Existe una norma constitucional en la que discrepo totalmente. Es en lo referente a la imposibilidad de postularse o votar en elecciones nacionales (derechos políticos) por ‘renunciar’ a la nacionalidad panameña. Vamos a definir mejor. La constitución nacional establecía en su articulo 13 (hasta las reformas constitucionales de 2004): “la nacionalidad panameña de nacimiento no se pierde, pero se entiende su renuncia expresa si se solicita al órgano ejecutivo o su renuncia tacita si entra al servicio de un estado enemigo”. Con las reformas constitucionales de 2004, aprobadas por la Asamblea Nacional (saliente y entrante) durante el cambio de gobierno de Moscoso a Torrijos (única forma de no someterlas a referéndum popular) se modifico este articulo 13 a saber: “la nacionalidad panameña de nacimiento no se pierde, pero se entiende su renuncia expresa si se solicita al órgano ejecutivo o su renuncia tacita si entra al servicio de un estado enemigo o se adquiere otra nacionalidad”.
Es decir que han equiparado adquirir otra nacionalidad, con servir a un estado enemigo. Por Dios, que irracional despropósito e irresponsabilidad estatal en la planificación de políticas publicas, establecimiento de normativas legislativas y constitucionales. Pero con esta reforma constitucional de 2004, ahora renovada excerta 13 de la constitución (y las reformas electorales que la regulan), resulta que conservan su nacionalidad, pero pierden por renuncia tacita a su ciudadanía o derechos políticos, es decir a poder elegir o ser elegidos en elecciones nacionales. Vamos, tal como el ex presidente Arnulfo Arias, que perdió dichos derechos político por diez años, al ser juzgado por la Asamblea Nacional en 1951, mientras el líder panameñista tranquilamente se leía una novela en el banquillo de acusado del Parlamento con una total indiferencia ante la incongruencia de la persecución politiquera criolla, empero la historia le llevo a ser nuevamente electo presidente en 1968. Y ahora tenemos al alcalde capital electo, Bosco Vallarino, que no podrá ejercer el cargo al que fue electo por mayoría popular de los ciudadanos, por haber adquirido además a la nacionalidad norteamericana, en lo que debería ser su derecho a la doble nacionalidad.
Vale aclarar que la legislación electoral permite a los panameños la doble nacionalidad, sea por adquisición de otra nacionalidad (la nacionalidad panameña de nacimiento no se pierde, pero ahora se le suspende la ciudadanía) o por tener derecho a otra nacionalidad por ser hijo o nieto de un extranjero. En Panamá convivimos con personas de origen judío, árabe, hindú, chino y de otros países, que tienen doble nacionalidad, la panameña (originaría o adquirida) y la de sus padres o de nacimiento. Aun mas, existe una gran cantidad de panameños, radicados en el exterior, mayormente en Estados Unidos, pero también Canadá, Europa, Latinoamérica y otros países, que después de años de haber emigrado estando radicados por trabajo y haciendo vida en otros países, adquieren otra nacionalidad, conservando además su nacionalidad panameña (doble nacionalidad).
Para mayor despropósito, resulta que con las reformas electorales del 2004, se estableció el derecho de los panameños radicados en el exterior de votar en las embajadas panameñas en otros países. Todavía en el Tribunal Electoral no cuenta con un censo completo de cuantos panameños están radicados en el exterior (algunos que ya pudieron votar en las pasadas elecciones de 2009), pues solicitaron mediante comunicado a todos los panameños radicados en el exterior su libre empadronamiento en las embajadas y consulados, expresando en una aparte del formulario que testifique ‘no tener otra nacionalidad adquirida’. Esta misma reformas electorales de 2004 establecía un sanción de prisión de dos años a conversión a multa a quien fuera detectado votando en elecciones nacionales teniendo otra nacionalidad adquirida, salvo que sea la doble nacionalidad por ser un derecho de ser hijo o nieto de extranjero.
Ahora bien, es cierto que Panamá no se ha caracterizado en su historia por ser un país de emigrantes que se van a otros países, mas bien ha sido de inmigrantes que llegan a radicarse a Panamá. No importa que tan difíciles sean la condiciones socioeconómicas o circunstancias políticas, el panameños esta enraizado a su tierra, que no lo abandona con facilidad para inmigrar en aras de un futuro mas prospero. Hay casos de excepción, tal como la numerosa comunidad de panameños en EE.UU., una gran mayoría de orígenes afro-antillanos (de Panamá ó Colón) que se radicaron en EE.UU., algunos con nacionalidad norteamericana adquirida. Se estima que puede haber mas 300 mil solamente en Nueva York. Otros caso aparte son los panameños que durante la crisis de 1987-1989 emigraron a Canadá, que solidariamente abrió las puertas a muchos panameños aquejados por la situación socioeconómica y política vivida en esos años, algunos regresaron cuando la situación del país mejoro, y otros tantos se quedaron radicados en Canadá, donde adquirieron esa nacionalidad. Sin mencionar a los diversos jóvenes profesionales que en la actualidad se radican por buenas ofertas de trabajo ejecutivo en EE.UU. o Europa, radicados por años en esos países, y algunos adquiriendo otra nacionalidad, pues tiene vida, familia, trabajo o negocio en esos países.
