Mil millones de dólares prestados por el BID a la Argentina para ser distribuidos entre científicos y funcionarios y no para la infraestructura científica (1997-2007).
En la prolongada contienda por descifrar la telaraña del miedo en la ciencia argentina fue preciso abundar con detalle en la realidad de los ámbitos periodísticos, políticos y judiciales que la han ignorado o tolerado.
Entendemos que la tarea de esclarecimiento es imprescindible para poder comprender el porqué de la irresponsable complicidad de la clase política, periodística y judicial con la cuestión del miedo. Esta tácita complicidad puede atribuirse a múltiples causas entre las cuales cabe conjeturar la existencia de: a) ignorancia de la existencia de una asociación ilícita en los organismos científicos del estado; b) desinterés crónico por una política de investigación que exhiba en la vidriera de las prioridades públicas la producción de conocimiento crítico; y c) oportunismos temáticos y personales que esquivan temas de estado.
En efecto, un periodismo político, una acción político-partidaria y unos poderes públicos (judiciales y legislativos) que ignoran la existencia de un miedo generalizado y justificado en las filas del CONICET (seis mil Investigadores de carrera), un verdadero campo de concentración científico (CCC), cautivo de un Directorio fraudulento, corrupto y despótico, íntimamente conectado con los Directorios de la CONEAU y de la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT), que subsisten bajo una gran campana de silencio en que consiste el sistema de educación superior, habrían venido esterilizando a la sociedad civil y a la comunidad científica. Este creciente vaciamiento de la sociedad civil y de la comunidad científica se habría agravado al extremo de estar incubando el conocido huevo de la serpiente (en Alemania dicho huevo se habría iniciado en 1933 con la expulsión de profesores en la Universidad de Friburgo durante el rectorado de Martín Heidegger).
En el sentido institucional, el CONICET debe ser el único organismo científico del mundo donde no existe intermediación alguna entre su máxima autoridad que es el Directorio y los árbitros o pares evaluadores que tienen la responsabilidad de dictaminar sobre los Informes Periódicos de sus Investigadores, situación heredada del inconstitucional Decreto Reglamentario 1661/96. Pero a diferencia de las Universidades Nacionales, donde existen al menos diversos órganos de intermediación entre los Consejos Superiores y el alumnado, tales como los Consejos Directivos por Facultad y las Juntas Departamentales por Departamento, en el CONICET las Comisiones Asesoras por área de conocimiento son integradas por el dedo dictatorial de su Directorio, sin participación alguna de los Investigadores de las Comisiones correspondientes.
Por otro lado, la complicidad tácita de la clase política y periodística se habría extendido a la vigencia de patologías enfermizas y de oportunismos temáticos. Entre dichas patologías descubrimos que nuestros Investigadores se ven constante y compulsivamente inducidos a llenar complejos formularios online para objetivos diversos que se pueden resumir en un hipotético rubro de sobresueldos (incentivos, subsidios, ascensos, asesorías, viáticos, etc.). Asimismo, observamos la reiterada manipulación de estadísticas creativas (destinadas por la Agencia para informar al BID) y de la manipulación de nomenklaturas varias, con sus respectivos parentescos, donde no existe participación alguna de los docentes-investigadores (comisiones asesoras y juntas de calificaciones). En el seno de dichos organismos de ciencia es de estilo reglamentario que los ascensos se produzcan por antigÁ¼edad y a solicitud de parte y no por mérito científico alguno. Pero también es frecuente encontrar en las unidades académicas universitarias de todo el país relaciones nepóticas de cónyuges, cuñados, concuñados y suegros con yernos y nueras incluidos, financiados todos ellos por la Agencia. En Exactas de la UBA, para dar un claro ejemplo, el Consejero docente Juan Pablo Paz y su ex mujer Silvina Ponce Dawson se beneficiaron con sendos subsidios de la Agencia que suman entre sí más de un millón de pesos.
