Los últimos tiempos son pródigos en noticias que escapan al límite considerado normal; es decir, ajustaríamos el atributo si las calificamos de prodigiosas. Entre todas, destaca aquella que reseña el informe fiscal, remitido por Hacienda al juez Castro, sobre el patrimonio de la infanta Cristina. Según se desprende del mismo, la señora de Urdangarín enajenó trece fincas -rústicas y urbanas- por un importe total cercano al millón y medio de euros. Queda oculto el piso, garaje y trastero sitos en Pedralbes. Con gran asombro, no exento de escándalo, la infanta negó que fuera propietaria de esos bienes transferidos, al parecer, únicamente por Montoro. Por el contrario, sí era poseedora del que había vendido en Pedralbes e ignorado por la Agencia Tributaria.
Tamaña metedura de pata -quizás enjuague lisonjero, tosco y antiestético- comporta un serio atropello a la Ley. Desde obstrucción a la justicia y falsedad en documento público hasta presunta o probable complicidad en evasión fiscal (incluso blanqueo de capitales), los responsables políticos de Hacienda, asimismo, han tomado el pelo a los sufridos contribuyentes. Sin embargo, todo acaba reducido a trece errores; cifra que genera gran recelo popular auspiciado por altas dosis de superstición. Dos yerros asume esta institución que proclamaba, hace años, ser de todos y once atribuye a unos cabezas de turco que merodeaban por allí: notarios y registradores. Hacienda, “nuestra Hacienda”, nos chalanea, exprime, persigue, subestima y maltrata, pero no miente; se equivoca un poco. Bueno, en realidad lo hace Rita. La existencia de “agujeros negros”, inmunes al protocolo asiduo de inspección, son maledicencias de gente suspicaz y desinformada. ¿Captan la ironía?
La Infanta siempre protegida por un buen ‘paraguas’…Ante la alarma social que generan estas noticias -más en el tramo final de la declaración del IRPF- los responsables políticos del ministerio -escondiendo el rostro, perdón quiero decir la cara- difunden una nota. Expedida con nocturnidad y alevosía (marco tópico de crímenes que conforman el paradigma del relato policiaco), procuró serenar unos ánimos ciertamente revueltos. Su contenido ayudaba poco a conseguir el objetivo. La incidencia, decía, vino de un error desencadenado por un deneí perverso y con evidente inclinación a repetirse, cual cromo coleccionable, contrariando versiones policiales. Técnicos de este cuerpo, han corroborado la imposibilidad de encontrar dos documentos identificativos con numeración gemela. Doctores tiene la Iglesia. Sea como fuere, la Agencia ha roto no digo ya aguas sino su virginidad. Perdido el juicio que contraviene la pauta que se reconoce como válida (definición de error), según propio testimonio, Hacienda queda deslegitimada para suponer deseo o propósito voluntario los errores de los demás, salvo prueba irrefutable alejada de cualquier estimación subjetiva.
El error es humano, inclusive cuando haya indicios claros de equipararlo -sin maldad- a una actitud descarada de camuflaje. La voluntariedad, siendo personal e intransferible, es un dictamen que realiza alguien ajeno y, por tanto, queda al descubierto, supeditado a conducta (tal vez acomodo) del árbitro. Desde hace meses, mi concepto de la Hacienda Pública arrastraba ciertas dudas respecto a su imparcialidad e higiene. Nuestra mente contributiva anida la idea de que el rasero utilizado, cuando ha de calibrar realidad y declaración, debe aproximarse mucho a la varita del mago que suele aturdir mediante un ocultismo peregrino, advenedizo. Los errores del ciudadano, por nimia que sea la cantidad, acarrean expedientes sancionadores. Conservo alguna experiencia cercana. Algo más de cuatrocientos euros, provocaron la multa de ciento cinco a consecuencia de un error natural. Creo innecesario examinar las diferencias de proceder con unos y otros. Inadmisible. No pongo en cuarentena, proclamo la dejación de estos políticos que se muestran enérgicos con los débiles y pusilánimes ante los poderosos
Convicción, enseña el diccionario, implica seguridad que tiene alguien sobre la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Por crédulo y necio que apunte un ciudadano, con las noticias que sirve el desayuno cada día, ha de cambiar de actitud y opinión referida a aquellas instituciones que le afectan en su vida ordinaria. Sin duda, una de las que más rechazo produce tiene connotaciones dinerarias. Hoy, percibe informaciones que hablan de enredos, misterio, trato diferenciado. Las conjeturas se truecan certidumbres. El crédito se gana o pierde al compás de acciones concretas, algunas repugnantes. Mal está que el individuo sea engatusado por aventureros que tienen por costumbre inveterada incumplir sus promesas y transacciones. Esto, lo acepta aun de mala gana. Tocarle el bolsillo de manera usurera, ladina y desigual, no tiene escapatoria ni perdón.
Quien posea información, incluso ayuno de suspicacia, tiene el convencimiento, asegura -como lo hago yo- que donde pone la mano un político corrompe su naturaleza y comportamiento. Ha ocurrido con la justicia, educación, Cajas de Ahorro, sentimiento nacional y, por lo intuido, Hacienda. En fin, el orbe institucional. Encima, son soberbios seguramente porque es la forma de expresión más refinada que tiene la estupidez. Ante esta convicción, el pueblo debe oponer una dignidad rocosa, innegociable. No queda otra escapatoria; pundonor frente a exceso, latrocinio y miseria.
