Iniciativa Legislativa Popular por la Custodia Compartida… una absurda quimera
- Carlo María Cipolla tras estudiar la conducta de los humanos, acabó enunciando su famosa Teoría de la Estupidez en su ingenioso panfleto de 1988 titulado Allegro ma non troppo (Contento, pero no tanto).
- En su libro, Cipolla nos da la visión de que la gente estúpida constituye un grupo tan o incluso más poderoso que organizaciones como la Mafia o lo que en su tiempo se llamaba la Internacional Comunista.
Foto: custodiacompartida.com.es
Cipolla afirma que la legión de los estúpidos, pese a no poseer ninguna reglamentación u organización conocidas, o líderes o «manifiestos fundacionales», parece que se hubiera confabulado para lograr una coordinación increíble.
Aunque en el libro anteriormente mencionado pueden encontrar las leyes fundamentales de la estupidez, permítanme hacerles un pequeño resumen:
– Siempre e inevitablemente, cualquiera de nosotros subestima el número de individuos estúpidos en circulación.
– La probabilidad de que una persona dada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica propia de dicha persona.
– Una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna, o, incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso.
– Las personas no-estúpidas siempre subestiman el potencial dañino de la gente estúpida; constantemente olvidan que en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, asociarse con individuos estúpidos constituye invariablemente un error costoso.
– Una persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que puede existir.
Por deducción, de la tercera ley, Cipolla identifica dos factores a considerar cuando se explora la conducta humana
– Beneficios y pérdidas que un individuo se causa a sí mismo.
– Beneficios y pérdidas que un individuo causa a los otros.
Bien, una vez hechas estas precisiones imprescindibles, déjenme que les cuente algo más y mencione algunas digresiones también necesarias y me aparte aparentemente del meollo de la cuestión
Hubo un tiempo, ya muy lejano, hace más de tres lustros (un lustro es igual a cinco años, para las víctimas de la LOGSE y demás leyes educativas «progresistas») que algunos padres de familia divorciados nos empeñamos en crear organizaciones para luchar contra las injusticias derivadas de la aplicación de la primera ley de divorcio aprobada en España en 1981 (en realidad la segunda históricamente hablando, aunque la primera, en la Segunda República Española no llegó casi a aplicarse y fue una mera anécdota) la mencionada ley, conocida como «ley Ordóñez», ordenaba que por sistema los hijos en caso de divorcio se quedaran a vivir con su mamá, y fueran apartados de sus papás, aunque a los segundos les otorgaba compartir la llamada «patria potestad» con sus ex esposas, cosa de facto imposible si apenas tienen contactos con sus hijos y no están presentes en sus vidas cotidianas, evidentemente cuando se habla de patria potestad se está hablando de la toma de decisiones de cuanto concierne a la educación y a la crianza de los hijos menores… La ley de 1981 ordenaba, también, que nunca se otorgara ninguna custodia exclusiva paterna en caso de que los hijos fueran menores de siete años.
Ni que decir tiene que, pese a la obligada reforma que la ley experimentó, por ser inconstitucional y discriminar a los padres, varones, los jueces y fiscales siguieron aplicando el mismo esquema de ruptura de pareja y condenando a los hijos a situaciones de orfandad, de manera cruel y estúpida. Un día llegó un tal Zapatero y prometió acabar con semejante barbaridad, suscitó enormes esperanzas en muchos padres, madres, abuelos, familias extensas de hijos de padres divorciados, y acabó convirtiendo aquel maravilloso proyecto de reforma del derecho de familia en uno de los mayores fraudes legislativos desde la muerte del General Franco hasta nuestros días.
El gobierno socialista anunciaba en septiembre de 2004 que iba a reformar lo concerniente al divorcio, la custodia de los menores y la liquidación del régimen económico de gananciales, siguiendo el modelo de su correligionaria francesa, Segolene Royal, ministra entonces de Familia en el Gobierno Francés de «cohabitación» formado por conservadores y socialistas, presidido por el conservador Jacques Chirac.
