argentina, el “agujero negro del talento”, o lo que es lo mismo, el atraso, la corrupción y el revisionismo académico y científico, producido entre otros por una intelectualidad populista (Lonardismo-Cátedras Nacionales-Carta Abierta-Agencia), y escoltada por un Radicalismo de trocha angosta y baja intensidad, que fue dejando en el camino sus principios, y su tradición de crítica y debate.

Desde hace más de una década, más precisamente desde que el populismo bonapartista de Kirchner (compuesto por un revisionismo anacrónico y fundamentalista, una estrategia fascista de amigo-enemigo, una política stalinista previa al Frente Popular, y un estado policial con las Leyes de Abastecimiento y Antiterrorista), tomara el poder en 2003, el Radicalismo se caracterizó por una oposición tibia y culposa, una tenue sombra de su sacrificado y honroso pasado. Sin querer incursionar en las complicidades de algunos dirigentes Radicales con el Kirchnerismo, se ha de hacer hincapié aquí en un contrapunto vital de la política nacional totalmente ignorado por la dirigencia partidaria (propia y ajena), y que hace eje en las políticas públicas en materia de ciencia y educación superior, insustituibles para lograr la emancipación de la sociedad civil y para una eventual profundización del desarrollo industrial y tecnológico del país.

En ese preciso sentido, y para salvaguardia del sistema científico, el que suscribe acudió al bloque Radical del Senado, en el transcurso del 2010, para requerir solidaridad parlamentaria (Pedido de Informes) a su denuncia judicial penal federal contra la Agencia Nacional para la Producción Científico-Tecnológica (ANPCyT), por la malversación y estafa de U$S 1240 millones de dólares procedentes del Banco Interamericano de Desarrollo (equivalentes a la deuda sentenciada con los mal llamados Fondos Buitres), y administrados fraudulentamente por el entonces Secretario de Estado Lino Barañao, y por medio centenar de Coordinadores cuyas identidades siguen a continuación (Anón, Antón, Arzt, Astini, Batlle, Beaugé, Beccaria, Cabada, Cánepa, Carelli, Cazzulo, Ceccatto, Coira, Corach, Escande, Frías, Gigolo, Gugliotta, Helbling, Lanusse, Mroginski, Poderoso, Politis, Quattrochio, Ravetta, Salvarezza, Schalamuk, etc.). En la requisitoria al Senado se acompañó la fotocopia del grueso expediente judicial, la cual fue registrada, y en respuesta se aseguró que el denunciante sería convocado para su aclaración, citación que nunca se concretó y que el denunciante no insistió pues advirtió la existencia de un profundo desinterés.

La precariedad de esta irresponsabilidad y el resultante atraso científico y tecnológico producido demandan un análisis histórico del comportamiento de las elites políticas de procedencia y formación universitaria. Este análisis debe partir de los deficits del proyecto Reformista (1904-1918) en materia de endogamia profesoral (incapacidad de generar una comunidad y un mercado docente de alcance nacional) y debe centrarse también en el análisis del grado de deserción cultural, cuya cadena de acontecimientos es fundamental marcar con detalle para poder comprender el drama histórico actual y para tomar conciencia del itinerario y trayectoria de los actores y protagonistas que nos llevaron a la calamidad presente.

