Varios países han decidido aprobar normativas a través de las cuales cada región podrá decidir, libremente, si corta o no la línea de Internet a los usuarios que descarguen contenido protegido por derechos de autor. A partir de ahí, hemos visto como los legisladores, presionados por la industria discográfica y cinematográfica, han incluido modificaciones en sus leyes que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y al derecho de acceso a la cultura a través de Internet. Desde el momento en que han salido a la luz, nos hemos levantado los empresarios, los bloggers, las asociaciones y los usuarios de Internet, alarmados ante el posible pero injustificable corte de las líneas y cierre de páginas, todo ello sin contar con autorización judicial.
Y no es para menos. Este corte de líneas y cierre de webs no es culpa de los ministros, sino de la industria discográfica y cinematográfica, mal llamadas industria cultural, que al amparo de artistas y pseudo-creadores saludan una iniciativa que ha venido orquestada de su mano y que no les será suficiente para salvar un modelo de industria que a todas luces se muestra como insostenible y que necesita del amparo de las leyes para poder mantener su nivel de vida.
En varios países se han redactado anexos en sus leyes que permitirán el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos ilícitos por la vía judicial. Así, se velará y salvaguardará los derechos de propiedad intelectual de la atrasada industria discográfica y cinematográfica, frente a las hordas de usuarios dispuestos a arruinar a los artistas nacionales.
Es cierto que la propiedad intelectual y, muy especialmente, el software y los contenidos multimedia, cine, televisión y música, han sido los grandes perjudicados del avance y la implantación masiva de Internet, pero no es menos cierto que esta situación se ha intentado paliar con golpes bajos a los derechos civiles, a todas luces injustos e ininteligibles, en lugar de buscar una salida consensuada entre todos los actores que intervenimos en este mundo que está dejando de ser off-line para ser on-line.
Este escenario complejo deja varias incertidumbres para con los internautas y nos tememos que dentro de poco, con la ley en la mano, los Gobiernos, la industria discográfica o cinematográfica, las operadoras o cualquier entidad relacionada con los derechos de propiedad intelectual, podrán controlar, espiar y utilizar estas normativas para extender ilegalmente su control sobre las comunicaciones digitales de los ciudadanos, sin más opción por parte de éstos que acudir una y otra vez a las instituciones judiciales en busca de amparo.
Es ahí donde está el quid de la cuestión: el problema no es la propiedad intelectual, el problema llegará cuando alguien tenga patente de corso para mirar por sistema tus comunicaciones privadas y empresariales a la primera de cambio. Ese caballo de Troya navegará en nuestros ordenadores y hará que nos preocupemos por quién controla al controlador, y mucho me temo, que ya sabemos la respuesta.
Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña
CEO Ocio Networks
