En los últimos días el político catalán Durán i Lleida está levantando ampollas con sus declaraciones salidas de tono sobre las prestaciones que reciben los agricultores andaluces y las posibles ineficiencias territoriales que ello genera, perjudicando a unos ciudadanos en favor de otros, obligando a unos a trabajar para otros. No cabe duda de que Durán i Lleida, uno de los políticos más comedidos, honestos y rigurosos del panorama español, se ha equivocado de cabo a rabo porque lejos de hacer hincapié en un discurso ciertamente interesante, lo único que ha conseguido es ofender y evitar que se hable de lo que realmente se debe de hablar.
Convergencia i Unió lleva un tiempo quejándose de que España es un país subsidiado, en el que una pequeña parte de la sociedad financia al resto a través de las prestaciones que son claramente susceptibles de todo tipo de fraudes, lo cuál perjudica su efectividad y condenan su justificación social y económica, evidente, en teoría, pero discutible en la práctica.
Por ello, si Durán i Lleida hubiera sido más hábil al exponer su queja, tal vez podríamos estar debatiendo abiertamente sobre la conveniencia de sustituir subsidios por subvenciones, prestaciones por incentivos, de manera que se consiga dinamizar a la economía fomentando el espíritu emprendedor, en lugar de favorecer las actitudes más funcionariales, aquellas que llevan al acomodo, y es que los jóvenes españoles sueñan con ser funcionarios, en lugar de con regentar su propia empresa.
El problema es que el discurso de lo políticamente correcto impide que se abra un debate abierto que nos permita reorganizar la sociedad de manera que los trámites burocráticos para la creación de empresas sean más sencillos y conseguir que parte del dinero público que se va en forma de prestaciones llegue a los emprendedores como subvenciones que les permita poner en marcha sus ideas y contratar a los trabajadores que, originalmente eran destinatarios de las prestaciones.
Las prestaciones sociales, los subsidios, las ayudas públicas, sólo tienen sentido si no son generales y universales, porque entonces desvirtúan su valor y se convierten en foco de fraude, provocando un daño irreparable al espíritu de la sociedad. Bien haría el Estado en fomentar su política de ayudas a los emprendedores, a través de subvenciones o incentivos fiscales, para conseguir que España comience, poco a poco, a recuperar su pujanza. Eso era, precisamente, lo que quería decir Durán i Lleida, aunque para ello recurriera a un discurso xenófobo y ofensivo, que más tiene que ver con la ganancia de votos de los partidos de la extrema derecha catalana, que con su convicción política.
