El pasado 17 de octubre, fecha en la que Haití conmemora el asesinato del prócer independentista Dessalines, miles de pobladores de las comunidades humildes salieron en una masiva protesta a exigir cuentas por el despilfarro de los recursos del fondo de Petrocaribe.
Haitians protest to call for an investigation into the alleged misuse of Venezuela-sponsored PetroCaribe funds by previous administrations, in Port-au-Prince, Haiti September 2, 2018. REUTERS/Jeanty Junior Agustin
La jornada masiva del 17, precedida por movilizaciones menores, fue reprimida y dejó un saldo de decenas de heridos y al menos dos personas asesinadas, cuando los cuerpos represivos atacaron en Puerto Príncipe a una multitud para abrir paso a la caravana presidencial. El presidente, Jovenel MoÁ¯se, tuvo que huir cuando manifestantes le lanzaron piedras mientras intentaba dar un discurso ante un monumento de Dessalines.
Desde entonces las protestas han continuado y está anunciada una nueva gran jornada para el 18 de noviembre, otra fecha histórica relacionada con la derrota de las tropas napoleónicas por parte de los revolucionarios haitianos en 1803. La historia de la primera revolución antiesclavista triunfante está presente en las luchas actuales.
El convenio de Petrocaribe, por medio del cual el gobierno venezolano ha subsidiado la compra de petróleo y combustibles desde el ingreso de Haití en 2006, debía servir al Estado haitiano para financiar proyectos de infraestructura, pero la percepción general es que ha alimentado fundamentalmente la corrupción y negocios favorables a grandes empresas nacionales y extranjeras. Aunque ya se había realizado una investigación parlamentaria cuyas conclusiones eran poco claras, la presión popular obligó al Senado a realizar en noviembre del año pasado una segunda investigación sobre el uso de los recursos de Petrocaribe en el período 2008-2016, en la cual se cuestiona el uso de unos dos mil millones de dólares.
El Estado haitiano adquiere el petróleo venezolano con descuento y pagando un 40% de su valor, mientras que el restante 60% se convierte en deuda con bajas tasas de interés, revendiendo ese petróleo en el mercado interno y usando el excedente para proyectos de infraestructura. Se estima que el fondo resultante de la reventa interna del petróleo ha sumado en estos años unos 3,8 mil millones de dólares. Pero las autoridades haitianas sobrefacturaban en moneda local el costo de la compra del petróleo, luego sobrefacturaban los gastos en las obras. Aprovechando declaratorias de emergencia en el marco de varios desastres naturales, se adjudicaron obras obviando los procedimientos legales normales, muchas de las cuales quedaron inconclusas.
En agosto de este año arrancó a través de las redes sociales el llamado Petrochallenge, una campaña mediante la cual los participantes se fotografían portando un cartel con la consigna «¿Dónde está el dinero de Petrocaribe?» (Kote kÁ²b Petwokaribe a?). Rápidamente se masificó, con gran impacto también en la diáspora haitiana. Una primera movilización el 24 de agosto se dirigió al Tribunal de Cuentas.
La protesta del 17 de octubre ratificó que se ha abierto una nueva situación política luego de las impresionantes jornadas de julio de este año en las que el pueblo trabajador derrotó el gasolinazo del FMI y obligó al primer ministro y su gabinete a renunciar. El gobierno del empresario MoÁ¯se, que estuvo a punto de caer durante aquellas protestas, sobrevivió pero quedó muy debilitado. Desde sus inicios fue un gobierno precario: asumió el poder en febrero de 2017, como sucesor de Martelly, de quien es correligionario en el partido derechista TÁ¨t Kale, luego de dos elecciones fraudulentas. En la última de ellas recibió apenas medio millón de votos en un universo de 6 millones de votantes registrados.
El 22 de octubre, el gobierno viró su posición de considerar la corrupción como un asunto de exclusiva competencia judicial: se destituyó al jefe de gabinete, Laleau (ex ministro de Finanzas de Martelly) y al secretario general de la presidencia, así como a 16 asesores más señalados por su involucramiento en la corrupción de Petrocaribe. Lejos de lograr aplacar las protestas, esa misma noche se inician en el barrio capitalino de Bel-Air marchas nocturnas llamadas Petrobizangó, cuyo nombre alude a una de las tradiciones de la cultura vudú. En su desesperación, esta misma semana el partido oficialista llegó a declarar que participaba en las protestas contra la corrupción, una maniobra para confundir que evidencia la desesperación del gobierno. La oposición patronal también está muy desprestigiada, algunos de sus dirigentes han intentado acercarse pero han sido repudiados y expulsados de las movilizaciones.
