Hace justamente una semana que no me asomo por esta ventana virtual para otear la realidad e intercambiar impresiones y el hedor me echa para atrás. Es la descomposición de sólo unos pocos días, pero su olor es insoportable para cualquiera que posea un olfato sensible. La realidad en nuestro país es fétida cuando se descubre al conocimiento el material con que está elaborada. No aguanta ni una semana.
La primera náusea la produce la peste que desprende saber que la Guardia Civil se dedica en Ceuta a tirar con balas de goma al pichón negro que flota en el mar. Querían señalar una línea imaginaria en el agua, sin ánimo de dar, pero resultan 15 personas ahogadas en una actuación tan benemérita como encomiable en una policía de fronteras. Los que llegaron con vida a la playa fueron expulsaron inmediatamente, “en caliente” (un sarcasmo decir “caliente” cuando nos referimos a gente que sale del mar tiritando de frío) a Marruecos, de donde procedían los inmigrantes. De los muertos no sabemos si los enterramos aquí en fosas anónimas o también los entregamos a los “moros”.
Había una patrullera detrás de la supuesta línea imaginaria, agentes en la costa, cámaras de visión por infrarrojos para ver en la oscuridad, un espigón que separa ambos países, una valla alambrada con espinas metálicas que cortan como cuchillas, una estructura de centros de acogida a inmigrantes, leyes, jueces, un Estado de derecho y acuerdos internacionales de colaboración entre países, aparte de la Cruz Roja, ONG que ayudan a socorrer a quienes huyen del hambre, la guerra y la miseria, una religión que reza y protesta contra el aborto de los no-natos y que no se pronuncia contra nacidos y ahogados por nuestra integridad nacional, pero alguien prefirió no utilizar nada de este sistema y ordenó reprimir con material antidisturbios, como si de una manifestación de ciudadanos hastiados de ser empobrecidos se tratara, contra inmigrantes a nado en medio del mar, indefensos y desarmados, cuyo delito era pretender entrar a España.
Ese “alguien” primero lo niega todo y luego, cuando las evidencias son abrumadoras, amenaza con querellas criminales contra quienes injurien y calumnien al benemérito cuerpo de la Guardia Civil por criticar su actuación. Es decir, este comentario podría acarrearme un juicio. Sin embargo, todavía están pendientes una investigación que depure responsabilidades y la “cabeza” de ese responsable que aún pasea orgulloso su triunfo por los pasillos de la política, dejando un hedor que delata su podredumbre.
Otro “aroma” pestilente de los últimos días proviene de las Islas Baleares, donde tuvo que acudir la Infanta Cristina de Borbón a prestar declaración como imputada ante el juez Castro, ya enfrentado al fiscal del caso que “defiende” a la acusada de tamaño atentado contra su honorabilidad por ser quien es. Allí se ventilaba, dejando tan mal olor, una trama de corrupción orquestada por el marido de la hija del Rey de España, el espigado y espabilado Iñaki Urdangarín, para saquear, con la complicidad de varias Administraciones entonces dirigidas por Jaume Matas y Francisco Camps (ambos también con problemas con la Justicia) dinero público a través de una sociedad presuntamente sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos, y la instrumental Aizoon, de cuyas directivas formaba parte tan noble señora.
La defensa de la Infanta echó por tierra décadas de reivindicación feminista al refugiarse en el socorrido argumento de que en su casa (mejor dicho, palacete) decidía su marido y ella se dedicaba a sus “labores”, es decir, a firmar lo que él le pusiera por delante, confiada y segura como estaba de su amor puro y “empalmado” (como dejó escrito en un email el susodicho). Y para pedir “préstamos” a su padre el Rey con que pagar los recibos de la hipoteca y tirar para adelante, como hace cualquier familia con hijos en paro y problemas económicos. «No sé», «no me acuerdo» y «no me consta» fueron las respuestas al resto de un interrogatorio de horas del que el juez sacará sus conclusiones: o la absuelve o la acusa. Toda la maquinaria estatal y gubernamental, incluyendo al fiscal, está a favor de una de las disyuntivas. ¿Adivinan cuál? Pues eso es lo que huele de forma tan nauseabunda.
Claro que comportamientos tan “dignos” no son exclusivos de la aristocracia. Hay también “líderes” políticos, curtidos a la sombra de la “lideresa” de Madrid y ¡mira por dónde! condesa, Esperanza Aguirre, como el engominado Francisco Granados, ex secretario general de los populares madrileños.
