Me preocupa que sienten jueces en el banquillo a quienes hablaron de cómo conseguir que se acabe de asesinar por el mucho irredentismo instalado en las mentes de ETA. Este caso se sustanció en inadmisión judicial, aunque continúo preocupado por las mentes de los acusadores. ¿Hablar de evitar el crimen? – Siempre. Mi seria preocupación continúa al leer cómo se pretende multar, inhabilitar y encarcelar a dos periodistas, que verazmente publicaron los nombres de quienes usaron torticeramente la afiliación en el PP de Villaviciosa de Odón para quedarse con el poder y los solares del poder. Parecería que se pretende encarcelar la democracia tras un auto judicial. Con la venia. Sólo a la ciudadanía hay que servir, incluida la propia ley, que tiene sentido en cuanto garante de los derechos de ciudadanía. La ley se dicta para garantizarlos. Es incomprensible la pretensión de sentar en el banquillo e incluso privar de libertad a quienes por la palabra buscan paz. Hace tres años hubo quienes denunciaron a quien fue Lehendakari , a quien ahora lo es y a un destacado militante socialista vasco de hablar con personas, que se declaraban representantes de una formación política, a la que le estaba prohibido por ley presentar candidaturas en elecciones democráticas. En el transcurso de una tregua de ETA, dirigentes políticos vascos del PNV y del PSOE con HB hablan de la posibilidad de dejar la lucha armada, que distingue a la terrorista banda. Sobre el principio que la ley se ha dictado para garantizar los derechos humanos y ninguna condición más necesaria que la paz para poder ejercerlos, hablar de la necesidad de acabar con el asesinato jamás puede ser causa de delito. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo. Espero que actúe del mismo modo el Supremo, respecto al caso de los periodistas de la Cadena Ser. Por sentencia, no firme y evidentemente ya recurrida, dos periodistas han sido condenados a cárcel, inhabilitados para el ejercicio de su función de informadores y a sustanciosas multas por haber denunciado a quienes, con irregularidades, pretendían conculcar la justicia de la política. La acción fue cierta y el objetivo se consiguió. Sin embargo, aun reconociendo el auto judicial la veracidad de la información, los susodichos periodistas están incursos en una causa penal. Es un derecho fundamental conocer la verdad de los hechos, por eso tenemos derecho a la información veraz. El periodismo colabora de manera importante al ejercicio de tal derecho. Nunca, por tanto, debieron ser juzgados por causa penal Daniel Aido y Rodolfo Irago, quienes hicieron posible el conocimiento de la realidad de lo acaecido entre afiliados del PP en Villaviciosa de Odón. No es que sea desproporcionada la pena, es que no debiera haberse sustanciado por ello pleito alguno.
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Sobre el Autor
Jordi Sierra Marquez
Comunicador y periodista 2.0 - Experto en #MarketingDigital y #MarcaPersonal / Licenciado en periodismo por la UCM y con un master en comunicación multimedia.