La nueva estratagema del Gobierno, no sé si deliberada, o no, es de juzgado de guardia, directamente, sin mediar queja ni pataleta, porque se trata de un fraude en toda regla, tal vez no a la legalidad, pero sí a la ética y a la justicia.
Aprovechando el nuevo porcentaje de IVA las empresas suministradoras de servicios básicos, como son el teléfono, la luz, el agua, el gas,…, han emitido ya sus facturas de julio, correspondientes al consumo de junio, y lo han hecho, evidentemente, aplicando el nuevo IVA, es decir, el 18% en lugar del 16%.
Estas empresas no son culpables, sólo son víctimas propiciatorias de un fraude al más alto nivel, porque el Estado se estará embolsando dos puntos porcentuales adicionales de la factura de cada consumidor con cada uno de los suministros que recibe.
Estos suministros corresponden al mes de junio, cuando el IVA estaba fijado en el 16%, pero la factura es del mes de julio, con el nuevo IVA del 18%, lo cuál genera este desfase.
Un Gobierno justo, o atento en el caso de que toda esta situación no haya sido deliberada, hubiera concedido una prórroga para todos los servicios facturados del mes anterior, o bien, obligado a todas estas empresas suministradoras a emitir su factura el 30 de junio.
Sin embargo, el pastel era demasiado grande, o la ineptitud excesivamente grave, como para dejar pasar la oportunidad de ingresar un exceso que no les correspondería y que el ciudadano pagará sin rechistar, ya que no tiene ante quien patalear.
El Gobierno debería de ofrecer una explicación plausible de esta situación absolutamente injusta y carente de toda ética, porque cada ciudadano individualmente no estará notando esa diferencia, pero si sumamos todas las pequeñas cantidades obtenemos un auténtico dineral.
Espero que esta no sea la nueva forma de hacer política del Gobierno.
