30/07/2012- En anteriores artículos, he denunciado como se manifiesta la dictadura del capital mundial en los distintos países, ante la zozobra y cuestionamiento sistémico advertido, por parte de los trabajadores y el pueblo en general. También, como utilizan distintos regímenes políticos para salvaguardarse y reproducirse: sean democráticos burgueses (nutridos bajo la ideología del “consenso social”: ciudadanos electos por votación popular y “a plazo fijo”, como presidente o congresista), o fascistas, cuando el “consentimiento social” ha perdido toda base de sustentabilidad a sus intereses.
La crisis va descarnando ante el pueblo trabajador, el verdadero rostro de toda esta mentira. Se hace evidente que el “consenso social” es toda una patraña ante nuestros ojos; cuando los electos representantes, sucumben arrodillados ante “lobbystas” capitalistas – quienes estos últimos, el pueblo no los ha elegido-, y en vez de cumplir sus promesas electorales, pareciera atacarles un tipo de amnesia colectiva que les hiciera borrar de sus mentes, el verdadero móvil, del porqué el pueblo los ha puesto ahí.
Estoy seguro, que los pueblos no elijen suicidarse; el gran capital, tampoco. De allí la conflictividad: ¿Quién paga “los platos rotos”?
Perdóneme, lecto/ra , por la insistencia en preguntarle. Es que me interesa su opinión: ¿Votó Ud. su propio desempleo y el de su vecino/a, sin ayuda social; sin porvenir para sus hijos/as y por un ajuste monumental para salvar a los bancos?. ¿Acaso, eligió representantes para que desde el FMI, La Comunidad Europea o Bruselas les exijan lo que ud. debe hacer? ¿Votó que lo reprimieran, si en su actual desesperación, lo lleva al reclamo de un techo donde alojarse, y/o por el trabajo perdido, y/o la insuficiente comida del día, y/o por salud deficitaria, y/o la educación decadente de sus hijos/as.…?. Si no ha hizo usted, ¿entonces quién impartió las directivas hacia “sus representantes” electos y en función?…
En argentina, existe una ley de criminalización de la protesta y otra llamada “ley antiterrorista”. Ambas, van en dirección de contener las demandas sociales, bajo las cuales, varios centenares de trabajadores, dirigentes sociales y políticos están siendo procesados en la actualidad. En España parece ir en la misma dirección, según informa un matutino argentino, publicando que “en una decisión excitada por la agudización de la crisis y las protestas contra su plan de ajuste y la reforma laboral, el gobierno español decidió endurecer su control interno anunciando la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), un organismo de vigilancia similar al que la Casa Blanca instauró en la gestión de George W. Bush, tras la caída de las Torres Gemelas”[i].
Según el mismo matutino, se estaría gestando una reforma al Código Penal, restringiendo convocatorias a movilizaciones por vía internet y condenando con penas de prisión a las “resistencias pasivas “ en las calles.
En el Boletín Oficial español, se informa que el funcionamiento del DSN incluye “analizar los escenarios que suponen o derivan en un peligro para la seguridad nacional” y “diseñar las acciones gubernamentales que, llegado el caso, permitirán reconducir las situaciones de emergencia”.
Jorge Fernández Díaz, ministro del interior de España, tras la huelga general en Barcelona, afirmó que la reforma del Código Penal considerará delito de pertenencia a organización criminal” las convocatorias a través de internet o de cualquier red social de “protestas violentas” o que “alteren gravemente el orden público”. Se atrevió a ir más allá, bajo un ataque de honestidad intelectual, el consejero de Interior de Catalunya, Felipe Puig, al decir que “buscamos (que se reformen las leyes) para que la gente le tenga más miedo al sistema”… Confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no?
Finaliza la información diciéndonos que, “aunque los juristas españoles señalan que todos los gobiernos ceden ante la tentación de legislar en función de los obstáculos que se les presentan, lo llamativo es que el Ejecutivo de Rajoy pone a las protestas como una de sus problemáticas más destacadas”.
Países tan distintos en su desarrollo económico, como político – llámese “monarquía parlamentarista”, “populismo”, o “democracia” (España, Argentina, EEUU, respectivamente)-, aplican la misma receta para defender los intereses del gran capital: leyes “correctivas” contra los trabajadores y el pueblo, cuyo objetivo es “tenerle más miedo al sistema”… capitalista.
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