El drástico descenso de los ingresos del Estado y el bestial incremento de las prestaciones de Desempleo originó en el 2011 el primer Déficit de la Seguridad Social y la utilización de la «hucha de las pensiones» ( estimada en unos 63.000 millones de Euros) para poder sufragar las necesidades del Estado.
Foto: Bruno Unna
Así, según diariocritico.com, el número de cotizantes por cada pensión pagada presenta una caída continuada, pasando de 2,8 en 2007 a 1,9 en el momento actual (en datos del pasado mes de julio, 17.031.738 de afiliados abonaban 8.918.804 de pensiones) y sin la centralización de los cobros que conlleva la caja única, el sistema sería ya insostenible en comunidades como Galicia o Asturias donde el número de pensionistas supera el de cotizantes.
Según el profesor del Departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universitat de ValÁ¨ncia, Enrique Devesa, el sistema actual “presenta falta de sostenibilidad porque la Seguridad Social ofrece una rentabilidad promedio a todos los cotizantes de casi un 4,5%”, lo que provocará que el déficit de la Seguridad Social en el 2013 ronde los 15.000 millones de euros. Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a medida que la generación del baby-boom comience a fallecer, dibujándose un escenario insostenible para el 2021 en que la «tasa de dependencia» según el INE, crecerá en un 57% , lo que supone que habrá seis personas inactivas ya sea jubilados , parados o estudiantes por cada persona activa”.
Por ello, el Gobierno encargó a una comisión de expertos presidida por el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Víctor Pérez-Díaz, (sociólogo de corte neoliberal que ha colaborado en varias ocasiones con la Fundación FAES, una organización muy próxima al Partido Popular), analizar la viabilidad del Sistema de Pensiones. Dicha comisión, según diariocritico.com, aconseja cambios graduales a partir de 2.014 y con fecha tope del 2.019. Asimismo, no descarta una bajada directa de las prestaciones que afectaría en principio a los nuevos pensionistas (merma de hasta el 6% a los que se jubilen en 2.024 y del 12% en 2.034) y recomienda desligar la subida anual del IPC y potenciar los seguros privados.
Retraso de la edad de Jubilación: La OCDE recomendó «retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos«, en un estudio dedicado a analizar las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años.
Siguiendo los dictados de Bruselas, el Gobierno de Rajoy ha aprobado un decreto que eleva a 35 años el periodo mínimo de cotización para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, que no será posible hasta al menos los 63 años y un mes que se irán incrementando progresivamente hasta alcanzar los 65 años en 2027 y además recoge una batería de medidas para incentivar el envejecimiento activo mediante la compatibilización del trabajo con el cobro de una pensión de jubilación ordinaria o demorada, que ahora disfrutan unas 40.000 personas ( se exigirá haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, aunque quedan excluidos aquellos que tengan derecho a la pensión completa), con lo que desaparece el mirlo blanco de las prejubilaciones.
Las pensiones se desligan del IPC: Según el Consejo Económico y Social, 422.600 hogares viven gracias a la pensión de los abuelos con ingresos medios de 840 €, cantidad exigua que sin embargo constituía hasta hoy el último salvavidas de los restos del naufragio económico español. Sin embargo, el IPC de Noviembre que sirve de referencia para la revisión automática de las pensiones quedó en el 2,9 %, ( lo que hubiera obligado al Estado a un desembolso adicional de 3.500 millones de €), pero tras un increíble truco de prestidigitación contable del Gobierno de Rajoy, las pensiones mínimas tendrán un exiguo incremento del 1% para el 2013, quedando congeladas el resto y no siendo descartable la reducción de las mismas en ejercicios posteriores según los previsibles déficits de la Seguridad Social, lo que contribuirá a reducir el grosor del colchón familiar y elevar el riesgo de pobreza.
Incentivar el SPP (Sistema Privado de Inversiones): Según el pais.com, la pensión pública en España equivale al 81,2 % del último salario percibido frente al 42,2 % de media de la OCDE, lo que explicaría el desinterés de los españoles por invertir en Fondos de Pensiones (el 8,2 % del PIB frente al 30, 7% de media en la UE o el 75,7% de EEUU). Desde las esferas del Gobierno, se esforzará en convencer a la ciudadanía que para garantizar el nivel de vida de los futuros pensionista se deberá complementar “el sistema de reparto”, fomentando los planes de pensiones Individuales según las posibilidades de cada ciudadano, lo que permitiría que cada trabajador se asegurara la pensión deseada en el momento de su jubilación.
Instauración del copago sanitario total : El finiquito a la prescripción por principio activo en todo el Sistema Nacional de Salud, reflejado en el primer aumentos tras 30 años del porcentaje que tendrán que pagar los beneficiarios de la Seguridad Social (que en el caso de los jubilados con pensiones contributivas significará pagar pagar un 10% de los medicamentos), supone la desaparición de otro de los tabúes de la economía española. Además, según europapress, el PIB del primer trimestre del 2013 cayó el 0,5% en tasa interanual y dado que Bruselas estima una caída del 1,5% del PIB para el conjunto del 2013, parece inevitable la instalación del copago sanitario total en el horizonte del 2014.
Recortes en las prestaciones de desempleo: Según eleconomista.es, de cada 100 euros que gastan las administraciones públicas, 46,5 euros son transferencias al sector privado, «básicamente para pagar pensiones y prestaciones por desempleo«, citando el ‘Informe Económico de junio 2012’ elaborado por el centro de estudios de negocios Esade y en el 2013 entrará en vigor el recorte aprobado en el decreto ley de julio del 2012 por el que la prestación por desempleo pasará a ser del 50% de la base de cotización en lugar del 60% a partir del sexto mes de percepción.
De todo ello, se deduce la necesidad urgente de un nuevo Pacto de Toledo consensuado entre Gobierno, Oposición, Comunidades Autónomas, Patronal y Sindicatos para consensuar los mínimos asistenciales, las fuentes de financiación y el calendario de aplicación de dicho pacto, con el objetivo inequívoco de evitar el colapso de la Seguridad Social en el horizonte del 2.021.