Bien pronto, algunos empezamos a ver que aquello era el timo de la estampita, un completo paripé y anunciamos (y desgraciadamente acabamos acertando) que las cosas no iban a mejorar, sino que iban a ir a peor; pues aunque la ley de 1981 no preveía la posibilidad de la custodia compartida, no la impedía, y por entonces ya estaba habiendo jueces valientes que comenzaban a otorgarlas…
Lo primero que hizo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue aprobar en el parlamento la ley más canalla y criminal de las que se le haya ocurrido a alguna mente humana, la LVIOGEN, ley de «violencia de género» de 28 de diciembre de 2004, al dictado del lobby feminista de género (también llamado feminazi) que impedía por completo la custodia compartida, a la vez que promovía e invitaba a la denuncia falsa por supuesto maltrato, y garantizaba un completo éxito a las mujeres en los pleitos de divorcio. La ley de divorcio de 8 de julio de 2005 (también conocida como de «divorcio exprés») consolidó plenamente la canallada, incluyó de hecho la posibilidad de que las mujeres repudien a sus esposos y se apropien de sus hijos y del patrimonio acumulado durante la convivencia y alejen definitivamente a los hijos de sus padres, a la vez que impiden la participación de estos últimos en su educación y crianza.
Foto: custodiacompartida.com.es
Durante aquellos años unos cuantos papás, un grupo pequeño pero bien organizado, logró hacer mucho ruido. Elaboramos informes que hicimos llegar a los parlamentarios, con la intención –ingenuos nosotros- de influirles y hacerlos cambiar de opinión, y mientras pudimos logramos convencerlos de que éramos muchos y que nos respaldaban multitud de damnificados por la legislación de divorcio inspirada por la denominada «perspectiva de género», así como que podíamos hacer inclinarse la balanza hacia un lado u otro a la hora de unas elecciones y que estaban obligados a tenernos en cuenta… hasta que acabaron descubriendo que detrás de nosotros había mucho ruido (y acciones más o menos impactantes y espectaculares) y muy pocas nueces…
El tiempo fue pasando y quienes estábamos implicados en aquella lucha desigual, en la que la mayoría éramos «David contra Goliat, pero sin honda y sin piedra que lanzar», íbamos envejeciendo (y fuimos víctimas de múltiples y terribles represalias por parte de jueces, fiscales, etc. e incluso algunos lo pagaron con cárcel) se fueron incorporando algunos con apenas ninguna o nula experiencia de organización o de lucha (los pioneros en esta «guerra» por el contrario sí la teníamos, además de formación tanto profesional como académica…) y desgraciadamente poca o ninguna gana de aprender de lo que otros ya habíamos sembrado, ¡Ni falta que les hacía!, eran al parecer de la generación «mejor preparada» de la historia de España, esa que ha nacido con ciencia infusa, y no lee, no escucha, y considera que los que les precedieron eran unos incapaces que no daban para nada y todo lo hicieron rematadamente mal.
La nueva generación, aparte de ser también «cuatro gatos», no lee, no se informa (ya digo, ¡Ni falta que le hace!) ha adoptado hasta el lenguaje feministoide, de género, el léxico de nuestros enemigos, y para más INRI, se alían con los partidos políticos promotores de leyes creadas para destruir a nuestras familias y apartarnos de nuestros hijos, a la vez que privan a los hombres, varones, de la presunción de inocencia, y de otros derechos constitucionales.
Tras este preámbulo, pasemos a la penúltima ocurrencia de los que ahora se arrogan la representación de los cientos de miles de damnificados por las criminales leyes antifamilia: LA PRETENDIDA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR POR LA CUSTODIA COMPARTIDA.
La Constitución española prevé la iniciativa popular en su artículo 87.3 y siguientes y en la ley reglamentaria (Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular). Se requieren 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos.
El proceso se inicia mediante la presentación de la documentación en la Mesa del Congreso de los Diputados. La misma examina la documentación remitida y se pronuncia en el plazo de 15 días sobre su admisibilidad. La ley establece que el plazo para reunir firmas tiene una duración de 9 meses.
En España 500.000 personas son aproximadamente un uno por ciento de la población. Pero son suficientes para llenar casi seis veces el Estadio Santiago Bernabéu. Quizás por eso conseguir que todas se pongan de acuerdo para firmar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ha sido tan complicado que tan sólo ha habido sesenta y tantas propuestas en 38 años. Y de ellas, sólo 9 consiguieron reunir las firmas suficientes en el plazo estipulado. Una vez que la proposición es admitida por la Mesa del Congreso de los Diputados, quienes la proponen disponen de nueve meses para recoger las 500.000 firmas y entregarlas a la Junta Electoral Central. Si pasados los nueve meses no se consiguen las firmas suficientes, la iniciativa caduca.
