Ha sido una de esas noticias que te dejan bastante sorprendido y más que eso, mosqueado. Hace pocos días leía en el titular de un periódico digital lo siguiente:”El Gobierno da luz verde a la privatización de bodas y divorcios·. “Las parejas podrán casarse o divorciarse ante notario o registrador mercantil previo pago de 95 euros. Gallardón justifica esta medida para “descongestionar” los juzgados”.
Lo de que los notarios puedan intervenir en formalizar matrimonios o divorcios no me pareció nada raro, ahora bien, lo que me produjo gran extrañeza es que los registradores mercantiles puedan intervenir en estas cuestiones. Porque puesto así y teniendo en cuenta que el matrimonio es una especie de sociedad, dicho sea guardando las distancias, cualquiera podría pedir al Registro Mercantil una copia de la documentación de la “sociedad” inscrita que estaría a disposición de quien la solicitara para saber cuál es su “capital social” y los nombres y apellidos de los socios que la forman así como su participación en la misma, es decir, si estaría en régimen de gananciales o de separación de bienes, a más de que a esta ·sociedad” como a otra cualquiera inscrita en el Registro Mercantil se le podría exigir la presentación de las cuentas anuales y más aún pagar el Impuesto de Sociedades. No, esto no está claro, me dije y posteriormente al escuchar la noticia en radio y televisión y en la prensa escrita he sabido que las competencias en bodas y divorcios las tendrán los notarios y que los registradores mercantiles entenderán en otras cuestiones que hoy se dirimen en los juzgados, pero en bodas y divorcios no. Si las bodas civiles nunca han sido bien vistas por la Iglesia Católica y por sus fieles beatos, no quiero pensar como se habrían puesto al enterarse de que las parejas pueden casarse en el Registro Mercantil, si como a mí me ocurrió, leyeron la noticia tal como la dio ese periódico digital.
En cualquier caso creo que el “progre” de Gallardón unas veces, como en la reforma de la Ley del Aborto, se pasa y otras no llega. Yo creo que a partir de que las parejas puedan contraer matrimonio en un juzgado o en un Ayuntamiento y de que ahora lo puedan hacer en una notaría, a la Iglesia le va a suponer que le ha salido un competidor más. Si las estadísticas nos dicen que cada vez son más las parejas que deciden casarse por lo civil, en el juzgado o en el Ayuntamiento, y sin tener en cuenta las que deciden unir sus vidas sin llevar a cabo ninguna de estas dos posibilidades y dejando también al margen a la Iglesia, si las estadísticas, repito, nos dan cuenta de que los matrimonios civiles superan a los religiosos, ahora con esto de los notarios la cosa se le pone peor a la Iglesia Católica.
Es de esperar, seguro, que la reacción de la Conferencia Episcopal Española (CEE), con su presidente Rouco Varela al frente no va a ser la de mostrarse indiferente ante esta nueva disposición en materia de casamientos. A la hora de escribir este comentario no ha habido pronunciamiento alguno por parte de la CEE, pero seguro que a nivel de despachos lo habrá. De todos modos y tal y como le están surgiendo los competidores me veo a los obispos ofreciendo el dos por uno. O sea, que por el mismo precio casan a la pareja y bautizan a sus hijos.