La memoria histórica y el capital simbólico deberían ser interpelados por un discurso crítico, pero aquellos han caído lamentablemente en el olvido del imaginario argentino, y están compuestos por una batería de hechos históricos trascendentales, retro-alimentados entre sí, tales como la Ley Avellaneda (1885),la malograda Reforma Universitaria de 1904 en Buenos Aires [que siguió al suicidio de Leandro Alem y entre cuyas secuelas se expulsó de los claustros universitarios a Juan B. Justo y Nicolás Repetto], y la triunfante y luego cruelmente asediada Reforma de 1918 gestada en Córdoba. También se constituyó en un acontecimiento cuya memoria histórica debe ser interpelada porla prédica Radical, la multitudinaria defensa del laicismo y de la enseñanza pública (1958-59), ocurrida como combate contra la reglamentación de un decreto de la denominada Revolución Libertadora (1955-57), en su artículo 28, que consagraba la libre expedición de títulos habilitantes por parte de las universidades privadas, y que fuera impulsada por la pre-conciliar burocracia eclesiástica, y que los Reformistas tenían por violatoria tanto de la Ley 1420 (1884) como de la Ley Avellaneda (1885). Y también debe ser tenida en cuenta la posterior radicalización del movimiento estudiantil que aconteció durante el Cordobazo (1969), que fue una reacción popular contra la Noche de los Bastones Largos (1966) y contra la secuela académica que eran entonces las denominadas Cátedras Nacionales (1967-1969), cuyo heredero forzoso y tardío vino a ser cuatro décadas mas tarde el redivivo espacio kirchnerista conocido como Carta Abierta (2008-2014). Dichas Cátedras Nacionales (CN) estaban integradas por una serie de jóvenes intelectuales elegidos para combatir a la izquierda académica, que habían traspuesto el cedazo de los servicios de inteligencia de la dictadura de Ongania (Argumedo, Cárdenas, Carri, Feinman, H. González, Gutiérrez, O´Farrell, etc.), y que para justificar su claudicante oportunismo pretextaron que los científicos modernizadores discípulos de Gino Germani, renunciantes a las cátedras cuando aconteció lo de los Bastones Largos, se habían entregado venalmente al sospechado Proyecto de Marginalidad financiado por la Fundación Ford en Chile (Murmis, Nun, Marín, etc.).

Finalmente, en 1996, la resistencia activa contra el alineamiento automático a las políticas educativas del Consenso de Washington, estuvieron focalizadas en una campaña contra el mercantilismo privatizador, la descentralización federativa, y la fragmentación docente, así como contra el fraccionamiento productivista y la concepción de la educación y la ciencia como meras mercancías a subastar y regatear en la invisibilidad del mercado. Estas políticas educativas cuyo alineamiento automático fue públicamente resistido por el estudiantado universitario de todo el país estuvieron representadas por diferentes Programas, tales como el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria(FOMEC), el programa de subsidios del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) perteneciente a la Agencia o ANPCyT, y el Programa de Incentivos para docentes-investigadores categorizados, y enrolados en las Universidades Nacionales, facciosamente administrado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. La alegórica caricaturización de los alineados de adentro, que convalidaron el Consenso de Washington y todos los Programas arriba detallados, quedó registrada en 1996 en un célebre mural exhibido en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, acompañado por una parodia explicativa anónima –pero cuyo autor fue un historiador que falleció trágicamente en un accidente fluvial ocurrido en el Delta del Paraná– ambos testimonios salvados de la desaparición merced a las entonces nacientes redes de Internet. Estas reivindicaciones -aunadas al Programa de Avellaneda (1945)- debieran ser los antecedentes centrales para ser interpelados por la prédica intransigente de la UCR y son las únicas herramientas que se han heredado en forma fragmentada, que se deben seguir honrando, y que deben ser susceptibles de reactivar y actualizar para poder rescatar al Radicalismo de su prolongada crisis programática y moral.

Dicha interpelación histórica se debe profundizar aún más con consideraciones acerca de la creciente erosión de la conciencia sobre la inexcusable originalidad en la producción científica, cuyos procesos de investigación, planificación, administración y evaluación deben ser necesariamente independientes tanto del poder del aparato estatal (CONEAU-Agencia), como de los organismos multilaterales de crédito (FMI-BM-BID), y de toda facción ideológica, política o religiosa (independencia que nada tiene que ver con la defensa de estructuras corporativas o de prácticas de cogobierno y de composición tripartita). La interpelación debe culminar con las denuncias contra la subordinación Peronista(Menemista) en materia de investigación y enseñanza a los planes divisionistas y mercantilistas (arancelatorios) del Banco Mundial (BM), que fue una adaptación tardía al Consenso de Washington (ver artículo de Pablo Gentili). Y también debe culminar en lucha contra el relato revisionista y fundamentalista del espacio Carta Abierta (2008-2014), que es una secuela sobreviviente de las lonardistas Cátedras Nacionales (CN), infiltradas por la claraboya del poder a petición del Ministro del Interior General Francisco Imaz. Cabe destacar que el Lonardismo (1955), como antaño lo fue el Uriburismo (1930), se caracterizaba por socavar la estrategia política conocida como “salida electoral” (que consistía en superar el golpismo o insurreccionismo militar con comicios restrictivos por más proscriptivos que entonces resultaran).