Si la proposición logra recoger las firmas suficientes y una vez que éstas han sido comprobadas y verificadas debidamente, el Congreso dispone de seis meses para que entre en el orden del día de un Pleno. Pero, una vez en la Cámara Baja, continúan las trabas.
El Congreso ha de tomar la ILP (INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR) en consideración y, pasar a ser debatida en el pleno, para lo cual, obviamente, es necesario que tenga una buena acogida por parte de los partidos políticos con representación parlamentaria.
Que se sepa, por este procedimiento solamente tuvo éxito una ILP, en concreto en la VI Legislatura (1995) y supuso la modificación de un artículo de la Ley de Propiedad Horizontal, acerca de la reclamación de deudas comunitarias.
Pues bien, un grupo de personas encabezado por un abogado que dice ser también «mediador familiar ha promovido una ILP con la intención de que se generalice la Custodia Compartida en España, y que en los tribunales de familia y ordinarios se acabe aplicando la Jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto.
Según indica la página web de los organizadores de tan magno evento, en el momento actual llevan recogidas alrededor de 6.500 firmas, y les queda de plazo 242 días, o sea alrededor de 8 meses…
En el supuesto de que en ese plazo de tiempo logren recoger las 493.500 firmas que aún no tienen, a los organizadores de la movida, parece que se les ha «olvidado» advertir a su club de fans, a sus entusiastas seguidores (en los que han levantado una tremenda ilusión y grandísimas expectativas) de que no hay apenas posibilidad de que el Congreso de los Diputados acepte debatir la propuesta de «proyecto de ley sobre custodia compartida», y menos aún que acabe siendo votada con suficiente mayoría y acabe convirtiéndose en ley y publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Claro que «estos lapsus» son comprensibles en gente que también tiene la desmemoria, o tal vez la memoria selectiva que les lleva también a olvidar que tal pretensión, en el supuesto -remotísimo- de conseguir el éxito que pretenden sus promotores, sería papel mojado mientras no se derogue la LVIOGEN, ley de violencia de «género» de 28 de diciembre de 2004, que fue creada ex-profeso, a propósito, para impedir la Custodia Compartida, aparte de otras perversidades como privar a los hombres, varones, de la presunción de inocencia, destruir a nuestras familias y apartar a los papás de sus hijos, y por supuesto, garantizar un pleno éxito a las mujeres en los pleitos de divorcio, y en la liquidación del régimen económico de gananciales. Muchos de los promotores, también, como son gente muy «leída», formada e informada suelen votar a partidos contrarios a la custodia compartida, y animan a los damnificados, perjudicados por la actual ley de divorcio y la LVIOGEN a votar a los partidos que las apoyan y aplauden de forma entusiasta, como es el caso del partido de Albert Rivera…
En fin, huelgan más comentarios; quizá uno más
Lo más lamentable, terrible, imperdonable, es que esta gente desinformada, arrogante está creando falsas expectativas, tremendas frustraciones y un enorme plus de sufrimiento en gente que no se lo merece y que bastante tiene con soportar, sobrellevar su penosa existencia, su dolor por los daños que les han causado en sus rupturas matrimoniales o de pareja.
Parece que a estos arrogantes desinformados les trae al fresco que haya habido alrededor de un millón y medio de denunciados, detenidos, procesados por denuncia falsa en los últimos diez años en España, que se suiciden casi mil hombres inmersos en procesos de divorcio cada año, y que cientos de miles de niños y niñas, millones hayan sido condenados a ser huérfanos durante las últimas décadas. Según demuestran lo importante para ellos es estar conectados a las llamadas redes sociales, llorar y compadecerse unos a otros y maldecir su situación, y vuelta a empezar; y de vez en cuando -creyéndose que son una especie de «flautistas de Hamelin»- convocan a salir a la calle, a procesionar y vocear a los viandantes. Según demuestran, aún ignoran que las leyes se hacen, se derogan, se cambian, en el Congreso de los Diputados, y por supuesto los partidos políticos que apoyan y aplauden las leyes criminales de «género» no están por la labor de cambiarlas o derogarlas, y estos ignorantes y arrogantes insisten en votar e invitar a la gente a votar a los mismos partidos políticos que los estafan y traicionan…
¡Así nos va!
