EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
No quiero pensar en que la política de contratación de personal para desempeñar su trabajo en estas empresas públicas haya sido hecho de forma alegre y sin un estudio previo de las necesidades reales.
Según informaba este diario el pasado día 1, 4.000 trabajadores perderían su empleo en las sociedades públicas según la estimación Consell, el Gobierno de la Comunidad Valenciana, si nos atenemos a otras noticias sobre este particular podrían ser más de 5.000, ya que hay que tener en cuenta que el Consell ha cerrado ya alguna de estas empresas públicas.
Lejos de mi la intención el cuestionar si es que sobra personal o que en su día se contrato más del necesario, pero sí es preciso señalar que en el caso de Canal 9, la televisión regional valenciana, con más de 1.800 trabajadores, supera a Telecinco, Cuatro y Antena 3 juntos en lo que al total de empleados se refiere. Ahora resulta que sobran casi 1.300. Por otro lado unos 175 trabajadores, según este periódico, pertenecientes a la empresa Cacsa (Ciudad de las Artes y las Ciencias) quedaran en la calle y unos 350 empleados de Vaersa, otra empresa del Consell dedicada al tratamiento de residuos y protección del Medio Ambiente, correrán la misma suerte. La incomprensible e irresponsable iniciativa del Consell de crear casi 50 empresas públicas, ha generado desde sus comienzos una serie de pérdidas y de aumento del gasto bastante importante que al final ha desembocado en la situación actual, antes ya se había desmontado parte del IVVSA despidiendo a 211 de sus empleados y lo mismo ha ocurrido con Ciegsa, la empresa que montó el Consell para construir colegios con un resultado francamente ruinoso ya que la mayoría de los centros que construía su costo final era tres o cuatro veces superior al presupuestado en un principio. Cuando se hacía desde la consellería de Educación esto no sucedía. Nadie se ha explicado, ni lo han explicado nunca, el porqué de la creación de esta empresa.
El número de empleados de estas empresas públicas sigue siendo numerosísimo y su costo incalculable, basta con señalar que en mayo el Consell tenía previsto equiparar el sueldo de los directivos de las empresas públicas de modo y forma que ninguno superara el tope salarial de 68.000 euros brutos anuales.
No quiero pensar en que la política de contratación de personal para desempeñar su trabajo en estas empresas públicas haya sido hecho de forma alegre y sin un estudio previo de las necesidades reales, pero bien claro está que ahora sobran casi 5.000 empleados y esto no es por circunstancias de la crisis, estas empresas públicas generaban pérdidas, no debían producir beneficios por su propia naturaleza, pero si se decía por parte del Consell que iban a propiciar que los gastos se redujeran cuando han aumentado de forma más que escandalosa, estos entes ya producían pérdidas muy altas mucho antes de que la crisis se iniciara. No voy a entrar en esos oscuros recovecos de si se contrataba con criterios de necesidad real o de otra naturaleza, en cualquier caso si diré que alguien se confundió y entró en esa situación que marca los días de vino y rosas cuando en realidad era pan para hoy y hambre para mañana. Los hechos así lo demuestran. Si es cierto que sobran 5.000 empleados pertenecientes a empresas públicas hay que sopesar el alto costo que han estado soportando las arcas de la Generalitat que se nutren de los impuestos que pagan los ciudadanos. Si esto así se pone de manifiesto, una vez más, la nefasta gestión de Zaplana, Camps y ahora de Albert Fabra por no haber puesto freno a esta sangría. Son diecisiete años de Gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana por ello sería de todo punto inadmisible que le echen la culpa a los “otros”.
En cualquier caso y apuntando que se debería pedir cuentas a los responsables de que 5.000 trabajadores se vean en la calle mediante este despido masivo que el Consell piensa llevar a cabo, pregunto: ¿Se trata de que sobra personal o que por los motivos que fuere se contrató a más del necesario?