Esas políticas divisionistas en ciencia y educación fragmentaron engañosamente la comunidad universitaria, primero con una falsa dualidad política entre intelectuales nacionales e intelectuales anti-nacionales; y más luego, con una reglamentada y competitiva dicotomía entre docentes-repetidores y docentes-investigadores (estos últimos fraccionados en una escala compuesta de cinco niveles). Por otro lado, bajo el pretexto de fomentar el mejoramiento de la calidad educativa, las autoridades Menemistas y luego las Kirchneristas incurrieron en un agudo proceso de desinversión en la infraestructura científica y tecnológica del país, que es parte del atraso y corrupción y el agujero negro del talento anteriormente alegados (bibliotecas, laboratorios, archivos, centros de información, etc.).

A estos pormenorizados y trágicos acontecimientos se debe agregar como un claro testimonio de alineamiento automático con el Consenso de Washington, la responsabilidad que le cupo en esa política a la dirigencia de la UCR, que intentó a posteriori de Menem, durante el gobierno de la Alianza, en la gestión del ex-canciller Dante Caputo (2000-2001), liquidar el CONICET, sustituyéndolo por la Agencia o ANPCyT (cuando en las universidades nacionales los cargos a los que debían recaer los investigadores a desahuciar estaban y están usurpados por camarillas endogámicas). Dicha eliminación fue resistida por la activa movilización de los mismos investigadores, que incluso llegaron a interrumpir un desfile militar provocando la renuncia del funcionario de marras.

Amén del claudicante caso Caputo, las autoridades partidarias de ese entonces no hicieron lugar al debate y a la democracia interna entre los afiliados Radicales, incluyendo la dirigencia que había surgido con el restablecimiento de la democracia (1983) y con el Tribunal del Nunca Más (1984), que se perpetuó diez años después con el Pacto de Olivos (1994) y que finalizó tumultuosa y lastimosamente casi una década más tarde con la denominada Alianza (2001). Las autoridades de la Unión Cívica Radical no cumplieron con el articulado de la Carta Orgánica (art.26) que estipula la necesaria consulta periódica al afiliado, ni intentaron reparar el daño inferido a la democracia interna partidaria. Ninguna sobre-actuación personal por más esforzada que fuere ni ningún acuerdo de cúpulas partidarias puede suplantar con éxito la consulta y la opinión individual del afiliado. Tampoco el voto en una interna electoral puede sustituir la opinión individual del afiliado en una consulta voluntaria. Por el contrario, lo único que se conoce hasta ahora es una nueva convocatoria a la Convención Nacional en el próximo mes de septiembre del corriente año, emplazada exclusivamente para ratificar una política de alianzas. Sin embargo, la opinión individual de los afiliados aunque no hayan sido consultados siempre es más conveniente que la voz de los convencionales y que la propia opinión de los delegados al Comité Nacional. Y siempre es más fuerte que eventuales alianzas o coaliciones, por más cruciales que estas fueren para la suerte del país. No es posible, en la era informática, que so-pretexto de acuerdos o coaliciones, la opinión del afiliado Radical deje de ser escuchada, y que su dignidad sea avasallada por intereses y superestructuras de escasa representatividad.

Las deformaciones políticas del Radicalismo arrancaron entonces con la modificación de la Carta Orgánica en diciembre de 1983 (incompatibilidad de los cargos electivos con la dirección política del partido), siguió con el recurso fundamentalista y demagógico del Tercer Movimiento Histórico (discurso de Parque Norte, 1985), continuaron con el ninguneo político a los cuatro (4) diputados nacionales del Radicalismo que se opusieron a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se perpetuaron con los estertores de la conocida como Coordinadora residual y su dolosa operatoria 830 del Banco Hipotecario Nacional, y concluyeron con el Pacto de Olivos (1994). Entre dichas deformaciones prevaleció el contubernio de los dirigentes de la Coordinadora con el gremialismo empresario, sucesor del sindicalismo Vandorista que había prevalecido con la gestión del Secretario Rubén San Sebastián durante la dictadura de Ongania, quien entregó las Obras Sociales a los sindicatos. También sucedieron deformaciones escandalosas como el vaciamiento del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), cuya quiebra fraudulenta no pudo ser ejecutada y sus deudores no pudieron ser embargados, entre ellos la conocida entonces como “Patria Contratista”, so pretexto que la misma había contribuido a la campaña electoral del Radicalismo, por cierto una vergonzosa explicación que no trascendió públicamente, y que nunca fue judicialmente investigada.

