El principio y fin ético de la soberanía política y el deber de todo estado democrático no debería ser otro que la búsqueda del bien común de la sociedad. Un gobierno sin demagogia, sin falacia ni encubrimiento, capaz de promover la integridad y la transparencia en el ejercicio de los cargos públicos, es sin lugar a duda el cometido esencial de cualquier estado mínimamente justo. Sin embargo cada día somos testigos de cómo la disposición y actividad política está exclusivamente a merced de los principales agentes o impulsadores de la globalización como son los bancos y las empresas multinacionales. El poder en declive de los gobiernos ha sido prácticamente substituido por este poder planetario que escapa a todo control de la democracia y cuyo único objetivo es obtener para la economía privada megabeneficios cada vez más rápidos y descomunales.
Estamos asistiendo al dominio más degradante de la economía sobre la política, a una dictadura financiera que controla y domina la totalidad del planeta. Vivimos un resurgimiento de la época Feudal, donde estos personajes de las finanzas cohabitan en una burbuja de impunidad y riqueza inadmisible en el proyecto de un estado verdaderamente democrático. Vemos cómo los grandes organismos engendrados por el poderío económico de los mercados: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Banco Mundial, entre otros, son ajenos a la opinión pública, están libres de toda traba y exentos de tener que dar cuentas a los gobiernos mientras que éstos se las deben a ellos. Son los encargados de manipular como marionetas a los países, de velar por el “reparto” de las riquezas en el mundo y de explotar, bajo la apariencia de solidaridad, la pobreza de determinados pueblos del planeta. Es despreciable e infame el abuso que las multinacionales llevan a cabo en los países en desarrollo: mano de obra barata a costa de millones de niños doblegados bajo pesados fardos, quedándose ciegos a fuerza de tejer alfombras de hilos imperceptibles; niños infiltrados en las entrañas de las mortíferas minas de Coltán entre otras; niños menores de 14 años trabajando en las llamadas “fábricas del sudor” produciendo la ropa, los juguetes o los ordenadores que compra Occidente. No hay nada como privar a un pueblo de educación y derechos laborales para verlo desvalido, humillado, sin recursos, sometido y dispuesto a aceptar las condiciones de trabajo y de vida que le impongan, por muy indignantes que sean.
Mientras este sistema financiero tiene bien “agarrados” a los partidos políticos y a la mayoría de los medios de comunicación, nosotros los ciudadanos, expectantes, con esa impresión creciente de sentirnos engullidos y atrapados en una dominación fatídica, mundializada, globalizada y tan poderosa que parece prácticamente inútil oponerse a ella, intentamos encontrarle lógica a las enrevesadas y muchas veces absurdas razones que nos dan los políticos sobre esta gran factura de medidas regresivas y discriminatorias que se está llevando a cabo en el ámbito laboral, de la salud, de la enseñanza, es decir, de los sectores más débiles de la sociedad: migrantes, enfermos, personas con discapacidad, jubilados, ancianos dependientes, niños, mujeres, parados y jóvenes. ¿Es moralmente correcto pretender salir de la crisis a base de machacar a este sector con medidas tan sumamente injustas y descabelladas? ¿Se ha tenido en cuenta el desgaste humano que esto representa? ¿La torpeza y la regresión que constituye implantar este tipo de medidas? ¿El modo en que los derechos de las personas están siendo ultrajados? Me parecen de lo más perversas unas medidas que se ceban de modo tan canallesco con aquellas personas que están ya en la recta final de su vida y necesitan unos cuidados especiales para poder realizar sus conductas básicas, cuando ni siquiera hemos visto una sola medida de recortes a las élites sociales, políticas, religiosas, económicas y financieras que son los primeros que deberían dar ejemplo.
Continuamente nos estáis pidiendo sacrificios cuando vosotros, políticos, no sois capaces ni siquiera de eliminar coches oficiales, tarjetas de créditos, o como mínimo, viajar en clase turista. Os resistí a perder vuestros privilegios. Es evidente que a ustedes no les afecta de igual modo la reforma laboral ni cualquier otro instrumento de austeridad que está sufriendo el común de los ciudadanos. Y yo les pregunto: ¿no creen que la ejemplaridad que se supone debería tener la clase dirigente se pondría de manifiesto si entre ustedes aplicaran la austeridad y el sacrificio que a diario les estáis exigiendo a la sociedad? Insistís en que nos ajustemos aún más el cinturón, que las circunstancias lo exigen. Pero no sois conscientes de que vosotros lo lleváis tan flojo que os habéis quedado con el culo al aire. Y en esta guisa me pareció ver al señor Rajoy cuando le escuché decir el otro día que “a los parados se les bajará la prestación por desempleo a partir del sexto mes para incentivar la búsqueda de trabajo». Vamos, que los cinco millones y medio de parados son unos redomados vagos ¿no? ¿Es esto lo que ha querido decir, señor Rajoy? Ciertamente los esfuerzos emprendidos para poner un parche a la situación y reducir el paro son indispensables y bienvenidos, pero no así señor mío, no así. Además, por esa regla de tres, también nosotros los ciudadanos tendríamos que bajarles a ustedes —nuestros empleados— el sueldo y demás beneficios (por no hablar de los humos) para incentivarlos en la búsqueda del bien común de la sociedad. ¡Por favor, señores, ya está bien de tanta estupidez y arrogancia!
