Rudolf Elmer trabajó durante 15 años para el banco suizo Julius Baer Bank. Ayudaba a grandes fortunas y empresas a evadir impuestos como jefe de operaciones en la filial del banco en las Islas Caimán hasta que se atrevió a cambiarse de bando. Decidió no ser cómplice durante más tiempo y reveló datos de cientos de cuentas secretas e información sobre dinero procedente de fraude fiscal, pero ni el banco ni la justicia le escucharon. Lejos de apoyarlo, las autoridades suizas lo persiguieron y amenazaron, incluso llegó a ingresar en la cárcel por vulnerar el secreto bancario, imprescindible para llevar a cabo operaciones de blanqueo de dinero y protegido por Gobiernos de todo el mundo.
Foto: MelderomerLo que Rudolf Elmer quiso denunciar fue la opacidad con la que operan los bancos en los paraísos fiscales, que eximen del pago de impuestos y permiten que se laven miles de millones de dólares de dinero negro cada año. El objetivo es regularizarlos y ocultar su procedencia, muchas veces de actividades delictivas como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas o la corrupción. El primer paso es esconderlo para que, a través de diversas técnicas de ingeniería financiera, vuelva limpio a manos de su dueño. Esto es posible gracias a la desregulación financiera, que enarbola la libertad de circulación de capitales por encima de todos los demás principios. De esta forma se el dinero vuelve a introducirse en los circuitos económicos y financieros.
Para ello es necesaria la colaboración entre bancos, clientes y autoridades y un lugar que asegure el anonimato: los paraísos fiscales, caracterizados por un fuerte secreto bancario, que permite a las entidades financieras mantener confidencial la información sobre sus clientes, incluso ante administraciones públicas y tributarias. Según José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado español, “casi todos los bancos cuentan con filiales en paraísos fiscales” que gestionan cantidades enormes de capital.
La ley los obliga a evaluar al cliente y conocer la procedencia del dinero para no negociar con el que provenga de actividades criminales. Sin embargo, Peláez afirma que la mayoría de usuarios “saben qué preguntas van a hacer y lo que tienen que contestar, pasan los protocolos con facilidad”. Asegura que los bancos se benefician porque “se mueve mucho dinero” al que no quieren renunciar “aunque sepan que proviene de actividades delictivas”. Las entidades financieras son, en muchos casos, cómplices de criminales que actúan a nivel global.
Por su parte, las autoridades no muestran demasiado interés por perseguir estas prácticas. Las de los paraísos fiscales porque son territorios en gran medida dependientes de este tipo de actividades financieras y las del resto porque tendrían que comenzar por investigar a sus propios bancos y empresas. De hecho, en España 33 de las 35 empresas del Ibex35, formado por las compañías con mayor liquidez de la bolsa española, entre ellas los principales bancos, operaban en 2011 en paraísos fiscales, según un informe del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. Los lugares más atractivos para ellas son Delaware, en Estados Unidos, seguido de Holanda y Luxemburgo. Sorprende comprobar que para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sólo existen dos paraísos fiscales en el mundo: Nauru y Niué.
Las sociedades y sus ciudadanos deben tener el poder de controlar los flujos de dinero y saber de dónde procede, para lo que es indispensable una mayor transparencia. Son los más vulnerables los que notan el peso de la crisis, mediante recortes y eliminación de derechos, mientras ven cómo los mismos que aplican estas recetas permiten que grandes fortunas y empresas evadan sus responsabilidades fiscales y refuercen un sistema que protege actividades delictivas. Para luchar contra ello son necesarias más personas como Rudolf Elmer, que cree que “el secreto bancario es el robo más grande de la humanidad y tiene consecuencias catastróficas para los más pobres de la tierra”. Todo el dinero oculto en paraísos fiscales debería ser empleado en mejorar la sanidad, la educación o las pensiones de “millones de personas humildes de todo el mundo”, afirma.
