Según Ezeizabarrena Sáenz, en su obra “Los Derechos Históricos y el concepto de “Pase Foral”, ( Auñamendi Eusko Enziklopedia, 2008), “el pase foral era la denominación de una facultad inscrita en el ámbito del Derecho foral del Reino de Navarra y las provincias vascas para no cumplir las órdenes emanadas de la Monarquía española declarándolas nulas si atentaban contra su legislación propia, los Fueros. En Navarra inicialmente también se denominó “derecho de sobrecarta” y se usaba bajo la tradicional fórmula de “Sea acatado, pero no cumplido”. Dicha facultad foral habría quedado plasmado constitucionalmente en el reconocimiento que la Disposición Adicional Primera (DA 1ª) de la norma suprema hace de los Derechos Históricos de los Territorios Forales, constituyendo “de facto” y de “iure” un pacto o acuerdo sobre una relación histórica y jurídica fruto de un iter previo”.
El antecedente histórico del «pase foral» según Gómez Rivero, se situaría en Castilla , pues “ es a partir de las Cortes de Burgos de 1379, Briviesca 1387 y de la Pragmática de Enrique III de 1397 cuando se generaliza el no cumplimiento de las disposiciones de gobierno contrarias a Derecho (se dice obedecer pero no se cumple). Se trataría en suma, según Gómez Rivero, de “una suspensión de la aplicación de la normativa hasta que se produjera una resolución sobre el conflicto que guardaría cierta semejanza con el “exequatur” internacional por el que los tribunales de un país deben decidir si aceptan o no la aplicación de una resolución extranjera”.
Recordar que en la Constitución española vigente de 1978, se introdujo la Disposición Derogatoria Segunda (DR 2ª) que afirma que “en tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y en los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876″. Sin embargo, la derogación antedicha sólo afectaría a los territorios forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, (pues nada se dice de Navarra en dichas líneas), con lo que podría deducirse que la Ley confirmatoria de Fueros de 25 de Octubre de 1839 se mantiene vigente para Navarra.
Sin embargo, con el actual Gobierno navarrista de Yolanda Barcina, se habría producido una clara sumisión de UPN a los dictados del Gobierno del PP, pues debido a su minoría parlamentaria en la Cámara navarra habría llegado a un acuerdo tácito con el Gobierno central para frenar las leyes que apruebe el díscolo Parlamento navarro mediante el recurso sistemático ante el Tribunal Consitucional, basándose en el artículo 161.2 de la vigente Constitución que señala que “el Ejecutivo central podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA” (de lo que sería paradigma el recurso de la ley foral que otorga al Parlamento la potestad de aprobar los ERE de empresas públicas), lo que “de facto” ha supuesto el vaciar de contenido las competencias legislativas de una Cámara foral navarra devenida en barco amotinado que navegará sin rumbo fijo hasta las próximas Elecciones Forales del 2015.
La Ley del Vascuence y “el pase foral”
Los sucesivos Gobiernos de UPN habrían pues transformado la filosofía primigenia del “pase foral”, quedando constriñido a la política doméstica navarra como instrumento del filibusterismo político de UPN para esquivar las sentencias judiciales contrarias a su miope política de intentar enclaustrar al euskera en gulags cerrados y logar posteriormente su extinción por inanición financiera.
Así, el SOS lanzado por la ikastola Ibaialde de Lodosa ante su asfixia económica y respondido por la Diputación de Guipúzkoa con la concesión de una ayuda de 24.000 €, dejó sumido al entonces Gobierno de coalición UPN-PSN en una situación de desconcierto e incredulidad tras quedar en evidencia ante la opinión publica navarra su escaso o nulo interés por la supervivencia del euskera en la Comunidad Foral. Recordar que si bien en los primeros tiempos del franquismo la postura del régimen hacia el euskera fue claramente represora y coercitiva, con el paso del tiempo se fue relajando y en 1965 asistimos al nacimiento de las primeras Ikastolas de Navarra (teniendo a Jesús Atxa y Jorge Kortes como principales impulsores y a Amadeo Marco como colaborador necesario).Su objetivo inicial era conseguir la normalización del uso del euskara en Navarra y a base de imaginación e iniciativas como el “Nafarroa Oinez 2013” en Tudela, fueron tejiendo una red de 15 ikastolas por toda la geografía navarra que cubrían parcialmente la demanda educativa en zonas no vascófonas. Posteriormente, la demanda de los padres euskalzales consiguió la implantación del Modelo D en los centros Públicos, unificando cultura y euskera y permitiendo el posterior fenómeno de la matriculación masiva en el Modelo D, ( 38% del total del nuevo alumnado en el curso 2011-2012 en Iruña).
