Desde hace un tiempo venimos observando con estupor los mecanismos de formación de las candidaturas Radicales, y últimamente la de Ernesto Sanz, teniendo en cuenta que su respaldo político interno ha venido a ser esencialmente la Coordinadora residual, paradójico antecedente de la actual organización Peronista conocida como “La Cámpora”.
Decíamos en un artículo anterior, que está online (El “Agujero Negro del Talento” en una Argentina vaciada por un Peronismo corrupto), prolegómeno del presente escrito, y a riesgo que lo que vamos a exponer sea utilizado por el Kirchnerismo para ocultar sus propios crímenes, que todos los contratiempos combinados habían contribuido a precipitar en el Radicalismo una tabicada dirigencia, adulada por escribas redactores de relatos épicos y laudatorios, y a engendrar unas candidaturas violatorias de la Carta Orgánica partidaria.
Estas candidaturas estuvieron originadas en procesos electorales indirectos, los de la Convención Nacional y últimamente los del Plenario de Delegados al Comité Nacional, que violaron el afamado voto directo, mecanismo tradicional establecido por la Carta Orgánica para la elección de sus candidatos, y que había sido históricamente respetado en el Radicalismo, pero que se había interrumpido con la elección de la candidatura presidencial de Arturo Frondizi por la Convención Nacional de la UCR reunida en Tucumán en 1957, lo cual dividió al partido provocándole una pavorosa sangría juvenil que lo perjudicó electoralmente.
Pese a este dramático antecedente, que marcó la historia contemporánea del Radicalismo, dicho procedimiento histórico fue interrumpido nuevamente medio siglo más tarde por la arbitraria convalidación de la legislación conocida como Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), legisladas por el gobierno Kirchnerista en el año 2009, y que va a ser regulada por el futuro Juez Federal con competencia electoral y sede en La Plata (cuya identidad es aún desconocida). Mediante este inconstitucional mecanismo, violatorio de la independencia partidaria, se han cristalizado las filas dirigentes, y sus organismos internos como la Convención y el Plenario de Delegados se han transformado en meras escribanías. Si a ello añadimos el crónico incumplimiento del art.26 de la Carta Orgánica, que establece la obligatoriedad de la consulta periódica al afiliado, la conocida como Coordinadora residual –encabezada por Jesús Rodríguez pero controlada por el Coti Nosiglia— ha logrado una vez más perpetuar su hegemonía política en el seno del Radicalismo. Pero lo que no ha logrado aún el Radicalismo es consolidar su hegemonía en el seno de la coalición UNEN, corriendo el peligro que la misma se rompa y se doble pues la candidatura de Sanz cuenta con el lastre que significa ser un indeclinable apéndice de la Coordinadora.
No obstante la aparente legalidad del cuestionado procedimiento adoptado (Plenario de Delegados al Comité Nacional), vale radiografiar el desempeño- histórico y la naturaleza moral de quienes se han arrogado desde hace treinta (30) años la conducción del Radicalismo. Es bien sabido que durante el primer gobierno Radical luego del restablecimiento de la democracia en 1983, la denominada Junta Coordinadora Nacional (JCN) –un aparato político de composición juvenil y conducción vitalicia y carente de democracia interna– abusando de la confianza que les dispensaba Alfonsín obtuvo un desproporcionado poder que distorsionó la retribución del mérito en la administración pública y repartió las instituciones financieras del estado cual si se trataran de trofeos de guerra. En esa lastimosa subasta fueron víctimas el Banco Hipotecario Nacional (BHN), la Dirección General
Impositiva (DGI), y el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE). Por el contrario, las instituciones culturales se salvaron de caer en manos de la
Coordinadora pues fueron a parar a socios intelectuales de origen extra-partidario, pero muy recientemente cooptados (Sábato, Delich, Caputo,
Abeledo, y los integrantes del Grupo Esmeralda: Portantiero, De Ipola, etc.).
Para mayor desconcierto y zozobra de afiliados y militantes, con la modificación de aquellos artículos de la Carta Orgánica, que especificaban las incompatibilidades, las autoridades partidarias habían sido intervenidas “de hecho” por la Convención Nacional de diciembre de 1983, con la abierta
disconformidad de los mismos radicales que luego desde el Parlamento se opusieron a la Obediencia Debida, al Punto Final y posteriormente al Pacto
de Olivos (Belarrinaga, Copello, Stolkiner). La nueva redacción de dicha Carta autorizaba a quienes ejercían cargos en los poderes ejecutivo y legislativo seguir detentando los cargos partidarios para los cuales habían sido electos. De esa forma antidemocrática, ilegítima y de falta absoluta de
transparencia lograron mantener al partido amordazado, bajo la secreta férula de la Coordinadora, sin la posibilidad para el afiliado de ejercer crítica alguna, lo cual permitió a su vez que ocurrieran actos de corrupción que empañaron la gestión de Alfonsín y ayudaran a precipitar la hiperinflación y su posterior caída.
