Por si no fuera poco las desigualdades fiscales entre territorios existentes respecto a la aplicación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que perjudica fundamentalmente a las clases medias, y que genera un diferente trato fiscal entre ciudadanos de un mismo país, según donde sea la comunidad en la que uno viva, el gobierno socialista ha arremetido nuevamente con sus conocidas «incongruencias fiscales» a la que ya nos tienen acostumbrados. En un intento más por intentar evitar la más que probable debacle electoral que se le avecina, se han superado en sus desatinos al recuperar el impuesto sobre el Patrimonio, que fuera desactivado por ellos mismos en 2008 cuando bonificaron el 100% de este impuesto, dejando de esta manera a las comunidades autónomas sin el control del mismo y al ciudadano afortunadamente libre de este tributo.
Pero, ¿Por qué se ha utilizado un Real Decreto para activar este impuesto? Porque en caso contrario la normativa tendría necesariamente que ser debatida en el Congreso de los Diputados, y allí difícilmente saldría adelante en esta legislatura. Con un Real Decreto Ley, el gobierno tramitará la normativa por el procedimiento de urgencia, y el Congreso solo tendrá que limitarse a ratificar dicha «situación de urgencia» que ha llevado a la promulgación de la norma. El hecho está en si se puede o no justificar que los cambios introducidos en el impuesto de Patrimonio sean de urgente y trascendental necesidad, pues la normativa entraría en vigor en 2012. Quizás el gobierno haya pretendido justificar la medida en la necesidad de que aumenten los ingresos fiscales de este año, aunque eso sería una argucia contable probablemente con el fin de tapar los agujeros del déficit, pero la realidad es que el impuesto se abonará en junio de 2012. Los expertos juristas dudan de la constitucionalidad de la aplicación de este impuesto, la razón está en que existe jurisprudencia al respecto por parte del Tribunal Constitucional, dado que en situaciones similares este ha manifestado que ningún Real Decreto Ley puede regular aspectos que alteren sustancialmente el deber de contribuir. Y, como podemos comprobar este Real Decreto afecta directamente a las obligaciones fiscales de los contribuyentes, pues estos pasan de no contribuir nada, a pagar por dicho impuesto.
La nueva puesta en marcha de este impuesto ampliaría el desbarajuste fiscal existente en España, y ahondaría en esas diferencias impositivas con las que se gravan a los ciudadanos de distintas comunidades autónomas, pues los mínimos exentos en muchas comunidades son muy inferiores a los 700.000 euros aprobados por el gobierno. Desde el punto de vista económico, serán los pequeños empresarios y los profesionales de valía, quienes se verán más afectados, salvo que busquen refugio en comunidades más benévolas con los impuestos, como sería lógico. Lo que supone una más que probable deslocalizarán de empresas y personas de alta capacidad profesional y empresarial hacia las comunidades autónomas menos asfixiantes fiscalmente. Pero eso a algunos de nuestros legisladores nos les parecerá importante, como tampoco les parece importante convertir a España en los reinos de taifa. Lo que más sorprende de todo esto es que: luego de la implacable oposición a la implantación de este impuesto por parte del Partido Popular, en la votación del Congreso se abstuvo.
El Real Decreto Ley que regula el impuesto del Patrimonio introduce un cambio en el artículo 28. Así, la base imponible se reducirá, en concepto de mínimo exento, en el importe que haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma. Al mismo tiempo, el mínimo exento de los 700.000 euros solo se aplicaría en el caso de que no estuviese ya regulado por las comunidades autónomas. Lo que en la práctica significa que el mínimo exento ya no sería el que anunciaba la ministra Salgado si la comunidades autónomas no actualizan su legislación. ¿Qué supone esto? Pues simplemente que a aquellos a quienes en teoría no les iba a afectar el impuesto: clase media fundamentalmente; si tienen la mala suerte de vivir en comunidades que no ajusten su fiscalidad a la que ha planteado el gobierno, deberán de pagar mayores impuestos. Así, en Baleares o Canarias donde el mínimo exento sería 120.000 euros, Galicia donde su mínimo es 108.200 euros, y en algunas otras comunidades, sus ciudadanos se verían más afectados, salvo que sus parlamentos autonómicos se apresuren a actualizar su normativa fiscal antes de fin de año.
En resumen, habrá comunidades donde el impuesto de patrimonio podría volver a activarse, «tal como estaba antes», perjudicando no precisamente a las grandes fortunas, sino más bien a las clases medias; mientras que en otras comunidades como Madrid que tiene una bonificación del 100% mejoraría incluso la regulación estatal. Además de la injusta doble tributación que originaría el impuesto. A todo esto hay que añadir el trato desigual que el impuesto genera en los contribuyentes en función de cómo hayan decidido ahorrar su dinero, es decir: si tienen una vivienda habitual estarán exentos de 300.000 euros, si su vivienda tiene un precio menor solo se beneficiarán de lo que valga, y sobre lo que tenga ahorrado en otros activos, cuando sobrepasen los 700.000 euros, dichos ahorros serán gravados con el impuesto; con lo que dos personas con igual patrimonio podrán pagar distinta cantidad de dinero a Hacienda con este impuesto.
Está claro que, además, no pagarán en España los que más dinero generan, como anuncia el gobierno socialista, pues sus fortunas están a salvo en las sociedades patrimoniales. Quienes pagarán realmente serán aquellos cuyos ingresos provengan de las rentas del trabajo y los autónomos que hayan acumulado un conjunto de activos fruto de su trabajo, como viviendas, locales, etc., o recibidos en herencia. ¿Será quizás por eso el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba del partido en el gobierno, se ha apresurado a anunciar su compromiso de sustituir este impuesto por otro diseñado para las grandes fortunas?
El impuesto sobre el patrimonio fue uno de los temas que tratamos en el programa «La vía de la libertad» en el canal 44; programa que se emite los miércoles a las 21:00h., y que cuenta con la presencia de expertos y reconocidos invitados. Nuestro programa televisivo se inicia con la entrevista a uno de nuestros invitados y experto en la materia, posteriormente se realiza el correspondiente debate con los invitados y tertulianos, todos ellos especialistas en distintos campos de la economía y del derecho. Nuestra idea es llevar al salón de su casa las pequeñas conferencias y debates de forma muy similar a como lo hacemos en la universidad, con el fin de que el público pueda conocer con la calidad y profundidad necesarias, todos los pormenores que muchas veces pasan desapercibidos, pero que les pueden afectar y mucho. Con esto lo que pretendemos es contribuir a recuperar el debate, objetivo, responsable y crítico, que se ha ido perdiendo lamentablemente en nuestra sociedad en los últimos años.
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