Resulta llamativo que la misma derecha no se haya atrevido, aún, a presumir arrogantemente de su nacionalismo español. Tal vez sea porque no lo necesita, ya que, en su lugar, los socialistas que crearon el PSOE durante la transición y contra los socialistas del exilio, está defendiendo el sistema constitucional, la monarquía clerical y el nacionalismo español como si de éste dependiera su propia existencia. Tal vez tengan razón porque la socialdemocracia creada por Felipe González y Alfonso Guerra durante la transición, se identificó con el sistema ideológico y político nacido de ésta, como una farsa, que ha llegado a ser, hoy día, gracias a la crisis económica y moral a que nos ha llevado la derecha, un fracaso. Un fracaso probado por el estado de desintegración social y estructural de la sociedad civil y del Estado.
Las izquierdas republicanas, progresistas y anarquistas españolas, apoyadas en todos los movimientos sociales que están reaccionando contra una España clerical, reaccionaria y franquista, deberían entender que la situación política en Cataluña está favoreciendo, al debilitar a esta España rancia y enemiga de las libertades, la formación de un bloque de progreso integrado por todas estas fuerzas y coordinado con la resistencia catalana para bloquear el proceso de destrucción de derechos individuales y sociales y desligarse de las ataduras de la “transición” para avanzar hacia el progreso y no retroceder hacia el nacionalcatolicismo. Porque España sólo podrá llegar a ser, porque sólo entonces podrá encontrarse a sí misma, cuando sea republicana.
Ante este estado de desintegración social, ideológica y política, la reacción de los socialistas no es otra que: resistir y defender la nación española, un concepto reaccionario del nacionalismo español, tal y como quedó configurado en la Constitución. La defensa de la nación por encima de los derechos de las clases sociales y las comunidades políticas diferenciadas, como la catalana, se llamó, en Alemania, nacionalsocialismo. La salvación nacional será el resultado de la fuerza y de la unidad integral de todos en la nación. Este fue el mensaje de los nazis, para quienes, y cito a Hitler y sus ideólogos:
“La comunidad de un pueblo que, por encima de todas las diferencias, restaurará la fuerza común de la nación o la llevará al desastre. Sólo un ideal elevado permitiría superar las divisiones sociales. Debía buscarse ese ideal en el nacionalsocialismo que situaba a la nación, al pueblo común como un todo, por encima de cualquier sector individual de la sociedad…había que construir un nuevo Reich…restableciendo el poder y la fuerza de Alemania como nación”. (Hitler, tomo I, de Ian Kershaw)
Es evidente que los dirigentes socialistas de la transición no tienen nada que ver con la tradición del PSOE y no sólo porque renunciaron a la República sino porque nunca se identificaron con las señas de identidad del socialismo. Y tiene su explicación porque la socialdemocracia española fue creada por Felipe González y Alfonso Guerra, rodeados, con algunas notables excepciones como Redondo y otros compañeros de Izquierda Socialista, con el apoyo de la socialdemocracia alemana de Willi Brandt. La misma que se alió con las fuerzas reaccionarias alemanas y con el Ejército alemán para eliminar a los socialistas de izquierda, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, al finalizar la Primera Guerra Mundial, para impedir la revolución en Alemania.
Estos, el socialismo aliado a las fuerzas militares y políticas más reaccionarias de Alemania, son sus padrinos. Sus orígenes ideológicos no los encontramos en la tradición socialista republicana sino en el nacional-catolicismo. De sus ubres mamaron. Y ahora podemos entender hacia dónde van porque ya sabemos de dónde vienen. Si este socialismo de la transición hubiera conservado sus vínculos con el exilio, los mismos que lucharon en la IIª República contra el fascismo, habrían entendido que fueron éstos quienes, impulsados por Largo Caballero y Luis Araquistáin, organizaron la revolución de octubre de 1934. Para impedir el fascismo.
Si esta revolución hubiera triunfado en Asturias, Cataluña habría consolidado su proceso hacia la independencia, proclamada durante esa revolución contra la España clerical, monárquica y militarista, con el apoyo de Azaña, con el apoyo de Caballero y con el apoyo de las izquierdas republicanas. Pero la derecha clerical nacionalista española, la misma que nos gobierna hoy con el apoyo de la socialdemocracia española de Felipe y sus diádocos, derrotó militarmente a estas fuerzas revolucionarias ante de 1936.