Y aseguro que todo es un despropósito, producto de la falta de previsión y planificación publica en materia legislativa e institucional. Porque nada nos puede asegurar a los panameños que en el futuro, un situación socioeconómica (o política) desfavorable lleve a oleadas emigratorias como ha ocurrido en hermanos países de Latinoamérica. Por el contrario, en Panamá se observa de forma errada, que el recurso humano es ‘propiedad exclusiva’ de la nación, casi equiparando al emigrar con entrar al servicio de un estado enemigo, como si una tía que vive en EE.UU. fuera igual a los panameños que apoyaron a la invasión norteamericana a Panamá de 1989. En el ámbito de los estudios migratorios se ha llegado a entender que las migraciones, son un fenómeno que datan desde la antigÁ¼edad, y que generalmente benefician a ambos países, el de origen y el de acogida (por que les requiere en su economía, contribuyendo a su desarrollo y bienestar). Como mayor ejemplo están los emigrantes salvadoreños, cubanos y mexicanos en EE.UU. o también ecuatorianos, colombianos y bolivianos en España. Todos estos países latinoamericanos sufrieron crisis económicas recesivas, inestabilidad política e incluso guerras civiles (de lo cuales los panameños no estamos exentos de padecer a cualquiera de estas calamidades en el futuro), obligando a cientos de miles a emigrar.
Sin embargo la remesas que estos envían a sus familiares a sus países ascienden a miles de millones de dólares o euros al año, e incluso varios bancos internacionales han establecido la opción de que estas remesas generen interés acumulativo, que sirve al inmigrante para capitalizar y poder crear pequeñas empresas en sus países de origen a través de sus familiares. De igual forma, los gobiernos de los países de acogida tiene planes especiales de cooperación para el desarrollo con los países de origen de sus inmigrantes radicados en sus países, y muchos de estos inmigrantes una vez prosperado en negocios y profesiones en sus países de acogida son un puntual de inversiones y cooperación al desarrollo hacia sus países de origen natal o ancestral, sin descartar su notable contribución al desarrollo y bienestar de los países que les acogen, que por razones demográficas y socio-económicas les requiere al inmigrante en diversos sectores laborales de su economía, también creando empresas, pagando sus impuestos al Estado y contribuyendo a la seguridad social. De igual forma en sus países de origen sus gobiernos responsablemente nunca han renunciado a la protección de velar (a través del servicio exterior) por sus compatriotas radicados en otros países (aunque tenga doble nacionalidad), permitiendo el ejercicio pleno de sus derechos políticos (votar en las embajadas y consulados). Recordemos al presidente ecuatoriano Rafael Correa en su ultimo mitin político en Madrid junto con la comunidad de ecuatorianos en España, que le apoyo abrumadoramente en las elecciones, o los datos que situaron al presidente salvadoreño Mauricio Funes como favorito en el conteo electoral en la comunidad de emigrantes en EE.UU. (donde el FMLN tiene oficinas de representación política).
Ejemplos históricos abundan. Otrora España, que tuvo que soportar una guerra civil, una dictadura fascista, mas una situación socioeconómica y política desfavorable durante años (1930-1979), por lo que tuvo millones de emigrados o exiliados en otros países, como México, Argentina, Francia o Rusia, siendo una comunidad política pro republicana progresista de importancia política, social, cultural y económica en esos países, que hoy definen con sus votos en el exterior a las elecciones españolas, y además sus descendientes son acogidos como españoles a vivir, trabajar o invertir en su patria ancestral española, que goza de una actual situación de desarrollo económico y estabilidad política. Los mismo ocurre con la comunidad judía o la comunidad palestina (históricamente enfrentadas), que mas que pertenecer al Estado de Israel o a la Autoridad Palestina, están desperdigadas en diáspora y éxodo en comunidades en diversos países del mundo, sintiendo como propias ambas patrias, la originaria-histórica-racial y la de acogida-natal, contribuyendo con la prosperidad de sus negocios, inversiones y ayudas de cooperación a la consolidación de sus países de origen y al desarrollo de sus países de acogida.
Por eso considero como un mayor despropósito de improvisación e imprevisión publica de la Republica de Panamá, esa dicha reforma constitucional del articulo 13, con la contradictorias reformas electorales que regulan a dicha excerta constitucional. Los Estados están obligados, según la misma constitución y en las declaraciones internacionales de derechos humanos, a crear las condiciones propicias en el país que garanticen la consecución de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, es decir el derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, servicios públicos, etc. Cuando las realidades del subdesarrollo impiden al Estado lograr en su plenitud estas condiciones de vida, muchos seres humanos se ven obligados a la emigración al mundo desarrollado, que les requiere en su economía. En Panamá las condiciones socio-económicas y de estabilidad política son actualmente mejores que en otros países hermanos de Latinoamérica. Roguemos a Dios que no quiera que en el futuro los panameños tengamos que padecer calamidades antes citadas, como crisis económicas recesivas e inestabilidad política (ya padecidas en 1987-1989), o aun peor de dictaduras o guerras civiles, que obliguen a muchos compatriotas a emigrar (o exiliar) en otros países, desobligándose entonces el Estado panameño a toda su responsabilidad de velar para con sus nacionales radicados (naturalizados) en el exterior por no considerarlos sus nacionales, hasta que nos llegue a Panamá el momento del entendimiento proverbial que las migraciones son – y han sido – un fenómeno natural e histórico de la humanidad.