Estas capitulaciones y estos contubernios partidarios pusieron a la intelectualidad universitaria de todo el país de rodillas frente al creciente dominio del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y de los gerentes banco-mundialistas de los organismos internacionales (Banco Mundial-BID); y a sus docentes, alumnos e investigadores los puso a merced de un proyecto académico esencialmente contra-reformista y reacio a las libertades académicas y a la igualdad de oportunidades de acceso a los claustros. Todos estos contratiempos combinados se fueron precipitando y engendraron una tabicada dirigencia partidaria originada en un proceso electoral indirecto (confirmada por la nueva legislación de las PASO), violatorio del tradicional voto directo; y enfrascada en una exclusiva y efímera competición por candidaturas, totalmente inconducente para el ineludible debate político aún dolorosamente pendiente, y para la ingente necesidad actual –debido a lo crítico de la coyuntura que se está atravesando– de elegir un piloto de tormenta que cuente con su correspondiente estado mayor.

Se decía en un escrito anterior con respecto a la enseñanza y la investigación, bajo la firma de Radicales Libres, y se reitera hoy, que en los organismos de ciencia y educación superior “…han prevalecido las prácticas de camarilla, la indiferencia suicida hacia la infraestructura material y digital del conocimiento [simularon fomentar sólo el mejoramiento de la calidad educativa y científica], el canibalismo del botín de guerra, las violaciones al régimen de incompatibilidades y de conflicto de intereses, el culto demagógico a los pares evaluadores [crecientemente endogámicos] en desmedro de los sabios consagrados (como es el caso en Alemania), la creciente fuga de cerebros, y el menosprecio por capitalizar las patentes y regalías en el país (se registraron 14 patentes del CONICET y 23 del INTA en las oficinas de USA). Y como consecuencia de estas prácticas, la educación y la investigación pública y también la privada, la terciaria y la universitaria, se ha visto conminada a operar “…como rehén de un mecenazgo estatal sesgado que ha colonizado sus filas, y que ha segregado el entramado universitario [en casamatas o jaulas de silencio], mientras que la endogamia de su cuerpo docente [y de sus jurados académicos], con su gangrena acumulada [que ha esclerosado la movilidad del mercado ocupacional de las profesiones universitarias], viene incrementando a escala descomunal la decadencia intelectual y moral de una verdadera nomenklatura académica” .

A estas patologías se debe añadir ese insistente afán de los dirigentes por disputar cargos y candidaturas sin cumplir el consabido cursus honorum en el estudio, la investigación, y la formulación de programas modernos y democráticos. La derivación más previsible de esa praxis para un partido es la de terminar alquilando intelectuales extra-partidarios, como se padeció en los dos últimos gobiernos Radicales (Alfonsin-De la Rúa). Este desinterés del Radicalismo por llevar a los afiliados la posibilidad de ser escuchados, y de estimular a que se formen intelectualmente, ha engendrado políticos diplomados que luego de su graduación universitaria desertan de aquellas prácticas y vuelcan toda su libido en una militancia contaminada con clichés, verbos inflamados, frases hechas, y caras “arrugadas de tanto sonreír”, pero esencialmente ausentes de todo contenido, memoria, autocrítica y auténtico compromiso. De una forma aún más perturbadora, esos políticos vuelcan su libido en la construcción de clientelas, reciprocidades, listas sábanas y alianzas espurias; aprovechan los partidos como agencia de colocaciones; cultivan un seguidismo a la autoridad mediática en la conformación de la agenda política, y también una concepción patrimonialista y una práctica vedettista y personalista del poder acompañada por una memoria histórica fragmentada y casi nunca interpelada. Pero lo que es agraviante en casos cada vez más reiterados, es un obsceno e ilegal modus operandi para la acumulación material y el privilegio económico.

En suma, la tácita negativa de las autoridades partidarias a respetar la democracia interna consultando al afiliado, privó de representatividad a sus dirigentes y los indujo a censurar y abusar de la dignidad de sus integrantes, a auto-promoverse en el escalafón del poder, y a perpetuarse en él, para sólo administrar la decadencia y someterse al alineamiento automático con las políticas y programas de los organismos internacionales; sin poder o querer interpelar su memoria histórica ni movilizar intelectualmente al Radicalismo; y algunos dirigentes sin siquiera poder acreditar –para legitimar su representación– un historial de lucha contra la corrupción, la mentira y la opresión, clara muestra del proceso de disgregación en que desgraciadamente se encuentra inmersa la Unión Cívica Radical (UCR).