Ahora, estos diádocos, Bono, Leguina, Ibarra, Corcuera, Guerra, F. González… levantan la voz y el brazo impulsados por una mística y una estética fascista y, asumiendo la defensa del nacionalismo español, se proclaman nacionalistas contra el derecho de los ciudadanos catalanes a la autodeterminación. La independencia. Y si lo hubieran hecho con argumentos ideológicos, los podríamos respetar, pero lo han hecho de la manera más despectiva, ordinaria, soez, arrogante y autoritaria que podría imaginarse. Puro fascismo años 33.
Ofenden, insultando a millones de catalanes, al declarar que con un par de guardias civiles se arreglaba el asunto; que con el Ejército también; que dándoles unos cuartos, se callarían… la ordinariez fascista emana de sus palabras. ¿Qué piensan hacer? ¿Invadir militarmente Cataluña? ¿Es esa la solución al derecho de resistencia a la opresión y a la voluntad de millones de catalanes que quieren ser independientes? Y luego qué? Imbéciles. Con la ocupación militar de Cataluña nunca resolveréis el problema, legitimaréis el derecho de resistencia a la opresión. No podéis hacer nada contra la voluntad de una comunidad de ciudadanos que quieren ser independientes.
Foto: procsilasDicen, con acento y estética fascista, que si quieren ser independientes que cambien la Constitución. Advirtiéndoles de que ese camino es imposible porque se necesitan mayorías parlamentarias para conseguirlo. Y estas mayorías están en contra. O sea la derecha y la socialdemocracia.
Con ese argumento demuestran primero, que esas mayorías están en contra del derecho de autodeterminación y segundo que no quieren entender que las constituciones se fundamentan en un pacto, como diría el Rousseau revolucionario en su “Contrato social”, en el consenso entre las partes. De manera que, si una parte rompe el consenso, el contrato o constitución pierde su fundamento de origen, y, sin ningún otro recurso, se anula así misma por falta del consenso sobre el que se sostiene. Roto el consenso, la constitución es nula. Si una parte pretende mantener a la otra contra su voluntad en ese consenso, sólo podrá ser mediante la fuerza. Porque el consenso fue el argumento sobre el que se construyó toda la transición.
Toda constitución es susceptible de todas las interpretaciones porque todas son reformables y porque se construyen y sostienen sobre el consenso de todas las partes, que la interpretan según sus propios intereses, mediante un pacto o contrato. Como es el caso de la constitución del Estado español que por estar construida sobre la base del consenso de diversas fuerzas políticas y varias nacionalidades: la española, la catalana y la vasca, al menos, existirá mientras exista consenso. Si la constitución fuera la de la nación española y no la del Estado español, el consenso sería imposible porque sería la nación española la que se impondría sobre las demás nacionalidades y, en ese momento, carecería de representatividad para hablar en nombre de los catalanes que, sometidos a un Poder externo, pueden, al menos, gritar por exigir su derecho a la autodeterminación: la independencia.
La misma Constitución se mueve imprecisa e insegura entre los conceptos “Estado español” y “nación española”, porque refleja la opinión de las diferentes fuerzas políticas que existen en el Estado, que no son las mismas que existen en la nación, en las naciones del Estado. Es precisamente esa “inseguridad constitucional” la que ha dejado abierta la puerta para que las demás naciones puedan salir por ella.
Por la misma razón no se puede argumentar que la mayoría de los españoles deben decidir sobre la suerte de todos los ciudadanos que, en un momento histórico y político determinado, forman parte del Estado porque la mayoría no es la mayoría de los ciudadanos que integran el Estado español, sino la de aquellos ciudadanos que pertenecen a la comunidad política de ciudadanos libres, identificados con una de las naciones que integran el Estado. Naciones que forman parte orgánica pero no indivisible de dicho Estado. Por todo ello en Catalunya no existe otra legalidad que la legalidad catalana. Y sobre esa legalidad, junto con la de las otras naciones, se construyó el Estado español.