Resulta que escarbando en cuentas en Suiza se ha encontrado un millón y medio de euros a nombre de este personaje que nunca había declarado a Hacienda, aunque él, como el citado director de la Guardia Civil, primero niega la existencia de los hechos para después “recordar” que había abierto una cuenta cuando todavía no vivía de la política. El olor de una doble mentira se detecta enseguida porque la cuenta, efectivamente, existía y porque su titular ya era concejal y luego alcalde de Valdemoro cuando ordenaba “ingresar” dinero en ella. El verbo “ingresar” se usa con cautela en vez de “evadir” a expensas de lo que su correligionario Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, esclarezca al respecto. Para eso se hizo una amnistía fiscal en este país.
Este personaje fue consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, organizó una trama de espionaje a sus compañeros de partido Ignacio González (actual presidente de la Comunidad), Manuel Cobo y Alfredo Prada que acabó siendo archivada por el juez, y presidió la comisión del Tamayazo, caso protagonizado por dos tránsfugas del PSOE que posibilitaron la investidura de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad tras repetir las elecciones. Tiene innumerables intereses urbanísticos y ha sido señalado en el caso GÁ¼rtel, la trama de corrupción que afecta e infecta al Partido Popular, aunque no está imputado… por el momento. Es decir, Granados sirve de ejemplo de la actitud desprendida y vocacional del político en quien confiamos con nuestro voto vidas y haciendas, y que hace que este país, y sobre todo su futuro, huela a podrido.
Tan podrido como el chanchullo del alcalde de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Diego Ortega, de privatizar el suministro de agua a la población en contra de la opinión de sus propios vecinos, muchos de los cuales mantuvieron un encierro de tres días en el Ayuntamiento para que el regidor sometiera a consulta popular dicha iniciativa. Como si de un Fuenteovejuna moderno se tratara, todo el pueblo se enfrenta a la cabezonería del alcalde para impedir la tropelía, esta vez económica, de traspasar a la gestión privada un servicio público que, en aras de una “sostenibilidad” que lo haga rentable, se verá afectado por los consiguientes encarecimientos en los recibos. Y, si no, al tiempo.
Continúa, pues, ese afán “liberal” por privatizar servicios básicos que son financiados gracias a impuestos que, en teoría, pagamos todos. Todos los que dependemos de una nómina, al menos, y no tenemos cuentas en Suiza. A los encerrados se les impidió cualquier avituallamiento para doblegar su voluntad y no se tuvieron en cuenta las miles de firmas recogidas en la localidad a favor del referendo. La decisión estaba tomada porque así está inscrita en el modelo de gobierno de la formación política que asume el poder en los ayuntamientos que controla. Autoritarismo, desprecio a la opinión de los ciudadanos, entregar a la gestión privada los servicios públicos más “rentables” y precarizar los que queden en manos públicas para que los usuarios se vean obligados a optar por alternativas de iniciativa privada, y mercantilizar la política en beneficio de una élite que monopoliza, a través de puertas giratorias perfectamente permeables, todos los resortes económicos, financieros, políticos y sociales de la colectividad.
Así es una ideología que permite “nacionalizar” las pérdidas millonarias de los bancos, pero no puede atender prestaciones públicas porque vuelven insostenibles los gastos del Estado. El hedor que destila ese empeño en “adelgazar” las administraciones desde las que se proveen servicios básicos a los ciudadanos, y que corrigen desigualdades, se está volviendo irrespirable, dado el empobrecimiento al que condena (desde la del Estado y autonómicas hasta las locales o municipales) a la mayor parte de la población.
Súmense todos los “ahogamientos” provocados y nos haremos una idea de lo que están consiguiendo: medicamentos, pensiones, funcionarios, sueldos, ayudas a la dependencia, subidas de impuestos, prestaciones por desempleo, copago sanitario, reducción de becas, incrementos en tasas y facturas eléctricas, cierre de centros de salud, privatización de hospitales y, ahora, ayuntamientos que entregan a empresas privadas los servicios públicos que debían prestar, etc. La peste de esta rapiña nos tiene adormecidos en una parálisis mortal.
Y eso sin enumerar retrocesos en derechos y libertades individuales, como suponen la contrarreforma del aborto y la propuesta de ley de manifestaciones, además de los sablazos que supuestamente se proponen para luchar contra la piratería en Internet pero que sirven para recaudar por enlaces a contenidos ajenos, más la vergÁ¼enza de un ministro que huye de la ceremonia más importante del sector del que es responsable. Todo ello conforma una atmósfera viciada y contaminante que, en sólo una semana, me hace vomitar de asco.
