En términos relativos, que no absolutos, España tiene una de las bandas anchas más caras de nuestro entorno, según ha publicado la OCDE, y aunque los usuarios ya lo intuíamos desde hace tiempo, lo cierto es que no por ello podemos dejar de llevarnos las manos a la cabeza.
Internet es, hoy en día, una herramienta fundamental para la competitividad de las empresas y para el desarrollo del capital humano de las personas, y si se instaura una barrera de entrada tan elemental como el precio se consigue dificultar la reducción de la brecha competitiva que todavía nos separa de los países punteros de la Unión Europea.
Este exceso de precio viene predeterminado por las condiciones de privatización y posterior liberalización del sector de las telecomunicaciones en nuestro país, con derechos de pernada a favor de Telefónica, que pudieron tener un sentido en un principio, pero que ya quedan un poco anticuados desde el punto de vista de un mercado en libre competencia.
El sector de las telecomunicaciones en España requiere una liberalización absoluta desde este mismo momento para que los ciudadanos puedan acceder a una banda ancha competitiva, a un precio adecuado al nivel de ingresos de la sociedad española, y con ello se consiga mejorar la competitividad de nuestras empresas y la productividad de nuestros trabajadores.
Dejar pasar esta realidad mirando hacia otro lado es seguir dando pasos hacia atrás en nuestro crecimiento como país y como sociedad. El gran objetivo de los próximos 10 años debería de ser la presencia de conexión a Internet de banda ancha en todos los hogares españoles.
