Me ha llamado mucho la atención los datos publicados en el último estudio sobre política fiscal del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 85 por ciento de los ciudadanos españoles decía que los impuestos no se distribuyen con justicia en España. Desde las primeras encuestas, en este aspecto la opinión pública no ha cambiado. La Hacienda Pública ha contemplado cambios de régimen poltítico, incoporación de España a la UE, reformas tributarias, una mayor eficacia en el control por la Administración, pero el discurso del contribuyente y de cualquier paisano que me puedo encontrar cualquier día por la calle continúa igual: la distribución de la carga fiscal no responde a la idea de justicia dominante. Los impuestos no son suficientemente progresivos y no redistribuyen la renta con arreglo a las convenciones sociales dominantes, y la percepción de fraude generalizado es un grave obstáculo para que se cumpla el principio de justicia.
El sistema tributario es útil para financiar el gasto público, pero no es un instrumento eficaz para una redistribución de la renta. El cumplimiento de ese objetivo social se alcanza mejor a través del gasto público. Si mayor progresividad real es un objetivo que escapa a las posibilidades de los impuestos, la equidad horizontal, que paguen igual personas con igual capacidad económica, tampoco se ha alcanzado para la mayoría, por la distinta capacidad para ocultar sus ingresos.
En mi opinión, a nuestros gobernantes que conocen del asunto, no les interesa avanzar en nada que signifique justicia en la distribución de impuestos. Los escasos debates que podemos seguir nunca se menciona. Su única preocupación (en teoría por el bien para España), en su celoso y más que dirigido por los poderes fácticos proceso de reducir gastos, muy preocupados ellos por que la operación puede no ir acompañada de un celo análago por parte de todas las comunidades autonómicas y las entidades locales, que, en conjunto, representaron el 60 por ciento del gasto del Estado el año pasado.
Trichet se dirigió también al gobierno de España exhortándole a multiplicar sus medidas anticrisis.
Tengo la impresión que esta situación que la búsqueda de la prosperidad es muy deseable, pero a cualquier precio no tanto, pero con desequilibrios terminará pagándose muy cara.
