Filtrado malintencionadamente para acaparar atención mediante la provocación, un grupo de escritores y artistas franceses ha firmado un manifiesto a favor de la prostitución que se publicará en la revista gala Causeur.
En él, los autores se declaran en contra de un proyecto parlamentario para combatir el comercio sexual, que será debatido por la Asamblea francesa en los próximos días, y que contempla penalizar a los clientes de la prostitución con multas de hasta 3.000 euros. El título que lo encabeza –El manifiesto de los 343 cabrones– emula una iniciativa que Simone de Beauvoir impulsó en 1971, junto a 343 mujeres más ( “manifiesto de 343 mujeres”), en la que revelaban haber abortado, cuando esa práctica era ilegal en Francia, para forzar con ello el reconocimiento al derecho a los anticonceptivos y el aborto. Ni qué decir tiene que la actual iniciativa de los autodenominados “cabrones” exuda un cinismo carente de honradez ética y de respeto a la dignidad de las mujeres.
El argumento en el que se basan estos cabrones contemporáneos pretende ser liberal, al escudarse en la defensa del comercio sexual como actividad social, inserta en el libre mercado, en la que el Estado no debe entrometerse ni regular. Se declaran partidarios de “la libertad, la literatura y la intimidad, (por lo que) cuando el Estado se ocupa de nuestros culos, las tres están en peligro”. Bajo el impactante subtítulo ¡No toques a mi puta!, los firmantes apelan a que “cada uno tiene derecho a vender libremente sus encantos”, como si la prostitución fuese un trabajo elegido libremente y no la consecuencia forzada por mafias que trafican con mujeres o derivada de situaciones de escandalosa precariedad. Y es que, aparte de confundir el culo con las témporas, estos cabrones libertinos -que no liberales- intentan entremezclar con ardid el derecho a disponer del propio cuerpo que exigía el movimiento feminista con un supuesto derecho a disponer del cuerpo de otro (casi siempre, de otra) que, en la mayoría de las ocasiones, resulta de una opresión no deseada voluntariamente, sino obligada por circunstancias adversas que nada tienen que ver ni con el consentimiento ni la voluntad.
Según Médicos del Mundo, la práctica de la prostitución ha aumentado en nuestro país más de un 15 por ciento en los dos últimos años a causa de la crisis económica, nada extraño si se tiene en cuenta que entre los colectivos más castigados por el desempleo se encuentra, precisamente, el de las mujeres. Engrosan las cifras de la esclavitud sexual mujeres atrapadas en el tráfico ilegal, procedentes en su mayor parte de Europa del Este y Asia, y aquellas otras, desesperadas, que recurren a prostituirse a causa de una insoportable situación económica. En su conjunto, entre 300.000 y 500.000 mujeres ejercen la prostitución en España, en su mayoría inmigrantes que acceden al comercio carnal como único medio de vida, al encontrarse con todo tipo de trabas para hallar un trabajo legal.
Se trata, por tanto, más que de un pretendido derecho de la mujer, de un negocio muy próspero para proxenetas y mafias, que mueven en torno a 18.000 millones de euros al año, según revela el informe “Los amos de la prostitución en España”, del periodista Joan Cantarero. Un negocio que tiene el campo legal libre para su explotación, ya que en España no es delito la prostitución, si se ejerce “voluntariamente”, ni se penaliza a quienes contratan servicios sexuales, como pretende legislar el Gobierno francés. Sólo está tipificado penalmente la explotación sexual y el abuso a menores; es decir, proxenetas y violadores que, en cualquier caso, forman el “caldo de cultivo” para la prostitución.
Y es que, sin negar que exista quien desee realmente comercial con su sexo, la inmensa mayoría de la prostitución descansa sobre la mujer como víctima de un tráfico humano inaceptable. De ahí que se intente abordar el problema de su regulación desde dos enfoques diametralmente opuestos: o considerarlo un “trabajo” legal para dotarlo de los beneficios de la Seguridad Social y el control sanitario de las “trabajadoras”, o considerar delito su ejercicio y confiar que la represión penal lo consiga erradicar. Sin decantarse por ninguna de estas posturas, España se limita a combatirlo con campañas de sensibilización, con las que los ayuntamientos presumen de vez en cuando de defender a la mujer explotada sexualmente y de prestar una atención integral a las víctimas.
El “manifiesto de los cabrones” sirve para evidenciar, en cualquier caso, el “machismo” existente en la sociedad y que trata a la mujer como simple objeto para la satisfacción sexual, susceptible de ser regido por las leyes del mercado. “¡No toques a mi puta!” viene, así, a significar que no te atrevas a profanar mi propiedad privada, pues soy libre de adquirir cualquier producto del mercado. La mujer como objeto de consumo para el apetito sexual, no como persona protegida por derechos humanos y portadora de dignidad. Un papel subordinado a los deseos y caprichos del hombre como, curiosamente, también parece promover la Iglesia Católica, tal como demuestra el libro “Cásate y sé sumisa”, de la periodista italiana Constanza Miriano, editado bajo los auspicios del Arzobispado de Granada, en el que se recomienda a las mujeres “la obediencia leal y generosa, la sumisión”.
Difícil papel el de la mujer que, entre las pretensiones de unos y otros, sólo puede aspirar a ser puta o monja (o su equivalente laico: esposa), no persona merecedora de derechos humanos y dignidad. ¡Cabrones!
