Ni la nación española ni la democracia española pueden construirse sobre las bayonetas del Ejército nacionalista español. Ciudadanos catalanes, adelante.
La Sagrada Família Foto: SBA73
La voluntad de una comunidad política de no querer pertenecer o seguir perteneciendo a un Estado o a una nación es en sí misma suficientemente legítima para independizarse; en primer lugar, porque esa comunidad tiene voluntad propia de no ser parte de esa nación en la que no se siente identificada; en segundo lugar, porque ninguna nación puede imponer su voluntad a una comunidad política de ciudadanos libres que no quiere formar parte de ella.
La imposición de una nacionalidad sobre otra sería un acto de agresión sobre el cual no puede construirse una nación, cuya forma de gobierno nunca podría ser democrática puesto que negaría la soberanía de los ciudadanos de la comunidad oprimida y por lo tanto vaciaría de contenido soberano el sufragio y porque su constitución, por opresora, nunca podría contener una declaración de derechos del ciudadano pues sus libertades de pensamiento, de opinión, de prensa y de conciencia no podría ser ejercidas y si fueran consentidas serían viciadas pues habrían sido privadas de soberanía.
Una nación sólo puede construirse sobre la base de una comunidad de ciudadanos y ciudadanas libres. El derecho a la autodeterminación es algo que no concede una comunidad política dominante sino que es conquistado por la comunidad dominada. Este derecho legitima la voluntad de autodeterminación de una comunidad política y por ser universal su reconocimiento, como todo derecho individual, la comunidad internacional debe proteger su ejercicio.
Toda constitución es susceptible de todas las interpretaciones porque todas son reformables y porque se construyen y sostienen sobre el consenso de todas las partes mediante un pacto o contrato. Como es el caso de la constitución del Estado español que por estar construida sobre la base del consenso de varias nacionalidades: la española, la catalana y la vasca, al menos, existirá mientras exista consenso. Si la constitución fuera la de la nación española y no la del Estado español, el consenso sería imposible porque sería la nación española la que se impondría sobre las demás nacionalidades y, en ese momento, carecería de representatividad para hablar en nombre de los catalanes que, sometidos a un Poder externo, pueden, al menos, gritar por exigir su derecho a la autodeterminación: la independencia.
La misma Constitución se mueve imprecisa e insegura entre los conceptos “Estado español” y “nación española”, porque refleja la opinión de las diferentes fuerzas políticas que existen en el Estado, que no son las mismas que existen en la nación, en las naciones del Estado. Es precisamente esa “inseguridad constitucional” la que ha dejado abierta la puerta para que las demás naciones puedan salir por ella. Si los textos constitucionales no fueran interpretables no sería necesaria la existencia del Tribunal constitucional. Si las constituciones no se hicieran sobre el consenso de las partes, en cada momento de su historia y toda constitución es temporal porque es reformable, puede ser perfectible o regresiva, progresista o reaccionaria, y puede romperse el consenso sobre el que se construyó, si no se consensuara, decía, no sería una constitución consensuada sino impuesta.
Por la misma razón no se puede argumentar que la mayoría de los españoles deben decidir sobre la suerte de todos los ciudadanos que, en un momento histórico y político determinado, forman parte del Estado porque la mayoría no es la mayoría de los ciudadanos que integran el Estado español, sino la de aquellos ciudadanos que pertenecen a la comunidad política de ciudadanos libres, identificados con una de las naciones que integran el Estado. Naciones que forman parte orgánica pero no indivisible de dicho Estado. Por todo ello en Catalunya no existe otra legalidad que la legalidad catalana. Y sobre esa legalidad, junto con la de las otras naciones, se construyó el Estado español.
El Estado español no es una nación porque contiene en su estructura orgánica a otras naciones. Tal y como proclaman la constitución del Estado como los estatutos de autonomía de algunas de las naciones que lo integran. Por lo tanto, si la soberanía es nacional y fraccionada y sus representantes políticos son soberanos porque han sido elegidos por los ciudadanos catalanes, en este caso, y sólo pueden ser elegidos por ellos, el único fundamento de legitimidad en el que se puede fundamentar la legitimidad de Catalunya es en la comunidad de ciudadanos libres residentes o censados en Catalunya.
Sólo de ellos, de su voluntad, pueden depender quienes los gobiernan porque éstos son responsables de sus actos ante quienes los eligen, que sólo pueden ser catalanes. Y por la misma razón, quienes no son ciudadanos catalanes, los otros ciudadanos del Estado español, no pueden participar en una decisión que afecta solamente, en el momento histórico y político actual, a los ciudadanos catalanes; ni puede confundirse “su voluntad” con la voluntad de los catalanes. Sería una intromisión que negaría el derecho de los nacionales de Catalunya a expresar su voluntad y a realizarla en aquello que sólo a ellos les afecta porque son ellos quienes deciden libremente sobre su propio destino, en el momento en el que a ellos les parece oportuno.
