Tras anunciar Mariano Rajoy que no se subirían los impuestos, lo que parecía improbable ha ocurrido. Y no hay peor fraude para el votante que no cumplir la palabra dada antes de unas elecciones, mentir a su electorado diciendo que no se subirían los impuestos y luego, nada más iniciar su mandato, hacer precisamente lo contrario a lo prometido. Las consecuencias pueden ser impredecibles para el PP. El viernes pasado cuando se hacían públicas las medidas urgentes para hacer frente al déficit presupuestario, quedó patente que el partido popular se ha convertido en un fiasco para buena parte de su electorado más liberal, pues su política de elevar considerablemente —por no decir confiscatoriamente— la presión fiscal, olvida los principios más elementales del liberalismo económico que le había caracterizado. El PP abraza políticas keynesianas que buena parte de la izquierda española ya había propuesto y que ahora ha aplaudido. Lamentablemente quienes habían votado a Rajoy no lo hicieron para que finalmente utilice las recetas que ya habían sido enterradas junto al sarcófago socialdemócrata.
Estamos ante la mayor subida del IRPF (Impuesto dela Rentade las personas físicas) de la historia de España, que nos convierte en el tercer país con mayor presión fiscal dela UniónEuropea.Los grandes perjudicados nuevamente las clases medias, que ante la subida de los impuestos no les quedará otra, al menos a corto plazo, que reducir su consumo y su ahorro privado, lo que originará la irremediable agonía de nuestra economía pues volverán las cifras de decrecimiento económico. Una nueva depresión económica nos conduciría a toda prisa e irremediablemente sin escalas, hacia el «tercer mundo». Todo es cuestión de tiempo. Si la economía no llega a reactivarse en los próximos cinco años, la economía española retrocederá en el ránking de los países más desarrollados y será arrollado por los países emergentes.
Se han reducido de forma timorata las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal, solo un 20%. Buena parte de los españoles habrían querido que empiecen con reformas que permitan adelgazar el Estado Autonómico. Son necesarias además muchas otras, como la reforma de la educación, la de la justicia,la Leyelectoral, la sanidad, etc. Esperemos que al menos se planteen soluciones para hacer frente al grave problema financiero de endeudamiento público y privado, pues la medida de elevar la presión fiscal sobre el ahorro incluso agrava aún más el problema de la falta de crédito. Uno de los elementos imprescindibles para generar liquidez es aumentar nuestro ahorro privado, no solo el público.
Los economistas liberales sabemos que la base de la economía productiva está en el ahorro, por lo que no se debe atacar esta variable clave para nuestra economía aumentando impuestos, es decir, no debemos gravar más aún las rentas salariales, ni las rentas del capital (rendimientos de productos financieros, plusvalías por venta de acciones o vivienda o seguros de vida, etc.), puesto que con ello se corre el riesgo de empeorar nuestros problemas de liquidez. Otro elemento clave para resolver el problema de la liquidez de nuestra economía está en nuestro propio sistema bancario, es aquí donde hace falta una reforma profunda de su actividad. Además, mientras no se obligue a las entidades bancarias a valorar correctamente sus activos y a asumir pérdidas, no será posible dar fluidez al crédito, imprescindible para activar la economía productiva.
A los economistas más liberales nos produce estupor pensar que se va a seguir castigando el ahorro como ya lo hizo el Gobierno del PSOE en 2010. Porque, una subida del IVA incidiendo sobre los bienes de lujo, probablemente hubiera tenido los mismos efectos negativos sobre el consumo de estos bienes suntuarios, pero al menos no retrotraería el ahorro privado de las familias de clase media, como es previsible que ocurra con el alza del IRPF, al dejar menos renta disponible. Pero, no es solo eso, con la reforma del IRPF se desincentivará el esfuerzo por trabajar y conseguir más rentas del trabajo, y no se garantiza en absoluto además, que la recaudación fiscal vaya a aumentar, tanto porque el menor consumo restará impuestos indirectos, como porque las personas intentarán buscar vías alternativas para evadir a hacienda. Si seguimos por este camino, exprimiendo tanto la base impositiva, nos vamos a quedar sin tener de dónde recaudar y eso nos podría colocar en una situación difícil, sin apenas margen de maniobra con la política fiscal en un futuro.
