Puestos a calibrar las necesidades y las prioridades de la economía española, sorprende que ningún gobierno, ni el anterior ni el actual, haya puesto el acento sobre la principal lacra de nuestra economía, como es el fraude fiscal, sin el cuál, o, al menos, reduciéndolo a la mitad, conseguiríamos reducir de manera importante el déficit contra el que estamos intentando luchar recortando derechos sociales.
Pero no me refiero al fraude fiscal que se comete al nivel del ciudadano de a pie, ese que tiene que ver con la factura que no se emite o el IVA que no se declara, importante igualmente, pero de rango menor al otro, al verdaderamente valioso, al que se comete en las más altas esferas, al que acuden de una manera recurrente todas las grandes empresas de este país, así como los patrimonios de mayor arraigo, sin que nadie parezca querer cortar la sangría.
Una sangría que tiene que ver con operaciones legales, pero deshonestas, que hacen que los capitales que deberían de tributar en nuestro país acaban haciéndolo en paraísos fiscales con una carga impositiva mucho menor, a la vez que con operaciones ilegales, e igualmente deshonestas, que provocan el jugar en el límite de la ley, cayendo del lado oscuro, y generando otro gran agujero negro a nuestra hacienda pública.
Si algún gobernante tuviera los arrestos como para intentar poner fin a este pozo sin fondo en el que se encuentra nuestra economía, podemos estar seguros de que no necesitaríamos apretarnos el cinturón de una manera tan lacerante. Bastaría con incrementar el número de Inspectores de Hacienda, ya que el ratio que relaciona el número de habitantes por cada Inspector de Hacienda es el doble en nuestro país que en Francia y Alemania, y, curiosamente, el fraude fiscal también es el doble. Algo tendrá que ver.
Por tanto, ya va siendo hora de que dejemos de pagar los platos rotos siempre los mismos y de que los políticos se atrevan con los grandes capitales, las grandes fortunas, y las multinacionales con sede en nuestro país, dejando de lado el miedo a una fuga que podría ser perjudicial en el corto plazo, pero claramente beneficiosa en el medio-largo, porque limpiaría nuestra economía de la lacra del fraude fiscal.
