Juez y parte en la negociación colectiva y mediador viciado para el futuro, coordinador desacreditado para el diálogo social en base a lo políticamente correcto y ajeno al sentido común económico, más preocupado por los votos de las próximas elecciones que por sacar al país de la crisis económica, el Gobierno se ha reunido hoy con los sindicatos y con la CEOE, en privado con los primeros, en conjunto con los segundos, para intentar dinamizar el diálogo social, cuya negociación estaba en parálisis cerebral a falta de cuidados paliativos.
Parecería que ha hecho lo que tenía que hacer, mediar entre unos y otros para llegar a un acuerdo, pero lejos de dedicarse a coordinar el Gobierno ha decidido utilizar el diálogo social para reivindicar su posición social, que no económica, justificando otros desmanes de difícil explicación.
El Gobierno ha acordado con los sindicatos unos límites que no está dispuesto a sobrepasar y se ha comprometido a hacer entrar en razón a los empresarios, los cuáles ya no aguardan la llegada del Gobierno como la de una ayuda mediadora sino como la de la contraparte, con la que tienen que luchar por conseguir sus objetivos.
Es correcto que un Gobierno tenga sus ideas y pretenda trasladar sus convicciones a todos los aspectos sociales, políticos y económicos, pero lo que carece de toda lógica es la interferencia de facto que está realizando al convertirse en juez y parte del diálogo social, en lugar de mediador para defender los puntos de encuentro.
Una vez más el Gobierno prefiere anteponer sus intereses electorales a los intereses de la sociedad española, prefiere tomar partido cuando debiera guardar neutralidad.