Las políticas más coherentes hubieran sido ampliar las reducciones del gasto. Por ejemplo, pdríamos ahorrar una cantidad próxima a los 30.000 millones si evitamos duplicidades en las funciones de organismos y administraciones públicas, pero claro, ello implica entrar en una reforma de calado con el fin de adelgazar el Estado Autonómico y las Administraciones Públicas que el partido popular parece que intenta evitar.
A estas alturas, aún considerando que el déficit se haya disparado al 8%, algunos economistas vemos que esta intervención estatalista y coercitiva del nuevo gobierno, no ha sido una política acertada. Conste que no echamos la culpa del elevado déficit al gobierno del PP, todos sabemos que los culpables últimos de la situación actual son los anteriores gobernantes del PSOE, pero no nos creemos que el nuevo gobierno del PP no supiera el estado de las cuentas públicas antes de las elecciones. Muchos también nos preguntamos si todo vale con tal de poder continuar en el euro, incluso la ruina económica de España. Dudo que a España le hubieran impuesto finalmente el aumento de impuestos, como sugiere el Ministro de Economía; porque además, nada está garantizado después de tomar estas medidas y, porque con dichas medidas no le será posible ganar competitividad a la economía española, que es el tema de fondo que subyace en esta grave crisis y que lamentablemente será difícil conseguir que nuestras empresas sean más productivas. En cualquier caso serían medidas estructurales de largo plazo. Pero, la urgencia es a corto plazo, y, hasta donde sabemos, solo es posible ganar competitividad con correcciones del tipo de cambio. Quizás, si no estuviéramos encorsetados como lo estamos en el euro y, si dispusiéramos de una moneda propia, el tipo de cambio actuaría como mecanismo corrector de nuestros desequilibrios, porque una cosa es que sea el propio mercado quien se encargue de corregirlos y, otra muy distinta, que sea un gobierno fiscalizador —del signo que sea— el que decidida arbitrariamente y en nuestro nombre, a quién hay que reducir sus salarios y a quién no, y, cuál es la medida económica más oportuna que conseguirá acertar en dicha corrección de los desequilibrios.
De qué vale además, que un gobierno incentive a punta de subvenciones la compra de vivienda, si por otro lado eleva el Impuesto sobre bienes Inmuebles (IBI); que nos lo expliquen. En ningún caso debería ser un argumento el buscar favorecer a los ayuntamientos, que en muchos casos han dilapidado el dinero de los ciudadanos. Al menos deberían anunciar que ese aumento del IBI sirviera para pagar en primer lugar a los proveedores, y, en segundo lugar, lo que habría que pedir son responsabilidades, incluso penales, a todos aquellos responsables políticos que han hecho un mal uso del dinero público. ¿Para qué tenemos sino el Tribunal de Cuentas? Lo que realmente necesitamos son leyes fiscalizadoras de los excesos de los políticos y, para nuestras entidades locales «buenos gestores», verdaderos administradores de la ciudad, no políticos manirrotos.
De qué sirve que un gobierno castigue congelando el salario de los funcionarios, si no se acompaña con una reforma dela FunciónPúblicaque impida que se sigan colando funcionarios sin oposición, o que se les coloque a dedo. De que sirve hablar de flexibilidad laboral, y de no reposición de funcionarios (amortizando plazas), si incluso la propia Administración no garantiza la flexibilidad que permita trasladar a los funcionarios entre departamentos o entre distintas Administraciones Públicas. No solo hace falta una reforma laboral, también es preciso una reforma de nuestras Administraciones Públicas, pero sobre todo, es necesario abandonar las políticas coercitivas y las subvenciones que lo que hacen es distorsionar las reglas del mercado y, apostar por medidas liberalizadoras que den una mayor importancia al sector privado de nuestra economía.
