Una foto comprometedora, un comentario de mal gusto, suplantar la personalidad de otro o una multa por orinar en la vía pública de hace treinta años, puede ser información indeleble y pública en el ciberespacio. Además, cualquier usuario puede acceder a ella con un simple clic. Lo que hasta no hace mucho parecía un juego, hoy a más de uno le supone un auténtico quebradero de cabeza. Son los nuevos conflictos que surgen en la “galaxia Internet” a causa de la colisión de derechos fundamentales, como son el de libertad de expresión, intimidad y protección de datos.
En el año 2009, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recibió más de 4.000 reclamaciones, un 75% más que en el 2008. Con el uso de Internet los conflictos se han extendido y las constituciones y los códigos nacionales a penas recogen jurisprudencia sobre el tema. Los usuarios empiezan a reivindicar el “derecho al olvido”. Á‰ste consiste en poder borrar la información personal irrelevante que afecte a la privacidad o intimidad personal. La idea de la Unión Europea es extender a la red las leyes que legislan la vida cotidiana. Pero lo que en el “mundo real” está tipificado en los códigos y es posible llevar a cabo mediante los procedimientos rutinarios, en Internet se convierte en un proceso kafkiano y complicado.
A pesar de las dificultades, la AEPD no acepta un no por respuesta. “Ningún ciudadano que no goce de la condición de personaje público ni sea objeto de un hecho de relevancia pública tiene que resignarse a que sus datos personales circulen en la red”, asegura.
El problema de teclear el nombre de alguien y hacer clic es que los motores de búsqueda de Google producen un efecto multiplicador y van dejando un rastro difícil de borrar. Es el caso de una mujer que recibió un indulto en el año 1995. Cada vez que su nombre era tecleado salía junto a él la información que se había publicado en su día en el Boletín Oficial del Estado –BOE. “El problema no es el alud de información sobre una persona que puede albergar Internet, sino que sea información imperecedera”, explica para El País Artemi Rallo, director de la AEPD.
Con toda la información que se genera y con el boom de las redes sociales, este tipo de casos se están multiplicando. En el año 2009 el importe en multas ascendió a unos 25 millones de euros. La UE quiere poner las bases para que este “mundo paralelo” no sea tierra de nadie y que el almacenamiento de la información no sea eterno. Y sobre todo para que los usuarios tengan el control de aquellos datos que no son de interés público y con el que se puede hacer mucho daño. Es el caso de un importante empresario al que le suplantaron el perfil de Facebook. Mintieron en su nombre e inventaron cosas suyas, tanto del ámbito público como del personal.
Ya hay empresas que han visto el negocio y se dedican a mediar en este tipo de conflictos. Es el caso de salirdeinternet.com. Por unos 50 euros se encargan de hacer desaparecer la información no deseada que se encuentra en la red.
El buscador Google se escuda en que, a pesar de ser él que multiplica la información y la propaga por todo el mundo, él no es el que controla el contenido de las páginas web. A pesar de esto, muchas veces, después de borrar la información no deseada de la página, Google sigue reproduciendo la información porque ésta ya se ha colado por otros lugares.
La UE quiere regular este vacío legal que permite que la información de los usuario vaya de aquí para allá sin control alguno. Pero la jurisdicción de la Unión solo afecta al continente europeo, y, los datos personales, al igual que las transferencias financieras, recorren el mundo sin temor a las fronteras ni a las barreras espacio temporales, y se saltan todas las constituciones a una velocidad exultante. Aunque los europeos regulasen el problema no estaría solucionado. Haría falta una normativa mundial, para un medio de comunicación global.
David García Martín
Periodista
