“Lo he gastao en comías pa ella y en boticas que no le sirvieron”, escribió Gabriel y Galán en El embargo. España se sentía orgullosa hasta ayer por ser país de acogida para millones de inmigrantes porque no podía olvidar que, durante más de cuatro siglos, fuimos pueblo de emigrantes a otros países. Por esa razón no tuvieron que aprender los caminos porque nosotros se los habíamos abierto con nuestras pisadas. Solíamos decir que los inmigrantes nos devolvían las visitas que les habíamos hecho, sin haber sido invitados. Habíamos declarado sus tierras y a sus pueblos “de conquista y de misión, de evangelización y de civilización”, por nuestros Católicos Reyes “legitimados” por Bulas desde la ignominiosa Inter caetera otorgada por el papa Alejandro VI en 1493 en favor de los reyes de Castilla.
Ahora hay más de medio millón de latinoamericanos que tienen que regresar a sus países de origen ante la terrible desgracia que padecemos, no sólo por la crisis económica sino por la nefasta política de nuestros gobernantes. Estos viven bajo la férula de los grandes banqueros, de las enormes fortunas que eluden impuestos y que evaden miles de millones a paraísos fiscales, de castas privilegiadas e ideológicas que siguen sin padecer recorte alguno en sus emolumentos.
La causa de estas grandes migraciones está no sólo en haber perdido sus trabajos sino porque les han embargado sus haberes, sus cuentas y desahuciado de las casas que habían comprado. Para la concesión de esos créditos hipotecarios valía cualquier nómina y cualquier aval, hasta entre familiares y vecinos, dependientes de un salario o sueldo.
Era la locura de la burbuja inmobiliaria y pillaron a millones de familias que cuando ha llegado la crisis, por los errores y por la codicia y corrupción de esos banqueros protegidos por los gobernantes, actúan sin piedad y ya llevan más de 350.000 personas desahuciadas en los últimos cuatro años, sus personas y muebles en la calle.
El presidente del Banco Bilbao Vizcaya, así como el del Santander y, por supuesto, del inicuo Bankia y los de las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad, ¡qué sarcasmo!, declararon que “los contratos son para cumplirlos”, y así han actuado sin contemplaciones mientras exigen todo el esfuerzo del Estado para los rescates bancarios que ya superan los 40.000 millones de euros.
Muchos ciudadanos se han alzado porque esos préstamos e hipotecas fueron otorgados y hasta animados a asumirlas cuando tenían trabajo y cuando sus circunstancias personales y laborales eran radicalmente distintas. La ciudadanía exige la dación en pago, alquileres, quitas o moras ya que no es justo embargarles hasta las pensiones y pertenencias. Ante el estruendoso silencio de las confesiones religiosas, de muchas asociaciones civiles y de la misma Corona que también se ha puesto al servicio de los empresarios en búsqueda de capitales en el extranjero, los manifestantes han recibido golpes, denuncias y detenciones por la policía. No hacen falta limosnas, bastaría con que tributasen en España todo lo que ocultan y camuflan en otros países. Un multimillonario español ha dado 20 millones para paliar el hambre, pero llevaba años tributando en Irlanda, como otros muchos financieros, deportistas y estrellas. Lo que se debe en justicia no se compensa en caridad.
Una comisión de siete magistrados denuncia los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe elaborado por los jueces, habla de “mala praxis de las entidades bancarias, la venta torticera de productos financieros” y propone, transferir a los hipotecados las ayudas a la banca y una serie de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento, “pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional o, lo que es peor, de su vivienda habitual”. En Madrid unas 50 familias acampan ante el antiguo Monte de Piedad, exigiendo que no los desalojen de sus viviendas.
El informe de los siete Magistrados no ha sido asumido ni debatido en su seno por el Consejo General del Poder Judicial por las presiones políticas en su seno. La ciudadanía ya no aguanta más y se alza contra este sistema económico y social que está pulverizando el estado de Bienestar social que habíamos conseguido. Rescatar a la banca especuladora e inmoral ha prevalecido sobre los derechos a la educación, a la sanidad y a las pensiones junto con la legítima ayuda a las personas dependientes.
José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
