El golpe de Estado obedece más al rechazo de la oligarquía a las políticas sociales y a la amenaza a sus intereses neoliberales que a una posible consulta popular.
¿Alguien se cree en serio que preguntar a la población si aceptaría un referéndum sobre una posible (que no segura) reforma constitucional sea la causa real del golpe de Honduras? Ni en el más etílico delirio.
Como ha escrito el sociólogo español Antonio Pérez, «es absolutamente inédito que se produzca un golpe de Estado para evitar una encuesta. Porque, aunque los medios de comunicación lo presentaran como referéndum para reelegir indefinidamente a Zelaya, la convocatoria era realmente una encuesta de opinión».
Entre tanto, Corina, una cooperante española en Honduras, nos escribe que «hay bastantes detenidos, entre ellos Ernesto, coordinador de una ONG que trabaja con jóvenes pandilleros. La verdad es que a Ernesto le tienen ganas de hace tiempo por hablar claro». Y Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, denuncia que hay quinientos detenidos. También hay numerosos heridos. Y un muerto, el joven de 19 años Obed Murillo, quien recibió un disparo en la cabeza al abrir fuego los soldados contra miles de manifestantes que esperaban pacíficamente el regreso del Presidente Zelaya cerca del aeropuerto de Tocontín, en Tegucigalpa.
¿Qué ocurre en realidad en Honduras?
Honduras es uno de los países más pobres del continente americano. El 63% de las familias hondureñas sufre desnutrición (síntoma innegable de pobreza) y miles de menores viven en la calle. En 2006 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Estados Unidos. Honduras lo suscribió con la esperanza de aumentar sus exportaciones y conseguir inversiones extranjeras. Pero éstas incluso disminuyeron y aumentó el déficit comercial de Honduras con Estados Unidos. La agricultura hondureña se empobreció aún más y se beneficiaron las multinacionales agropecuarias. Y perdieron el empleo muchos trabajadores del sector hondureño de medicamentos genéricos, porque así lo exigía la protección de patentes farmacéuticas del tratado de libre comercio.
Este tratado no comportó beneficio para los hondureños, sino todo lo contrario (como ya ocurrió años antes en México). Y el presidente Zelaya giró a la izquierda. En 2008 hizo ingresar el ente petrolero hondureño en Petroamérica (empresa formada por compañías estatales petroleras latinoamericanas) e incorporó Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).
Una versión light (o políticamente correcta, que viene a ser lo mismo) de la causa del golpe de Estado la ofrece el ex-vicepresidente de Costa Rica y analista Kevin Casas-Zamora, quien declaró a BBC Mundo que «Zelaya se quedó sin apoyo de la élite política y estaba enfrentado al Congreso. Esa situación creó un dilema de gobernabilidad, sólo superable si Zelaya abandona sus pretensiones de modificar la Constitución y se crea un mecanismo que permita al ejecutivo y a los diputados tomar decisiones de manera colegiada». ¿Lo captan? Se trata de que el Presidente Zelaya (al igual que la soberana de Inglaterra) reine, pero no gobierne.
Zelaya, multimillonario y oligarca, creyó sin embargo que debía gobernar para todos los hondureños y no solo para una minoría privilegiada. Entonces le llamaron populista y le organizaron un golpe de Estado con inverosímiles razones. Pero ni un solo Estado ha apoyado a los golpistas, más aislados que un atolón del Pacífico.
Ha sido un golpe neoliberal, en beneficio de los más ricos y de la escuálida clase media que aspira a ser rica. Como decía Capone a sus lugartenientes, cuando le planteaban problemas aparentemente incomprensibles, hay que seguir la pista del dinero. Saber quién se queda con el dinero suele explicar muchos enigmas aparentes.
Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor
