De entre todas las renuncias que hemos consentido en nombre de la economía (por nuestra pasividad), dejando tirados en la cuneta valores y derechos en aras de intereses mercantiles, la más bochornosa ha sido la de la Justicia Universal. Casi de tapadillo gracias a la mayoría absoluta de la que abusa el Partido Popular, se aprobó en el Congreso de los Diputados, con el apoyo del único diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), limitar el alcance de los Principios de Justicia Universal para perseguir crímenes contra la Humanidad. Debido al carácter retroactivo de esta incomprensible “reforma” legal que emprende el Gobierno conservador de Mariano Rajoy, se paralizarán causas que estaban siendo investigadas en juzgados españoles relativas a delitos de genocidio y lesa humanidad, entre otros, como el caso Couso que buscaba sentar en el banquillo de la justicia a los militares estadounidenses que abrieron fuego contra el hotel Palestina de Bagdad, ocupado por periodistas, matando a José Couso, un cámara español enviado a cubrir la guerra de Irak.
El principio que consigue evitar la impunidad en crímenes que no prescriben por atentar contra los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, no podrá invocarse en España por cuestiones de simple interés económico. A partir de ahora los jueces españoles sólo podrán actuar si el procedimiento afecta a un nacional o un ciudadano extranjero residente en España. Ni siquiera contra quienes en el extranjero causen daño, maten o atenten contra ciudadanos españoles, a pesar de no existir fronteras para mandar a nuestros soldados o cooperantes a otros países, pero sí para que la Justicia les proteja y ampare.
Con una celeridad pasmosa y sin apenas debate (sólo dos lecturas para la toma en consideración y la aprobación), la Cámara Baja dio el visto bueno a una proposición de ley del Gobierno para cercenar un instrumento que permitía perseguir delitos contra los derechos humanos en cualquier parte del mundo. En contraste con el proyecto de ley que requiere informes, debates y un trámite más elaborado, la proposición de ley puede aprobarse por mayoría absoluta, que el partido en el Gobierno tiene asegurada. Las prisas se explican por hurtar un debate que el Ejecutivo, salvo ese diputado aislado de UPN, afronta en solitario. Toda la oposición está en contra de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita la justicia universal. Incluso fiscales, juristas y otros miembros de la carrera judicial se posicionan en contra de la iniciativa gubernamental y critican la poca consistencia de los motivos del Ejecutivo para llevarla a cabo.
Foto: sancho_panza
Y es que el propio Partido Popular ha reconocido que lo que desea con esta iniciativa es evitar conflictos diplomáticos. China, poderosa nación que invierte en nuestra deuda pública y el acreedor que financia la mayor parte de ella, amenazó con presentar tales conflictos diplomáticos si continuaba la causa contra genocidas del Tibet abierta en nuestro país. La orden de detención del expresidente Jiang Zemin y otros dirigentes del régimen chino generó la amenaza en las relaciones con aquel país. Estados Unidos tampoco se muestra dispuesto a entregar sus militares para que sean juzgados en los tribunales españoles, a pesar de haberse emitido una orden de busca y captura por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid contra los tres militares imputados.
Como las anteriores, una docena de causas abiertas quedarán de este modo archivadas de forma inmediata, sin poder ser enjuiciadas, para alivio de criminales y de aquellos países que pisotean derechos reconocidos internacionalmente, pero posibilitan un gran negocio. Casos como el de las torturas en Guantánamo; los de genocidio en el Sáhara, Guatemala y Ruanda; los relativos a delitos por mutilación genital femenina (ablación) que se cometen en amplias zonas de África y Oriente Medio y que, en algunas ocasiones, afecta a hijas de inmigrantes en nuestro país; y hasta los derivados del narcotráfico que, si no es por una alerta del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado que obligó a rectificar el articulado inicial del Gobierno, tampoco se podrían perseguir porque la “reforma” ponía trabas al abordaje de barcos en aguas internacionales. Todo un retroceso en la aplicación extraterritorial de la ley penal, útil para imputar y castigar crímenes de genocidio, terrorismo y torturas.
España, por hacer primar los intereses económicos sobre los principios universales, prefiere marchar en dirección contraria a las recomendaciones del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que reconoció expresamente el derecho de los Estados a ejercer la jurisdicción universal en materia de genocidio, según consta en la sentencia que dictó en 1966 sobre el caso Bosnia vs. Yugoslavia. Todos los crímenes de guerra, de genocidio, la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales son, para Amnistía Internacional, delitos contra la Humanidad que violan el derecho internacional, por lo que todos los Estados tienen la potestad de investigarlos y juzgarlos en sus tribunales nacionales.
Causa vergÁ¼enza que nuestro país haga renuncia de valores y principios universales que garantizan el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos, aunque ello perjudique también a ciudadanos españoles, como el asesinato del periodista Couso, cuya familia está dispuesta a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, para que continúe una investigación que su propio país impide proseguir.
VergÁ¼enza que llega al rubor cuando se conoce que los impulsores de la iniciativa añaden como justificación para limitar la justicia universal que la Audiencia Nacional no está preparada para juzgar lo de fuera o que este tipo de acciones sólo sirven para que algunos consigan protagonismo, en clara referencia al juez Garzón, quien en 1998 ordenó arrestar en Londres al general Augusto Pinochet, exdictador de Chile, por presuntas violaciones de los derechos humanos en su país.
En un mundo global donde no hay barreras para casi nada y en el que, desde la economía hasta la cultura de masas, la tecnología o la religión, son universales, solamente las personas y la justicia quedan arrinconados a espacios limitados, infranqueables tras férreas fronteras, fuera de los cuales no son reconocidos sus derechos porque priman otros intereses por encima del de la igualdad de todos los seres humanos. Cuando la economía impera a cualquier otra consideración, se cometen estas barbaridades que brindan impunidad a los criminales que atentan contra los derechos humanos. Perdemos los principios en aras de la rentabilidad, y perdemos el sentido de nuestra organización social en la que se supone nos afanamos por conseguir el desarrollo y el progreso de todos sus miembros, no sólo de los que disponen del capital.
Según un memorándum jurídico de Amnistía Internacional (Universal Jurisdiction: the duty of states to enact and implement legislation), más de 125 países asumen el principio de justicia universal para algunos de los crímenes contra el derecho internacional, y al menos 15 de ellos han extraditado personas a otro país para su procesamiento en virtud del principio de jurisdicción universal. España figuraba entre ellos hasta que el Gobierno de Rajoy prefirió el mercado, que es global, a los derechos humanos, que están restringidos según qué áreas del mundo. Una nueva renuncia que debería avergonzarnos.
