EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
La posesión del poder es como la tenencia de la riqueza, nadie quiere compartirlo, al contrario, lo que le obsesiona es poseer más y más.
Hace unos días los medios de comunicación nos informaban de que el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, presentó al Consejo de Ministros una reforma del Poder Judicial que entre otras cosas propone que los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos, doce de ellos, por y entre los propios jueces y los ocho restantes por el Parlamente, es decir por los políticos.
Cuando todos los que asistimos y nos interesamos por la marcha de la Administración de Justicia, cuando todos esperamos que verdaderamente sea el tercer poder del Estado que goce de total y absoluta independencia, resulta que el actual Gobierno quiere que los políticos, a través del Parlamento, sean los que entiendan también en la designación de quienes representan a ese tercer poder del Estado. Los españoles, cada vez que nos enteramos de tal o cual resolución tomada por el CGPJ, por el Tribunal Supremo (TS) o por el Tribunal Constitucional (TC) y se añade la coletilla de siempre “tantos vocales progresistas votaron a favor y tantos vocales conservadores votaron en contra” o viceversa, cuando tal cosa es noticia los ciudadanos nos escandalizamos porque entendemos que no se trata de progreso o de conservadurismo, se trata simple y llanamente de interpretar la justicia, que por cierto es ya de por sí es bastante subjetiva, con criterio propio por todos y cada uno de los jueces que hayan tomado parte en el correspondiente debate y resolución de lo que en cada momento se trate. Sería deseable que se tuviera en cuenta, ahora y en lo sucesivo, la reciente decisión de los 20 vocales del CGPJ de nombrar ellos a su presidente y a la vez del Tribunal Supremo. Es de esperar que el ministro de Justicia y sobre todo el Gobierno, asuman esta elección y que de una vez por todas los políticos dejen de inmiscuirse en todo lo que concierne a la Administración de Justicia.
Es evidente que para algunos políticos con tics totalitarios el ansia de poder no tiene límites. El hecho de esa propuesta de reforma supone una intromisión, para mí lo es, en lo que concierne a la independencia del Poder Judicial y así lo pone de manifiesto. Los jueces del CGPJ, del TS y del TC, presidentes y vocales, deben ser elegidos por los profesionales de la Administración de Justicia. Está claro que lo que pretenden esos políticos a los que antes me he referido es disponer del poder absoluto: El legislativo, ejecutivo y el judicial. El poder legislativo lo pueden obtener teniendo en el Parlamento una mayoría suficiente, el ejecutivo controlando el Gobierno de la nación y el judicial manejando el nombramiento de los componentes del CGPJ y de los distintos tribunales de rango superior. No quiero ni imaginar lo que sería de un país y lo que supondría para la libertad de sus ciudadanos, el que un Gobierno llegara a controlar estos tres poderes, se puede asegurar que no se resistiría a gobernar desde la dictadura o el totalitarismo, para que sino ansía tanto poder. El hecho de la propuesta del ministro de Justicia está claro que lo que pretende es reducir el Gobierno del tercer poder del Estado a un papel casi testimonial. De hecho se les quiere quitar a los vocales de una institución fundamental para la salvaguarda de la justicia hasta la dedicación exclusiva, cuando solo se trata de 20 personas, mientras tanto los contribuyentes estamos soportando el alto costo de un Senado con centenares de miembros con dedicación exclusiva y que después de llevar aprobada nuestra Constitución casi treinta y cuatro años nadie ha podido explicar a los españoles para que sirve.
Al menos la propuesta de reforma de Gallardón ha generado un sentimiento de unidad entre los que estaban desunidos que ojalá sirva para desterrar ese concepto nada fiable de “progresistas” y “conservadores” y que aquel que pueda ostentar el doble cargo de presidente del CGPJ y del TS pueda ser elegido por los propios jueces. La decisión del ministro de que el sustituto de Carlos Dívar sea Fernando de Rosa, un político que fue conseller de Justicia en la Comunidad Valenciana con Camps, ha sentado mal entre los vocales del CGPJ, no tanto por el hecho de esa pertenencia el Partido Popular sino por el hecho de la imposición. Ya va siendo hora de que la Administración de Justicia goce de plena independencia, son muchos años de dependencia política y no me refiero solo a la Democracia, claro está, y cuanto antes se acabe con esta situación mucho mejor para todos.
