“No constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos”. La nueva reforma educativa planteada por el Gobierno español pretende conceder subvenciones públicas a escuelas privadas que separen a los alumnos por sexo.
Es sólo uno de los profundos cambios que acometerá el Ejecutivo de Mariano Rajoy con la enésima ley educativa, en la que la Iglesia Católica es la mayor beneficiada. La Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos y Padres de Familia (CONCAPA) ha aplaudido el borrador de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), donde la materia de Educación para la Ciudadanía ya no aparece.
La asignatura de Religión se mantiene, al igual que su alternativa, con carácter obligatorio en un Estado aconfesional como es el español. En el caso de que los padres del alumno sean ateos, agnósticos, judíos, musulmanes o profesen cualquier otra religión que no sea la católica o, crean que no se debe mezclar ciencia y fe, podrán optar por cursar una asignatura alternativa. En cuanto a la evaluación de ambas, para las medias o para repetir curso, habrá que esperar a lo que se acuerde con la Santa Sede. Algo que resulta anacrónico para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Los profesores de Religión cuestan al Estado más de 500 millones de euros, según calcula la organización Europa Laica. «La Conferencia Episcopal extiende sus tentáculos de poder sobre los más de 27.033 centros de Enseñanzas de Régimen General no Universitarias que existen en España, área clave para cualquier sociedad», ha expuesto la asociación en un comunicado.
La LOMCE, propuesta por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, a las Comunidades Autónomas, no cuenta con el apoyo de administraciones tan significativas como País Vasco o Cataluña. Uno de los puntos fuertes de la reforma es que se deberán pagar colegios privados a los padres si los colegios públicos no ofrecen el castellano como lengua vehicular. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha acusado al ministro de comenzar una «batalla con sentido táctico”. Para Rubalcaba, «los problemas de la educación española no tienen que ver con la lengua” sino que son aquellos relacionados con la asignatura de religión, la reválida o la segregación de los alumnos por sexo.
El poder de la Iglesia católica en España es evidente, no sólo en el ámbito educativo. El Ejecutivo español mantendrá la partida para la financiación a la Iglesia Católica acordada a través de la casilla del IRPF. En los presupuestos de 2013 figura que el Estado entregará a cuenta cada mes alrededor de 13 millones de euros. La misma cantidad que el año anterior.
Aparte están concesiones fiscales, colegios católicos, rehabilitación de catedrales, pago de capellanes, servicios sociales y profesores de Religión en colegios públicos. Europa Laica estima que la Iglesia Católica recibe cada año de todas las administraciones públicas cerca de once mil millones de euros.
Mientras, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha expresado su oposición “a los masivos recortes en la financiación de I+D en los Presupuestos generales del Estado para 2013”. Según la asociación, formada por 50 universidades públicas y 25 privadas, “supone un freno inaceptable para el desarrollo de la innovación y el progreso económico”. Los presupuestos del próximo año contemplan una caída de 7,21% de la financiación de la I+D. No sólo eso. Las partidas de subvenciones, aquellas que alimentan la investigación en el sector público, caerán un 13,68%.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo de investigación de España, ya no contrata nuevos científicos. Tampoco se contratarán becarios. Se ha acabado el dinero para la investigación y el desarrollo. Establecida como Agencia estatal desde el año 2007, su presupuesto se ha reducido en un 28% en cuatro años; de 835,8 millones de euros en el 2009 ha pasado a 599, previstos para el 2013.
El artículo 16 de la Constitución española reconoce la aconfesionalidad del Estado. Y el 27 establece el derecho a la educación, garantizada por los poderes públicos. Las Cortes Generales aprobaron el texto constitucional en 1978, cuando aún resonaban los ecos del franquismo. Años después, estamos inmersos en otro siglo y en otro país. La España de las sombras ya se fue, como el lento y cadencioso paso de una procesión; pero hace un año regresaron la injusticia, la iniquidad, la corrupción y el miedo. ¿Cuándo amanecerá, de nuevo?
Adrián Levy Pernudo
Periodista