En la facciosa distribución de áreas de influencia, el Banco Hipotecario Nacional fue adjudicado a la Coordinadora del litoral, con la presidencia del médico Aníbal Reinaldo. Mediante una dolosa operatoria, que llevaba la numeración 830, el Directorio del Banco manipuló un mecanismo ilegal
asignador de créditos inmobiliarios con tasas de privilegio y saldos auto-extinguibles, que benefició personalmente a los dirigentes de la Coordinadora (e.g.: Cáceres, Changui; etc.), a los parientes de sus correligionarios (Ronco, Margarita; etc.), y a sus circunstanciales aliados (e.g.: Manzano, J. L.; etc.), y que el libro de Alfredo Leuco (Los Herederos de Alfonsín) pretende justificar con argumentos apologéticos en beneficio de Cáceres. Con el tiempo algunos de estos aliados retribuyeron los “favores recibidos” asociándolos a sus lavaderos de capitales, como ocurrió en el paradigmático caso de Leopoldo Moreau (Grupo Uno de Vila-Manzano, propietario de América TV). Dicho escandaloso mecanismo terminó reduciendo el Banco Hipotecario a una dimensión exigua, con sus cuentas en rojo, que luego fue resucitado por el Ministro Cavallo, y más tarde privatizado en forma terminal.
Paralelamente, la DGI le fue asignada a la Coordinadora de la Provincia de Buenos Aires (Moreau, Storani), en la persona de Marcelo Da Corte (1986-1989), a los 31 años de edad, quien provenía del Directorio del Banco Central, donde había caído en un proceso judicial por la fraudulenta liquidación de la financiera cordobesa Condecor. Este conspicuo miembro de la Coordinadora terminó prófugo, habiendo recaído sobre el mismo orden de captura, y siendo sobreseído recién en 1993.
Por último, en el caso más relevante y económicamente cuantioso, el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) fue adjudicado a la Coordinadora de la
Capital, a través del joven Chrystian Colombo, cuasi-cuñado de Enrique Nosiglia. La quiebra fraudulenta del BANADE, que se venía arrastrando desde la dictadura militar, no pudo ser ejecutada y sus deudores no pudieron ser embargados (más de la mitad de su cartera de créditos incobrables estaba concentrada en una veintena de compañías concursadas, entre ellas Massuh, Alpargatas, Celulosa, Pérez Companc y Alto Paraná), so pretexto que dichas empresas habían contribuido a la campaña electoral del Radicalismo (justificación alegada por Mario Brodersohn en una reunión partidaria nunca desmentida).
Por cierto, esta fue una justificación política que ocultaba comisiones y refinanciaciones espurias aún impunes, con numerosos beneficiarios próximos
al poder, cuyas identidades se sospechan, pero que Colombo nunca hizo trascender públicamente. Estas refinanciaciones tampoco fueron investigadas
por la justicia ni por las autoridades partidarias (el BANADE fue liquidado recién por Menem en 1993), y los libros de Oscar Muiño no las aclaran.
Tampoco fueron investigadas por el gobierno de De la Rúa, en el cual Colombo (que venía esta vez desde el Grupo Macro, de Jorge Brito y su cuñado Delfín Carballo) había actuado primero como Presidente del Banco Nación. En dicho cargo, con su experiencia como liquidador, que traía del BANADE, Colombo frenó las investigaciones al Grupo Yoma (cliente de Brito) en ese entonces rastreado por la Comisión de Riesgo Crediticio del Banco (Colombo alega que dicha Comisión no se expidió en los ocho meses del año 2000, entre marzo y noviembre, sin explicar por qué razón no la conminó para que lo hiciera en forma expeditiva). Yoma S. A. había recibido de Colombo un préstamo por 10 millones y pasó a estar en el año 2001 bajo la lupa de la Comisión Investigadora de Operaciones de Lavado de Dinero, presidida por Carrió, cuando simultáneamente se venía investigando a Yabrán.
Más luego, desde noviembre de 2000, Colombo dejó el Banco Nación librándose de las investigaciones parlamentarias en curso, y pasando a ser Jefe de Gabinete. Desde ese nuevo y crucial puesto político Colombo tuvo a fines de 2001 que pedirle la renuncia al Ministro Cavallo, en forma tardía y al borde del colapso bancario. Hoy Colombo, simulando estar en retirada, patrocina con Nosiglia y desde las sombras, la carrera política del ex Kirchnerista Martín Lousteau, célebre como autor de la regresiva Resolución 125.
Todos estos escándalos y corrupciones no fueron obstáculo para que mediante los recursos expoliados, y sus íntimos contactos con el empresariado y las finanzas, la Coordinadora subsistiera políticamente, no cumpliera con la histórica consigna “comando de derrota comando a casa” e insistiera con
continuar manipulando el gobierno partidario, al extremo de lograr financiar obras apologéticas, de demagogia infantilista y deformadoras del pasado, y distribuirlas en todos los Comités del país. Estas obras fueron producidas alquilando plumas mercenarias, tales como la contradictoria figura de Alfredo Leuco, reciente apologista del Ministro Barañao, y autor de Los Herederos de Alfonsín, donde se ridiculiza a quienes no son afectos a la Coordinadora y se ningunea a quienes pusieron el cuerpo en aquellas épocas de adversidad. También se destacó en esa tarea apologética y deformadora del pasado el periodista Oscar Muiño, autor de dos obras de propaganda política carentes de seriedad académica y científica, La Otra Juventud y Los Días de la Coordinadora, a cuya presentación en el Club Español concurrió el actual Presidente del Comité Nacional Ernesto Sanz.
Finalmente, por todo lo aquí expuesto, es posible que no se haya escuchado de parte de las actuales autoridades partidarias condena alguna a los
procedimientos corruptos desplegados por la agrupación peronista “La Cámpora”, ni tampoco interés por enmendar la conducción del Radicalismo
oxigenando sus filas dirigentes. Aparentemente, a la dirigencia Radical lo angustia el temor a que la opinión pública tome conciencia del corrompido
pasado político del país, que incluye a la Coordinadora y a sus líderes, aunque agravado a una escala sideral por el Menemismo y luego por el
Kirchnerismo, y sin duda por el llamado Camporismo.
