Los ERE de Andalucía
El 18 de febrero de 2011 publiqué en el diario “Aragón Liberal”, muy vinculado al PP, y que posteriormente lo ha borrado de su hemeroteca digital, por razones que ignoro, el artículo siguiente, que entrecomillo, (y reproducido en mi libro ESCRITOS LIBERALES, págs. 66-68, ed. Círculo Rojo, Almería, 2012). Desgraciadamente los hechos, que son tozudos, me han dado la razón, con cinco años de retraso.
Decía así:
“Es realmente tercermundista, propio de un país bananero, lo que está sucediendo en Andalucía.
Estamos, ab initio, ante presuntos delitos de falsedad de documentos oficiales, en concurso ideal con delitos de malversación de caudales públicos.
En su día cursé la carrera de Graduado Social, ejerciendo durante varios años como profesional liberal.
Era finales de los años setenta y principios de los ochenta y por desgracia tuve que tramitar varios expedientes de regulación de empleo, abreviadamente ERES, para empresas en dificultades, unas veces representando a las empresas afectadas y otras defendiendo los intereses de los trabajadores, que llevaban meses sin cobrar, el empresario había desaparecido, etc.
Debo decir, en honor a la verdad, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tenía perfectamente regulada la tramitación de los ERE, y era absolutamente imposible “colarles” irregularidad alguna. Los impresos correspondientes, donde se relacionaban los trabajadores incluidos en el ERE, debían llevar todos los datos personales de los beneficiarios –o afectados, según se mire-, nombre y apellidos, documento nacional de identidad, fecha de alta en la empresa, categoría profesional, número de afiliación a la seguridad social, etc.
Independientemente de todos estos datos, que se presentaban por el promotor del expediente, graduado social o abogado, normalmente, posteriormente la Seguridad Social o el Inem, no recuerdo con certeza, tenía que certificar la veracidad de los datos expuestos, por lo que evidentemente no podía incluirse a nadie que no figurase como trabajador de la empresa, con la antigÁ¼edad correspondiente, que lógicamente no podía modificarse, etc.
Mensualmente las empresas tenían –y tienen- que presentar sus impresos de cotización, en donde figura la relación nominal de todos y cada uno de sus empleados, categoría, antigÁ¼edad, número de seguridad social, etc., con lo cual se podía verificar –y de hecho se verificaba- la total coincidencia entre los datos aportados de parte y los existentes en los sistemas informáticos –o documentales, por aquel entonces, que no había tanto archivo informático como ahora- de la Seguridad Social.
En resumen, el control era, y estoy seguro de que seguirá siendo, total y absoluto.
¿Qué ha sucedido para que se hayan “inventado” trabajadores inexistentes en las empresas afectadas, falsificando documentos oficiales, pues los ERES son expedientes del Ministerio de Trabajo? O en el caso de Andalucía, de la Junta, al tener transferida la competencia en materia laboral, pero sigue siendo un organismo público, por lo que los documentos que emanan del mismo tienen la categoría de documentos oficiales.
¿Quiénes han sido los autores y cómplices de estos delitos? ¿Qué funcionarios no han hecho su trabajo, y han mirado para otro lado, dejando de comprobar la certeza de los datos existentes en los ERES en cuestión, y generando la consiguiente malversación de los caudales públicos?
Pues esa es la segunda cuestión. Independientemente de la falsedad de documentos oficiales, que está bastante clara, ab initio, repito, hay una malversación de caudales públicos, puesto que los trabajadores incluidos en el ERE pasan a percibir la prestación contributiva por desempleo, o directamente la jubilación anticipada, dependiendo de sus edades y períodos de carencia –cotización- anteriores, así como a percibir las indemnizaciones correspondientes por la extinción del contrato de trabajo, bien de la empresa afectada o, caso de insolvencia de la misma, del Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo que se financia con una parte de nuestras cotizaciones a la seguridad social, y maneja por consiguiente fondos públicos…
Como profesional, teórico y práctico, del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, puedo y debo decir que una operación de tal envergadura solamente es posible realizarla por orden de las autoridades políticas y administrativas correspondientes: Consejero de Trabajo, Director o directores generales correspondientes, Letrados y funcionarios que “vigilan” –es un decir- la legalidad del procedimiento, etc.”.
Actualidad del caso de los ERE de Andalucía
Y añado ahora, visto el auto del juzgado correspondiente, procesando a Chaves y Griñan por el caso de los ERE de Andalucía:
Además las autoridades políticas que adoptaron estas decisiones han podido incurrir en delitos de prevaricación administrativa, al “adjudicar” alegremente, gratis et amore, el dinero público a sus amiguetes y correligionarios, sin hacer una convocatoria de subvenciones, con un procedimiento reglado, control de legalidad, publicidad de las concesiones en los boletines oficiales correspondientes, exigencia del reintegro de las cantidades recibidas caso de no destinarse al fin para el que fueran concedidas, etc.
En otras palabras, han hecho uso del programa “porco”, como decía el director general de trabajo, es decir el dinero público se regalaba a quien querían “por mis cojones”.
Todos y cada uno de ellos son autores, cómplices o cooperadores necesarios en la realización de los hechos delictivos enumerados al comienzo del artículo.
Confío y espero que, aunque tarde, todo el peso de la ley caiga sobre todos y cada uno de ellos. Y que se consiga recuperar una parte sustancial del dinero público destinado a los parados, repito, no a cuatro mangantes, además de a dos ex presidentes nacionales de la PSOE y dos ex presidentes de la Junta de Andalucía.
