Esa bomba de relojería que para mí y en mi opinión, es el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para acallar las críticas que está suscitando su proyecto de ley de Seguridad y Protección Ciudadana, argumenta que los que se muestran contrarios a ella no se la han leído, una pobre argumentación ya que no es necesario leerse todo el proyecto de ley, basta simplemente con valorar las desproporcionadas sanciones que en la misma se aplicarán a todos aquellos, que según el criterio policial, cometan cualquier acto que puede ser considerado como grave o muy grave y que sea un policía y no un juez el que valore o considere el grado de la falta cometida. Los que mostramos nuestra disconformidad, que somos muchos, lo que si tenemos también muy claro es que aquí de lo que se trata es de convertir las calles de los pueblos y ciudades de España en cañadas reales que es por donde circula el ganado, en simples palabras: No se conforman Rajoy y sus corifeos con su certeza de que los ciudadanos somos tontos de remate sino que quieren convertirnos en verdaderos borregos.
Foto: Marianne PerdomoEstá claro que con esa ley de “protección”, que es para protegerse ellos, el salir a la calle a manifestarnos libremente nos puede resultar más caro que si conducimos borrachos. Recientemente se ha reunido la Comisión de Interior del Congreso y ha acordado “in extremis” con los votos de PP y CiU, incrementar de los 500 euros actuales a 1.000 euros por dar positivo en el control de alcoholemia, pero solo se sancionará con la cantidad máxima, mil euros, cuando se duplique la tasa permitida, es decir cuando se dé un gramo de alcohol por litro de sangre. También será de mil euros cuando el conductor se niegue a someterse a la prueba de alcoholemia cuando sea reincidente.
O sea que si alguien va medio borracho o lleva una cogorza de las de aquí te espero y va conduciendo un vehículo con el consiguiente riesgo para la integridad física de otras personas, la cosa se puede solucionar con una multa de 500 o 1.000 euros, pero si participas en una manifestación, que por cierto refiriéndose a esta forma de protesta ciudadana el Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, ha dicho que no hay que alarmarse por ello porque hasta ahora la gran mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, pero si participas en una manifestación, repito, y ocurre algún incidente en el que uno se pueda ver involucrado indirectamente o porque la policía ha considerado que se le ha opuesto resistencia, caso como el de resistirse al control de alcoholemia , la cosa te pueda salir más cara por desobediencia a la autoridad en el caso de una manifestación. Si el beodo es “primerizo” y no quiere pasar el control, pues no lo pasa y aunque vaya “alegrete” no pasa nada, que siga su camino y a quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga. O sea que ir borracho conduciendo un vehículo te puede salir muy barato, pero si ejercitas tu derecho a manifestarte pública y libremente te puede salir muy caro. El vino es barato y la libertad es cara. Las sanciones van desde los 1.000 a los 600.000 euros. Cada vez me preocupa más este ministro de mirada huidiza. La armará, es cuestión de tiempo.
