La doctrina afirma que el crimen organizado se caracteriza por la comisión de delitos que producen beneficios a través de la provisión de bienes y servicios ilegales (prostitución forzada, trabajo forzado, drogas ilegales, objetos robados, flora y fauna protegidos, vehículos robados etc.), y a través del control ilegal de los sectores económicos legales, actividad muy entroncada con la corrupción y otros comportamientos que suponen una alteración delictiva de la vida política, social y económica.
Los datos actuales indican que el panorama criminal está caracterizado por la proliferación de las asociaciones criminales como forma más habitual de gestación de los delitos, y que la organización criminal es menos frecuente por la mayor rigurosidad de sus requisitos conceptuales. Sin embargo, el tratamiento político del fenómeno delictivo presiona a las instituciones a difuminar los límites entre la simple asociación criminal y la organización criminal, de modo que las estadísticas policiales no establecen diferencias entre unas y otras, dando la impresión de que el crimen organizado se encuentra extendido en nuestro país hasta unos extremos que, desde luego, son incompatibles con la realidad que el ciudadano percibe en su vida cotidiana.
Por otro lado, y en lo que se refiere a la gravedad del fenómeno, incluso en países donde el crimen muestra su lado más duro, la violencia y brutalidad responde en muchas ocasiones a un modelo de asociación criminal con control físico de territorio (lo que se llamaría en la clásica terminología policial banda o cuadrilla criminal), más que a un modelo de crimen organizado tal y como se entiende desde la concepción europea, muy focalizada a la idea de empresa criminal donde se establecen estrategias, planifican actividades y optimizan beneficios a través de mecanismos de corrupción, y cuya gravedad se relaciona ante todo con su repercusión sobre la vida económica y social más que con las consecuencias tangibles o inmediatas para el ciudadano de a pie.
En lo que se refiere a la génesis del fenómeno, la hipótesis actual políticamente correcta y ampliamente difundida, es que el crimen organizado corrompe las instituciones del Estado y a sus miembros, posibilitando de esta forma la impunidad de los delincuentes. Los poderosos grupos de crimen organizado se gestarían de esta forma en el exterior de la Administración, infiltrándola como consecuencia de sus ambiciones de control de los procesos que pueden comprometer los beneficios ilícitos.
Una hipótesis alternativa es que el crimen organizado se gesta en el interior de la Administración Pública, a partir de cuyo nido se generan o atraen a las asociaciones de delincuentes, que adquieren su cualificación de “organizaciones criminales” precisamente por su contacto con los individuos o grupos que proceden del interior de las instituciones. La corrupción no se produce desde fuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, salpicando a las actividades económicas que, de una u otra forma, tienen en la Administración un elemento presente en casi todas las fases de desarrollo del negocio.
Mientras tanto, la confusión entre las actividades del crimen organizado y la delincuencia cometida por asociaciones de individuos distrae la atención social hacia grupos delictivos más o menos peligrosos, sin duda, pero que no tienen capacidad real para afectar a las instituciones, mientras que se presta menos atención a los focos reales de desestabilización política y económica: las personas que desde las instituciones distraen los recursos públicos para enriquecerse manteniendo su apariencia de respetabilidad por su relación íntima con representantes políticos y funcionarios de alto nivel, o por su propio carácter de políticos o funcionarios. Desde este punto de vista, esas muy mencionadas organizaciones externas a la Administración Pública que planifican sus actividades como empresas criminales son mucho más instrumentos utilizados que agentes generadores de corrupción.
Si esta hipótesis es correcta, la lucha contra el crimen organizado es, ante todo, la lucha contra la corrupción que se gesta dentro de las administraciones públicas por quienes ostentan el poder para gestionarlas y utilizan ese poder de forma torticera e interesada.
Acertada o no, nadie puede negar que esta hipótesis resulta incómoda, muy incómoda.
