Al cabo de 4 décadas, la crisis económica , la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el creciente descrédito de la institución Monárquica han hecho revisar tales esquemas, incluida la tesis de la supuesta reconciliación nacional propagada por la “mass media” de la época de la Transición , todavía pendiente de su finiquito legal.
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Así, el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas ha concluido en su informe preliminar que “el Estado español debería asumir la tarea de esclarecer las más de 114.000 desapariciones forzadas que se produjeron en España durante la guerra civil y la dictadura franquista” y ha lamentado que no haya «ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada«, lo que atribuyen a «una combinación de diversos factores, como la interpretación de la Ley de Amnistía de 1977”, (conocida como Ley de la Reconciliación en la terminología transicionista).
Parafraseando a Wright Mills en su libro The Power Elite (1.956), el establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, militar, jerarquía católica,universitaria y mass media del Estado español que serían los herederos naturales del legado del General Franco y que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet), iniciando asimismo una deriva totalitaria que habría ya convertido a la seudodemocracia española en rehén del establishment y que tendría como objetivo último la implementación en el próximo quinquenio del “Estado Tardofranquista”.
Asistiríamos pues a la escenificación de una lucha enconada entre un Tribunal Supremo, devenido en garante y tabla de salvación de las élites político-financieras del establishment inmersas en el top-ten de la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias y el Tribunal Constitucional convertido en el último reducto de la resistencia democrática ante la progresiva implementación del nuevo Estado Tardofranqista. Dicho nuevo Estado beberá de las fuentes del centralismo jacobino francés y del paternalismo de las dictaduras blandas y vendrá refrendado por iniciativas como la aprobación de la nueva Ley de Educación (Lomce);el rechazo del Grupo Popular a la proposición no de ley de IU para “sancionar penalmente los actos de apología de la dictadura franquista así como la actividad delictiva de los grupos de ultraderecha”, la implementación de la censura en Internet tras el cierre decretado por la AN de la web “Ateak Ireki” y la previsible modificación del Código Penal para constriñir hasta su nimiedad los derechos de huelga, reunión y manifestación.
Así, no sería descartable la próxima modificación de la actual Ley de Huelga a petición de la CEOE y una nueva y agresiva reforma del Código Penal, en la que se penalizará la resistencia a la autoridad (tanto activa como pasiva) y la convocatoria de concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación, (incluido Internet y las redes sociales como Facebook, Twitter), con el objetivo inequívoco de hacer realidad la frase de Fraga en su etapa de Ministro de la Gobernación del régimen franquista (“La calle es mía”), a lo que se añadirá la adopción en las ciudades gobernadas por el PP como Madrid, de medidas anticívicas calcadas de la Ley franquista de Buen Gobierno (1948) y la posterior implantación en todo el Estado español de un clon de la Ley de Vagos y Maleantes (ley nacida en la II República y adoptada por aclamación por el régimen franquista).
Finalmente, asistiremos a la implementación de la Doctrina Aznar que tendría como ejes principales la culminación de la «derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa» y el mantenimiento de la «unidad indisoluble de España«, lo que se traducirá en el finiquito de la representación institucional lograda por EH Bildu en base al apoyo popular mediante la ilegalización del partido abertzale Sortu (tras la remisión por UPyD a la Fiscalía del TSJPV de una denuncia penal contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, al que acusa de «justificar y reivindicar la actuación de ETA«) y en la prohibición de la celebración del referéndum sobre la independencia en Cataluña, medidas que conllevarán el final de la más larga experiencia seudodemocrática de la historia del Estado española (35 años).