El Estado español no es una nación porque contiene en su estructura orgánica a otras naciones. Tal y como proclaman la constitución del Estado como los estatutos de autonomía de algunas de las naciones que lo integran. Por lo tanto, si la soberanía es nacional y fraccionada y sus representantes políticos son soberanos porque han sido elegidos por los ciudadanos catalanes, en este caso, y sólo pueden ser elegidos por ellos, el único fundamento de legitimidad en el que se puede fundamentar la legitimidad de Catalunya es en la comunidad de ciudadanos libres residentes o censados en Catalunya.
Sólo de ellos, de su voluntad, pueden depender quienes los gobiernan porque éstos son responsables de sus actos ante quienes los eligen, que sólo pueden ser catalanes. Y por la misma razón, quienes no son ciudadanos catalanes, los otros ciudadanos del Estado español, no pueden participar en una decisión que afecta solamente, en el momento histórico y político actual, a los ciudadanos catalanes; ni puede confundirse “su voluntad” con la voluntad de los catalanes. Sería una intromisión que negaría el derecho de los nacionales de Catalunya a expresar su voluntad y a realizarla en aquello que sólo a ellos les afecta porque son ellos quienes deciden libremente sobre su propio destino, en el momento en el que a ellos les parece oportuno.
Como ya he dicho, desde el momento en el que una parte de las que integran el actual Estado basado en el “pacto” o “contrato político”, rompe el contrato o pacto, la unidad orgánica del Estado queda automáticamente rota. La legitimidad de la Constitución depende de ese pacto, pero, por coherencia constitucional pactista, la propia legitimidad de la Constitución también depende de que ella misma proteja y haga cumplir el derecho constitucional de las partes o de una parte a romper lo pactado. Porque podría ocurrir que las partes decidieran unánimemente romper el pacto, lo que sería constitucional. Luego si las partes pueden romper por acuerdo lo pactado también lo pactado puede ser roto por decisión unilateral porque, en toda circunstancia, el fundamento es el consenso o pacto entre las partes.
Además, la Constitución debe proteger el derecho de todos los ciudadanos de cada una de las naciones a ejercer la libertad de expresión y del sufragio, garantizando que sus ciudadanos expresen libremente su voluntad. Si no lo hiciera, se deslegitimaría desplomándose por su propio peso sobre sí misma.
Llama la atención que los socialistas no entiendan que las constituciones democráticas son la plataforma para que las distintas fuerzas políticas avancen hacia sus objetivos de clase. Si se leyeran el documento fundacional del Partido socialista en el que se establece la distinción entre “programa máximo y programa mínimo”, entendería que no es necesario llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas para proclamar el socialismo. De lo que se trata es de conquistar el Poder y desde ahí transformar la constitución, sin consenso con la clase capitalista o burguesa. Hitler lo hizo, pero al revés: imponiendo el nacionalismo contra la voluntad de la clase obrera. Respetó y juró respetar la legalidad constitucional para conquistar el Poder, pero, una vez en el Poder, vació de contenido la Constitución de Weimar y la anuló. Sin consenso. Si retrocediéramos a la fundación del Imperio romano por Augusto, hizo exactamente lo mismo, una vez conquistado el poder, al vaciar la legalidad republicana de contenido.
Esto significa que todas las partes que consensuan en un momento histórico un pacto constitucional no por ello renuncian a sus objetivos finales. Si para los socialistas ese objetivo irrenunciable era instaurar el socialismo, para los comunistas el comunismo y para la derecha el nacionalcatolicismo, como están haciendo ahora rompiendo el consenso de la transición porque tienen mayoría, para los nacionalistas el consenso constitucional no significaba la renuncia a su objetivo: la independencia, sino que era un paso hacia su objetivo. Consensuar, no es renunciar cada uno a su propia identidad. Por eso la Constitución, al recoger estas diferentes finalidades, tiene vacíos legales. Ventanas por las que se puede salir. Sin consenso. Por voluntad propia.
