Seguridad alimentaria frente a transgénicos
Agricultores, plataformas ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil celebraron hace unas semanas la decisión de Monsanto de retirar las solicitudes de comercialización en la Unión Europea de sus semillas genéticamente modificadas. Tras enfrentarse a sus protestas y a interminables trabas burocráticas, la multinacional líder en producción de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) se encontró también con la oposición de la Comisión Europea, recelosa ante los riesgos que esta práctica puede suponer para la salud y el medioambiente. Y es que muchas de las semillas que Monsanto planeaba exportar tienen modificaciones genéticas que les permiten resistir a los herbicidas convencionales. Su cultivo conlleva un uso de herbicidas mayor y más potentes, que a menudo también son comercializados por la propia multinacional. Además, las semillas transgénicas no permiten su reproducción y se han de adquirir nuevas antes de cada cosecha, lo que supone un enorme gasto que no termina de convencer a los agricultores, a pesar de su delicada situación.
Lo cierto es que los transgénicos nunca han arraigado en Europa. En los últimos años, Hungría ha destruido campos de maíz genéticamente modificado, Grecia o Alemania han prohibido estos cultivos y Francia ha vetado el uso de cualquier semilla modificada. Se calcula que en el mundo hay 170 millones de hectáreas plantadas de OGM y que apenas 100.000 se encuentran en Europa. La mayoría de ellos se encuentra en España, el único país de la Unión Europea (UE), según Greenpeace, que cultiva transgénicos a gran escala, con el 90% del maíz modificado.
Monsanto, que entró en España en 1970, ha conseguido renovar la exportación del maíz Mon810, a pesar de la decisión de la Comisión Europea. La laxitud de la legislación española, la falta de un plan agrícola claro y el apoyo ciego del Gobierno demuestran la estrecha relación entre el país y la poderosa multinacional. Blanca Ruibal, responsable de agricultura de la ONG Amigos de la Tierra, advierte de que el 67% de los experimentos con transgénicos que se realizan al aire libre en Europa tienen lugar en España: “Existe una gran opacidad en torno a estas prácticas. Nunca se sabe dónde están ubicados los cultivos experimentales, a pesar de que hay una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que obliga a los gobiernos a comunicar dónde se encuentran. En España se oculta la información”.
Cuando Monsanto u otras empresas solicitan realizar experimentos al aire libre para probar sus productos, la mayoría de los países europeos se niegan. España no, lo que le ha convertido en un laboratorio perfecto. Tal es la docilidad del estado español que Estados Unidos le presionaba y utilizaba para que favoreciese en Bruselas la introducción de los transgénicos, como desvelan unos cables diplomáticos revelados por Wikileaks.
Una de las tesis más esgrimidas por las compañías que comercializan con OGM es que su uso puede contribuir a combatir la escasez de alimentos en el planeta. El multimillonario fundador de Microsoft y accionista de Monsanto, Bill Gates, llegó a afirmar que los cultivos transgénicos son la solución para acabar con el hambre en el mundo.
Un argumento que no se sostiene cuando vemos que la mayor parte de los OGM que se comercializan no se destinan a la alimentación, sino a la producción de piensos para animales. En Argentina, principal productora de soja del mundo, más del 90% de la producción es transgénica, repartida en más de 19 millones de hectáreas de monocultivo que antes se dedicaban al ganado, a verduras y hortalizas. Miles de campesinos empobrecidos que antes vivían de labrar la tierra han emigrado con sus familias desde que Monsanto se estableció allí.
Lo mismo sucedió en la India con el algodón, o en Kenia, donde una variedad de boniato transgénico introducido por Monsanto resultó ser menos productivo que el boniato convencional.
La información está derribando los muros de las oligarquías empresariales, y permite conocer las consecuencias de los transgénicos para la salud y el medioambiente. La decisión de la UE viene precedida de masivas movilizaciones en México, Argentina, Chile o Puerto Rico protagonizadas por una ciudadanía organizada e informada que denuncia un abuso que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, una línea roja que nunca debiera haberse sobrepasado en favor de beneficios económicos privados.
