Acudo al interrogante para explorar algunas reflexiones sobre aquella máxima kantiana que nos previene de que “el fin no justifica los medios”. Y lo hago al hilo del “asalto” que miembros el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), liderados por el parlamentario autonómico José Manuel Sánchez Gordillo, a la sazón alcalde de Marinaleda (Sevilla), realizaron a sendos supermercados de Á‰cija (Sevilla) y Arcos dela Frontera (Cádiz), de los que se llevaron sin pagar 13 carros de compra repletos de alimentos. Las imágenes del espectáculo, en las que se visualiza a empleadas intentando evitar el expolio y son apartadas sin contemplaciones y presas del llanto, dieron la vuelta al mundo como algo bochornoso y tercermundista. Incluso en España provocaron controversia entre partidarios y detractores de unas acciones que no dejaron indiferente a nadie.
Es evidente que la finalidad de lo sucedido no era, como proclamaba el mismo Gordillo a través de un megáfono, paliar la necesidad de los hambrientos gracias a lo “recaudado” en los comercios, sino hacer visible una manera de enfrentarse al sistema económico imperante mediante la desobediencia civil y el incumplimiento de la ley. Para él y sus seguidores, la validez del fin justifica los medios empleados.
El Gobierno, en cambio, reaccionó como garante de la legalidad, anunciando órdenes de detención e instando a la Fiscalía del Estado investigar los hechos, lo que añadía más notoriedad a un acto de gamberrismo –todo lo simbólico que se quiera- mediáticamente “engordado”. No en balde los propios sindicalistas habían convocado a los medios de comunicación para conseguir la oportuna difusión de los acontecimientos. El exceso de celo en la reacción gubernamental propició que el líder jornalero tratara con chanza las amenazas proferidas contra su persona, aunque varios de sus seguidores acabaran siendo imputados, tras pasar por comisaría, como autores materiales de los hechos. En su condición de político aforado, Sánchez Gordillo se permitía tildar de “franquista” al ministro de Interior y mofarse del juez que lo cita para cuando buenamente pueda personarse en el juzgado, sabiendo perfectamente hasta donde llega su inmunidad parlamentaria. Lograba así el objetivo perseguido: situar en la opinión pública el debate sobre los problemas que, en tiempos de recortes en ayudas y supresión de derechos sociales, sufren quienes quedan orillados a su suerte, sin socorro estatal.
En puridad, la actuación de los sindicalistas nos vuelve a plantear el conflicto ético entre la validez de los fines y la racionalidad de los medios empleados para alcanzarlos, dando lugar a manifestaciones o posicionamientos de todo tipo, desde el pragmatismo más condescendiente hasta la más descarada hipocresía. Bien es cierto que la mayor incoherencia la ofrecía el propio Sánchez Gordillo, al pertenecer a un grupúsculo integrado en Izquierda Unida (IU), partido que gobierna en coalición con los socialistas la Junta de Andalucía. Era representante de la oposición y del Gobierno, simultáneamente. Algo tan difícil de explicar que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, coordinador general de IU, se vio obligado a asegurar que se trataba de un “acto simbólico” del que no compartía las “formas”, pero sí el “fondo”. Es decir, volviendo al terreno de la ética, que no estaba de acuerdo con los medios, pero sí con el fin perseguido.
Precisamente eso es lo más llamativo de la cuestión, la argumentación basada en los principios para justificar conductas o actuaciones discutibles. Para unos, es intolerable saltarse la ley aunque su finalidad sea buena; y, para otros, la transgresión de los principios no importa si se obtienen beneficios elevados. Es la eterna pugna entre una ética utilitarista y otra basada en la supremacía de los principios.
Lo que ha propiciado Sánchez Gordillo es una anécdota reivindicativa, consecuente con los ideales que encarna el personaje, ya fajado en ocupaciones de fincas, marchas y manifestaciones con las que da a conocer situaciones injustas, abusos y desigualdades que quedan ocultos bajo la “normalidad” de la realidad y su encorsetamiento legal. Sus acciones, sin embargo, no son las únicas que parecen no guardar equilibrio entre la finalidad y los medios. Tampoco son las más graves o peligrosas.
El Gobierno de la Nación también se ampara en una ética utilitarista cuando amnistía a quienes cometen el delito de evadir dinero, cuya procedencia no se cuestiona, con tal de disponer de algunos ingresos extraordinarios. O cuando colabora en el asesinato de sátrapas o en la invasión de países, violando todas las leyes internacionales, con la finalidad de dar protección a poblaciones que soportan una dictadura, aun en contra del criterio de la ONU.
En definitiva, mentir para salvar de la muerte a un hombre, atracar un supermercado para despertar conciencias o perdonar la deuda de defraudadores fiscales o bancarios son recursos de una ética utilitarista que reniega de la rigidez kantiana. Por eso, ante la pregunta del titular, la única respuesta posible es: depende. Depende de los medios y depende de la finalidad. Y de las convicciones morales o éticas de cada cual.