Sin embargo, con la implantación de la Ley del Vascuence en 1986 bajo el mandato de Gabriel Urralburu (PSN) (aunque el desarrollo y aplicación de sus decretos y reglamentos cabe atribuirlos en exclusividad a los sucesivos gobiernos de UPN), asistimos a la creación de cotos geográficos virtuales e impermeables a toda influencia externa que a día de hoy aún permanecen vigentes aunque con síntomas de resquebrajamiento en sus paredes (véase la aprobación de la ampliación de la Zona Mixta al Sur de la Cuenca de Pamplona).
Por otra parte, el decreto foral 29/2003 estableció que “el euskera puntuará en los concursos de empleo público asignándole un peso en la baremación total en función de la establecida para los idiomas de trabajo de la Unión Europea”, lo que provocó una sensación de agravio comparativo y malestar entre las propias filas de UPN y obligó a Miguel Sanz a aplicar la supresión de la discriminación positiva hacia el euskera. Así, el Decreto Foral 55/2009 estableció que “en los concursos de empleo público para puestos radicados en la Zona Mixta la puntuación otorgada al euskera será de un 3% de la puntuación total del concurso (pudiendo incrementarse hasta el 6% en el caso de puestos que implicasen especiales funciones de atención al público)”, quedando Sanz como paladín de la igualdad de oportunidades para todos y dejando de paso la aplicación y desarrollo de la todavía vigente Ley del Vascuence aparcada “sine die” .
Así, Miguel Sanz y Yolanda Barcina harán uso sucesivamente del «pase foral» en las sentencias judiciales a favor del uso, promoción y valoración del euskera para imposibilitar la normalización del uso del euskara en la vida cotidiana de Navarra a pesar de las críticas realizadas por organismos como Euskaltzaindia y el Comité de Expertos sobre la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, quien en su tercer informe de seguimiento resaltó ” la persistencia de las carencias de presencia del euskera en los medios de comunicación social”, de lo que sería paradigma el limbo alegal en que se encuentran Euskalerria Irratia y las emisiones de EITB en Navarra. Efectivamente, la ley foral del Vascuence dispone “que las administraciones públicas promoverán la presencia del vascuence en los medios de comunicación social, por lo que el Gobierno de Navarra elaborará programas de subvenciones para los medios que empleen el euskera de forma habitual y también velará por la presencia del vascuence en los medios de comunicación que gestione directamente la Comunidad Foral de Navarra”.
Sin embargo, Euskalerria Irratia (creada en 1988 y única emisora que emite íntegramente en euskera en la Comarca de Pamplona (Iruñerria), permanece en una situación de alegalidad al no habérsele asignado una licencia oficial de emisión radiofónica en ninguna de las convocatorias de adjudicación habidas en los últimos 20 años, a lo que habría que sumar la supresión de las ayudas del Gobierno de UPN a las distintas publicaciones en euskera de la comunidad foral.
Así, en el 2012, Euskarabidea (Instituto Navarro del Vascuence), suprimió de un plumazo las ayudas a la utilización del euskera en los medios de comunicación navarros, por lo que en una campaña promovida desde Nafarpres ( Asociación de Prensa de Información Local de Navarra) y secundada por medios como Ttipi-Ttapa, Mendixut, Guaixe, Entretodos- Auzolan y La voz de la Merindad) publicaron su edición de febrero del 2012 en negro como medida de protesta, adelantado que “este es el futuro que nos espera a los medios de comunicación que damos cobertura al euskera, “negro y en castellano”.
Hacia la desaparición de la actual zonificación lingÁ¼ística
La mayoría parlamentaria UPN-PSN ha defendido hasta el momento el mantenimiento de la zonificación lingÁ¼ística como garantía del respeto a la pluralidad de Navarra y han rechazado el modelo uniformista aplicado en el País Vasco con la Ley 10/1982 Básica del Euskera para logar “una euskaldunización dirigida de todo el territorio”, por lo que los cotos lingÁ¼ísticos virtuales e impermeables a toda influencia externa implementados en 1986 en Navarra por la ley del Vascuence aún permanecen vigentes aunque con síntomas de resquebrajamiento en sus paredes.
Así, el Parlamento de Navarra aprobó el 18 de febrero de 2010 la primera y única modificación hasta la fecha de la Ley Foral del Vascuence, mediante la cual varios ayuntamientos de la Comarca del Sur de Pamplona (Galar, Belascoain y Aranguren) pasaron a incorporarse a la Zona Mixta tras logar mayoría absoluta en la votación de los Plenos de sus respectivos Consistorios.Aprovechando este precedente y dado que el Parlamento navarro estaría amotinado contra el Gobierno minoritario de Barcina, no sería descartable una nueva modificación de la anacrónica zonificación lingÁ¼ística implementada hace ya casi 30 años por la Ley del Vascuence que dejaría al territorio foral integrado por una zona vascófona y otra mixta con la consiguiente expansión del mapa radial de los centros de Modelo D por todo Navarra y quedando las históricas ikastolas como faros protectores para los futuros navegantes euskaldunes que deberán surcar las procelosas aguas del nuevo océano de alianzas políticas que surgirá tras las próximas elecciones Forales del 2015.