Como ya he dicho, desde el momento en el que una parte de las que integran el actual Estado basado en el “pacto” o “contrato político”, rompe el contrato o pacto, la unidad orgánica del Estado queda automáticamente rota. La legitimidad de la Constitución depende de ese pacto, pero, por coherencia constitucional pactista, la propia legitimidad de la Constitución también depende de que ella misma proteja y haga cumplir el derecho constitucional de las partes o de una parte a romper lo pactado. Porque podría ocurrir que las partes decidieran unánimemente romper el pacto, lo que sería constitucional. Luego si las partes pueden romper por acuerdo lo pactado también lo pactado puede ser roto por decisión unilateral porque, en toda circunstancia, el fundamento es el consenso o pacto entre las partes.
Además, la Constitución debe proteger el derecho de todos los ciudadanos de cada una de las naciones a ejercer la libertad de expresión y del sufragio, garantizando que sus ciudadanos expresen libremente su voluntad. Si no lo hiciera, se deslegitimaría desplomándose por su propio peso sobre sí misma.
En la otra cara, la de los nacionales españoles que niegan a los nacionales catalanes el derecho a expresar su voluntad y realizarla, hay que entender que el nacionalismo español no sólo está integrado por el partido clerical de derechas, el Partido Popular, sino también por los partidos de izquierda, PSOE, PCE, I.U, que se califican así mismos de españoles y, en consecuencia, se autodescalifican como catalanes. Por quienes no pueden ser elegidos sus representantes políticos ya que estos partidos no existen en Catalunya. De ahí que no sea difícil de entender su incomprensión de la sensibilidad de lo catalán y de la voluntad de los catalanes. A no ser que cambien de posición, algo que no es imposible ni improbable.
Pero lo más preocupante, hoy, de los nacionalistas españoles: P.P., PSOE, PCE, I.U., es que al basar su discurso político y su ideología nacionalistas en su oposición a la independencia, manifiestan una voluntad de dominación del nacionalismo español. La rancia y patética declaración de Bono, un político decadente, representante del clericalismo nacionalista español, negando a los ciudadanos libres de Catalunya el derecho a expresar su voluntad, es una muestra de la actitud beligerante de estos anacrónicos y decadentes personajillos.
En lugar de entender y aceptar que Catalunya se construye, inevitable y dialécticamente, negando la imposición del nacionalismo español y que fruto de esta negación, doble negación, España, en términos hegelianos, podría, alguna vez, encontrase así misma no mediante la negación de los “otros” sino mediante la afirmación de sí misma a partir de la aceptación de que los “otros” también existen como realidades políticas nacionales y existen fuera de Ella y a pesar de Ella, han decidió mantener la idea de una España tradicional, clerical y monárquica en cíclico estado de autoconstrucción y derrumbe por no ser capaz, capaces, de encontrar su propia identidad. Que nada tiene que ver con la identidad de Catalunya.
En respuesta a esta presión española y para contrarrestarla y seguir avanzando en el proceso que parte de sus fuerzas políticas se han marcado, estas fuerzas, acompañadas rítmicamente a lo largo del proceso por la movilización de sus bases sociales, deben crear un plan estratégico de relaciones y presencia internacional dirigido a los siguientes frentes: los partidos de izquierda españoles, PSOE, PCE, I.U., a fin de explicarles sobre los derechos que asisten a los catalanes y romper su resistencia abriendo lazos de encuentro para el futuro. Más que con el P.P. es con estas fuerzas con las que se deberían entablar conversaciones permanentes de cara a la opinión pública.
Los otros frentes en los que las fuerzas políticas catalanas deben estar presentes e informar permanentemente de todo lo que significa y cómo se desarrolla el proceso es en los parlamentos de cada país europeo, el Parlamento europeo y, fundamentalmente, en la prensa europea, americana, rusa y china con la información permanente de la dinámica del proceso, movilizando personalidades catalanas de todos los ámbitos: culturales, deportivos, económicos, artísticos… en esos países y medios, publicando artículos y, siempre que se pueda, utilizando la publicidad de estos medios para insertar información de la dinámica de la situación en Catalunya. Catalunya debería estar permanentemente en las páginas de estos medios como un frente en el que se plantea la evolución de los acontecimientos.
Finalmente, las fuerzas políticas catalanas presentes en el Parlamento español deberían considerar retirarse de ese parlamento dejando que las relaciones bilaterales entre esas mismas fuerzas y los políticos españoles fueran suficientes para proteger los intereses de los ciudadanos catalanes. Quedaría establecida así las diferencia de soberanía entre Catalunya y el Estado español.