La existencia de oportunismos temáticos, que esquivan temas de estado –como el de la formación de una elite crítica– se puede comprobar en: a) la prelación permanente que se otorga a temas mediáticos y de ocasión tales como las retenciones agrícolas, los medios de comunicación y las reservas del Banco Central; y b) la reducción de la discusión sólo a temas de dinero, presupuesto y patentes por encima del de las inexcusables y postergadas condiciones institucionales del debate científico (órganos de participación).
Unos periodistas y unos políticos legisladores que practican un desinterés crónico por una política de investigación (que exhiba en la agenda pública la crisis moral de la producción científica) se puede comprobar en los temas de debate elegidos y en la identidad de los convocados por los medios de prensa, generalmente siempre los mismos, como los soldados de la ópera Aída. Que se sepa jamás un programa televisivo o radial o un periodista político (Aliverti, Bonelli, Caparrós, Castro, Eliaschev, Grondona, Jacobson, Lanata, Leuco, Lotuff, Majul, Mariño, Morales Solá, Pastor, Ruiz Guiñazú, Santillán, Santoro, Sietecase, Tenembaum, van der Kooy, Zlotogwiazda) o un Diputado o Senador Nacional integrante de las Comisiones de Ciencia y Técnica del Parlamento (Cabanchik, Gribaudo, Bullrich, Iglesias, Prat Gay, etc.) o dirigentes de partidos opositores (Sáenz, Carrió, Pinedo, Solá, Solanas, etc.) han visitado las oficinas del CONICET o de la Agencia de Promoción Científico-Tecnológica (ANPCYT) o entrevistado a voces críticas, para conocer lo que allí ocurre.
En muchos casos se cierne la sospecha que la parálisis indagadora de los políticos y legisladores opositores obedece a intereses personales o de facción que induce a muchos a vender su silencio por un plato de lentejas. En el caso de la Coalición Cívica (CC), por dar una muestra, la existencia de parentescos sospechosos despierta la suspicacia. El Investigador biólogo Gonzalo Prat Gay (Fundación Leloir), ha sido beneficiario de cinco (5) subsidios consecutivos de la Agencia que suman más de un millón de pesos, y su parentesco carnal con el ex Presidente del Banco Central y actual Diputado de la CC miembro de la Comisión de Ciencia y Técnica, de igual apellido, apuntalan la sospecha inicial. También se desconoce que parentesco existe entre la Directora del Instituto Hannah Arendt (CC) Lic. Diana Maffia y la funcionaria del INADI Marta Mercedes Maffia, beneficiaria de los subsidios de la Agencia e integrante actual de la Comisión de Historia del CONICET. Y en los casos de centros privados de investigación, como la Fundación Leloir o el recientemente creado Club Político Argentino (CPA) registran entre sus miembros a directivos que fueron beneficiarios reincidentes de la Agencia (e.g.: Osvaldo L. Podhajcer, Armando Parodi, Marcelo Cavarozzi y Luis Alberto Romero).
Y en los aparatos administrativo y judicial, los organismos fiscalizadores, que son auxiliares de la Justicia, tales como la Defensoría del Pueblo durante la gestión de Eduardo Mondino, la Fiscalía General de Investigaciones durante la gestión de Manuel Garrido y la Oficina Anti-Corrupción durante la gestión de Abel Fleitas Ortiz de Rosas, eludieron substanciar las denuncias formuladas en enero de 2006. Y tres años después, cuando las mismas denuncias han recaído en el Juzgado Federal del Juez Subrogante Marcelo Martínez de Georgi, la substanciación de una hipotética asociación ilícita se sigue demorando eludiendo el Juez llamar a indagatoria a los Ministros Filmus y Barañao; a los miembros del Directorio del CONICET (Girbal, Rapela y Siñeriz) y de la CONEAU (Villanueva); a los ex Secretarios de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales (Campi, Fidelio, Ermácora, Aquilano, Bottasso, Agamennoni, Turyn, Sordelli, Boveris); y a los integrantes del CECTE (Kornblihtt, Parodi, Vainstok y González Cappa).
Finalmente, la estrategia política de subestimar y ocultar la problemática cultural y científica, y la estrategia judicial de demorar las actuaciones hasta producirse un cambio de gobierno, revelarían el estado de decadencia de la dirigencia política y judicial argentina.
