El Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Presupuestos, 2010, que ha enviado al Senado para su revisión, antes de aprobarlo definitivamente. Del examen presupuestario se han derivado más de 500 votaciones particulares. Hay un argumentario general por parte de los grupos nacionalistas: La Administración Central debe adelgazarse y los Presupuestos han de servir para el fortalecimiento de “los gobiernos del respectivo País autonómico”. El Partido Popular, por su cuenta, ha mantenido su torticero argumento coyuntural: – Zapatero, autor de la crisis asentada en España, no tiene credibilidad alguna como guía a la salida de la misma. El Grupo Parlamentario Socialista, que sostiene al Gobierno, defiende los Presupuestos por austeros –descienden los gastos corrientes en un 3’9% – por comprometidos a favor de las políticas sociales –el 51’6% del Presupuesto se dedica a la atención a desempleados y personas necesitadas de atención por dependientes- por iniciadores de nuevos modelos de crecimiento, realzando las inversiones en educación –el presupuesto educativo crece 3’4%, también en este ejercicio de crisis; en los años 2005-2009, la inversión en investigación ha crecido un 173’6%, pasando de los 11.929 millones de euros de 2000-2004 a los 31.066 millones de euros 2005-2009: el triple que el último cuatrimestre de Aznar. De este modo, podemos argumentar por qué se vota a favor, en contra o siempre en contra, como lo hace el Grupo Parlamentario Popular: tiene que sacar sacas de votos por la crisis financiera y económica que padece España y que el PP quisiera que fuera también crisis social. En el examen de la sección 22, que trata de Política Territorial, hubo un sesgo ideológico significativo: el Diputado Merino López se opuso a lo presupuestado para esta sección, no porque le pareciese poco o mucho lo presupuestado, sino porque la Vicepresidencia tercera del Gobierno, Política Territorial, debe desaparecer. El Ministro Manuel Chaves ya se había declarado federalista cooperativo, que define de este modo: “debe tratar el hecho diferencial; debe tener una actitud leal de todos los partidos políticos, tanto estatales como nacionalistas democráticos; debe reconocer el principio de subsidiariedad; debe establecer mecanismos de cooperación entre el estado y los gobiernos autonómicos y debe reformarse el Senado para adaptar la Cámara Alta a la representación territorial “con un pacto de Estado”. El Diputado Pérez Tapies citó con elegancia a Francisco Ayala, Pi y Margall y Blas Infante para la defensa no sólo presupuestaria, sino que , compartiendo la inteligencia del Estado de su Ex Presidente andaluz, Pérez Tapies defendió, “si no exactamente un federalismo corporativo, sí un autonomismo corporativo”, denunciando la actitud política enfatizada por el portavoz popular; “por seguir enganchado –el PP- a la concepción de una España única, un bloque monolítico en el que no puede conjugarse en serio la pluralidad de España”. Mientras aplaudíamos la acertada denuncia de Pérez Tapies –PSOE- a Merino López –PP- advertía el conservadurismo no constitucional del PP y por tanto la incomodidad de María Dolores Cospedal, Secretaria General del partido nacional, cuando ha de afrontar derechos autonómicos de Castilla-La Mancha, Autonomía que aspira a Presidir. Analizaba el desajuste que ha propiciado Cospedal en las Comunidades valenciana (Camps) y madrileña (Aguirre). Desde que preside el PP de Castilla-La Mancha, ha dificultado el progreso en políticas autonómicas propias, sean las de los derechos estatutarios, económicos o sociales. Para María Dolores Cospedal (igual que para Aznar) la mejor autonomía, la mejor Castilla-La Mancha, es la que no exista.