Olvidan, con su arrogancia y ordinariez fascista, estos socialistas que, además existe una cosa llamada derecho de resistencia a la opresión. Y este derecho sólo lo ejercen quienes se sienten oprimidos, no los opresores. Pretenden, y ahora recurro al Rousseau reaccionario de la “voluntad general” o de la “persona moral”, que las minorías deben someterse a la voluntad de la mayoría. Argumentando, sin perder el gesto de firmes de la estética fascista, que si hay que decidir sobre la independencia deben participar en el proceso electoral todos los españoles. Con este argumento pervierten el fundamento del derecho de resistencia a la opresión o a la autodeterminación. Este derecho sólo se reconoce a quienes no quieren formar parte de un todo al que consideran opresor.
Y sus razones tendrán porque son los oprimidos quienes tienen las razones y el derecho, no los opresores. Es tan fácil comprender esto como la realidad política en la Historia. En la que la voluntad de las comunidades es la que decide su destino y no el poder opresor. Cuya legalidad está siempre a su servicio.
El derecho de resistencia ha sido tan practicado en las revoluciones sociales como reconocido en los tratados de pensamiento político. Y ha sido practicado porque la resistencia a la opresión no se limita a ser la proclamación de un derecho. La resistencia es un “deber” indivisible del derecho porque éste encuentra su razón de ser en su ejercicio. Es lo mismo que cuando hablamos del derecho a la libertad. Usted llega a ser libre, si vive en una comunidad libre, sólo cuando puede ejercer la libertad: los derechos individuales. Si usted tiene un derecho es porque lo puede ejercer. Si no puede ejercerlo, es porque carece de ese derecho.
Tan viejo es el derecho de resistencia como la posición de Marsilio de Padua en sus tratados “Defensor pacis” y Defensor minor” o como por la propia Ley del Sacro Imperio Romano Germánico lo reconocía contra el emperador. En los siglos XVI y XVII, fue proclamado desde diferentes perspectivas. Tanto en la “Franco Galia” de Hotman , como en “Vindicae contra tiranos” de du Plessis-Mornay, como por los jesuitas Mariana en “De rege et regis institucione” y Suárez en su “Tractatus de legibus ac deo legislatore”. In cluso la derecha clerical-fascista y franquista lo defendió en la IIª República española. Algunos autores fueron el dominico padre Gafo en la “Ciencia Tomista”; el padre capuchino Gumersindo de Escalada en “Acción Española”; Eugenio Vegas Latapie en la obra “Catolicismo y República” introducida por el jesuita francés De la Taille con el título: “Insurrección” y el libro “El derecho a la rebeldía” del canónigo de Salamanca Aniceto de Castro Albarán. Sus argumentos eran religiosos pero su fundamento la justificación de la rebelión de la comunidad contra quienes consideraban sus opresores.
Siglos después, y sin tener nada que ver con justificaciones religiosas, que acabarían reconociendo en la paz de Wesfalia el derecho a la libertad religiosa, con el resultado de la formación de nuevos Estados independientes, siglos después, decía, el derecho de resistencia a la opresión o dominación fue utilizado con otra expresión o denominación original, como “derecho de autodeterminación” de los pueblos integrados en Estados o naciones multiculturales o imperialistas. Fue proclamado este derecho en la Constitución jacobina del año III. E incluido, un siglo después, entre los 14 puntos proclamados por el Presidente norteamericano Wilson, en 1918.
La legalidad del dominante no puede ejercerse contra el dominado porque el único fundamento de legitimidad reside en y emana de la comunidad dominada que es libre para decidir sobre sí misma contra el Estado al que no quiere pertenecer. De manera que la legalidad del dominante no emana de la legitimidad del dominado. Y por lo tanto, esa legalidad es ilegítima para el dominado. Esa legalidad está deslegitimada por el derecho de autodeterminación y de resistencia a la opresión.
La respuesta a la pregunta de si los catalanes se sienten oprimidos y quieren ser o no ser independientes sería una estupidez hacérsela a los españoles, ¿o no?, Parece hasta evidente. Al Estado dominante, deslegitimado por la voluntad de la comunidad dominada, no le quedaría más argumento que el recurso a la fuerza. No tienen otro. Pero con ello probaría internacionalmente que está contra el ejercicio del derecho y contra la voluntad de la comunidad catalana a decidir sobre su propio destino.