La responsabilidad del gobierno venezolano
La década comprendida entre 2004 y 2014 representó para Venezuela la mayor bonanza petrolera de su historia. El presidente Chávez aprovechó esta circunstancia para crear en 2005 el convenio Petrocaribe, con el declarado propósito de procurar la integración regional y atenuar los efectos negativos del incremento sustancial del precio del petróleo para economías dependientes de su importación en el Caribe. Desde sectores de la oposición de derecha venezolana se cuestionó el comercio con los países caribeños, especialmente con Cuba, y los mecanismos de crédito contemplados por Petrocaribe. La oposición de izquierda, por el contrario, sin cuestionar el comercio con el Caribe y la solidaridad, lo que cuestionaba era la reproducción de dinámicas clientelares y el apoyo político y económico del chavismo a gobiernos reaccionarios en la región, lo cual se alejada de un verdadero internacionalismo que beneficiara las luchas de los pueblos por su propia liberación.
Ante las crecientes denuncias de corrupción en el manejo del dinero de Petrocaribe, el gobierno venezolano en varias ocasiones ha respaldado a las autoridades haitianas cuestionadas por corrupción, dando indicios de complicidad y posible implicación en la corrupción. Por ejemplo, en una declaración pública en 2015, Bernardo Álvarez, quien entonces era presidente de PDV Caribe, expresaba su satisfacción por la gestión de los fondos de Petrocaribe en el período 2012-2014, precisamente el período al que corresponden las mayores irregularidades reveladas por las investigaciones. El embajador de Venezuela en Haití entre 2007 y fines de 2015, Pedro A. Canino González, aseguró en 2013 que el presidente Maduro estaba «muy satisfecho con el modo en que el gobierno de Haití ha invertido los fondos de Petrocaribe». Nuevamente, en junio de 2015, mientras Martelly visitaba Caracas, en el marco de la celebración de los 10 años de existencia de Petrocaribe, el embajador venezolano consideró el uso de los recursos como «ejemplar». MoÁ¯se visitó Venezuela en noviembre de 2017 y Maduro se deshizo en alabanzas, firmando un acuerdo adicional de cooperación económica. No puede olvidarse que en Haití existe un régimen oligárquico sustentado en la ocupación militar extranjera luego del golpe de estado realizado por tropas yanquis en 2004. A partir de entonces, la ocupación ha corrido principalmente por cuenta de tropas latinoamericanas provistas por gobiernos «progresistas» de Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, que integran la Minustah y su reducido sucesor, la Minujusth.
Urge la solidaridad con la lucha del pueblo haitiano
La agobiante situación económica, con causas estructurales relacionadas con el saqueo y las intervenciones imperialistas durante todo el siglo XX, con reformas neoliberales que han destruido su producción agrícola y profundizado su dependencia respecto de las importaciones, y con el saqueo y la corrupción descarada por parte de gobiernos dictatoriales y democrático-burgueses, se agrava con la caída de los suministros de petróleo subsidiado y el aumento del precio internacional del petróleo. Crece la presión inflacionaria, que desde 2016 oscila en torno al 14% anual. Pese a que en julio la movilización popular derrotó el gasolinazo, el impacto inflacionario inicial de la medida no se revirtió del todo. Millones de haitianos carecen de acceso a los más básicos servicios, el sistema de salud está colapsado y es muy precario hasta el acceso al agua, que en muchos barrios no llega por tubería sino que hay que comprarla a camiones cisterna.
En este marco ocurren las jornadas de julio y el actual proceso de lucha. Debemos difundirlo y apoyarlo en toda Latinoamérica, sumándonos a la exigencia de castigo a los culpables y que se recupere el dinero robado para que se use en la atención a las necesidades más apremiantes del pueblo trabajador. Por ejemplo, en República Dominicana existe un importante movimiento contra la corrupción y la impunidad, la Marcha Verde, que podría establecer lazos de solidaridad con el movimiento haitiano de lucha contra la corrupción. Otra tarea importante es emplazar al gobierno venezolano a que colabore con las investigaciones y establezca sus posibles responsabilidades en el desfalco. Estamos ante una ola de protestas que puede cambiar el rumbo del país.
Simón Rodríguez, militante de la UIT-CI
http://www.uit-ci.org/index.php/mundo/2018-04-05-19-26-05/2138-2018-10-29-16-42-34