Es lamentable comprobar cómo se ha impuesto una dictadura sin dictador que alevosamente se insinúa sin enfrentarse a ningún país en concreto. No existe ideología ni moral en el mercado. Como un circuito cerrado, el mercado se guía por el mercado y el poder se guía por el poder. Es la ideología del beneficio, de la supremacía de un ilimitado poderío financiero que no aspira a hacerse con el poder sino a tener cualquier tipo de control sobre aquellos que lo ostentan, aboliendo su soberanía. El mercado ha sustituido los valores y principios democráticos y está acorralando a la política consiguiendo trastocar los pilares de una economía basada en el conocimiento y el bienestar social.
Estamos comprobando como en la hecatombe de Bankia ha tenido mucho que ver la politización de las cajas de ahorros: el reparto político, los métodos de elección de los Consejos de Administración, y por supuesto la influencia política en las decisiones de inversión y toma de participaciones de riesgo en mercados bursátiles. Y yo me pregunto: ¿Cómo después de lo que han hecho nadie les reclama nada por su falta de seriedad e irresponsabilidad? ¿Cómo estos poderes financieros globales, causantes de la crisis, parecen invulnerables ante la ley? ¿Dónde están los notorios consejeros de las cajas de ahorros —los auténticos culpables—, tanto del PSOE como del PP, Izquierda Unida y sindicalistas? Es obvio que el poder de la banca —esta dictadura sin dictador— es tan inmenso que limita las conductas de quienes debieran tomar medidas y denunciar abusos. Se ha demostrado ante una de las mayores estafas habidas como ha sido las participaciones preferentes: producto financiero mediante el que 52 bancos y cajas recaudaron unos 12.000 millones de euros durante el trienio 2009-11. Se calcula que unos 700.000 ciudadanos españoles depositaron sus ahorros en ese agujero de los que muchos son personas de avanzada edad que se han pasado toda la vida ahorrando para encontrarse al día de hoy sin nada. Usted no paga la hipoteca: el banco le quita la casa y además usted sigue siendo deudor. Usted tiene su capital invertido en participaciones preferentes y al banco le va mal por su mala gestión: a usted no le devuelven su dinero y encima el Gobierno le recorta en sanidad y le congela la pensión.
Si el ministro de Economía, Luis de Guindos, admitió que las preferentes han sido “un gran engaño para el ahorrador español” y “un error”, ya que “se inició la comercialización a particulares cuando ya las instituciones no las compraban, en el año 2008” ¿Tiene lógica entonces que el Gobierno aun reconociendo semejante engaño no haya hecho absolutamente nada a favor de tantas personas afectadas y a cambio Guindos dejara claro en el Congreso que el Estado dará a Bankia toda la ayuda que necesite y que el apoyo “será incondicional”? ¿Tiene lógica que Guindos redundara en la «”absoluta confianza» del Ejecutivo en el Banco de España y en sus técnicos, y defendiera el «ejercicio de transparencia» que estaba haciendo el Ejecutivo en el sector financiero “nunca visto anteriormente en España”? Si existía esa absoluta confianza ¿por qué el PP rechazó la comparecencia en el Congreso de Fernando Ordóñez cuando quiso explicar la crisis de Bankia e igualmente rechazó en la subcomisión sobre Restructuración Bancaria del Congreso de los Diputados las explicaciones reclamadas por los grupos del propio expresidente de Bankia Rodrigo Rato? Presionado por autos judiciales, el pasado día 11 Rajoy rectifica y el PP pide 24 comparecencias, entre ellas las de Rato, Solbes y Salgado. ¿Qué nos deja claro todo esto? Que la nueva ética política es simplemente la conveniencia pura y dura. Nada más.
Si algo tiene de favorable esta crisis económica-financiera es, en mi opinión, por la visión mucho más definida que da sobre los ineptos, corruptos e incompetentes que son nuestros empleados políticos, que como niños malcriados que han crecido sin disciplina ni limitaciones, polemizan, mienten y abusan del miedo y la debilidad de los ciudadanos, encargados de mantenerlos. La clase política española, ya sea de un color u otro, ha perdido el camino ético. Miente. Miente cuando se dicen dialogantes y no lo son. Miente con retóricas preñadas de palabras grandilocuentes cuando disfrazan indignamente sus errores y cuando olvidan sin rubor sus programas y sus promesas electorales que fueron las que les dieron el voto. Miente de modo congénito, deliberado, habitual y permanente. Miente para desprestigio de la política. Miente por temor al poderío financiero. Miente para ocultar la verdad.
Ante semejante escenario político me pregunto: ¿Llegará un día en que los ciudadanos seamos capaces de sacudirnos esta indolente pesadumbre, este sentimiento fatídico y a cambio impulsemos una Asamblea Constituyente y un referéndum que obligue a nuestros empleados los políticos a que atiendan sólo a ideologías políticas y no económicas, de manera que las inversiones en sanidad, educación e investigación dependan de un consenso social antes que político? ¿Que de verdad consigamos que paguen más los que más tienen y que no siempre recaiga el peso de los recortes sobre los sectores más habituales?
La crisis económica que vive España se ha convertido más que nunca en una crisis de valores y derechos humanos que está desmoronando la democracia sostenible y el estado del bienestar, que tanto esfuerzo y sacrificio costó alcanzar. El objetivo de los grandes poderes económicos y de aquellos políticos puestos a su servicio es paralizarnos con el miedo. Y eso, los ciudadanos, no lo vamos a consentir.
