La crisis económica de los trileros
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Ningún país ha perdido tanto empleo a causa de la crisis económica como España, que sobrepasa ya los 3 millones de su población activa. No cabe duda que los peores pronósticos se están cumpliendo, ello es debido a que la crisis que azota España no sólo es consecuencia de la crisis financiera mundial, sino que también tiene un importante componente interno que nuestras autoridades quieren olvidar. La suma de ambos factores se ha trasladado a la economía real (productiva) y se manifiesta dramáticamente en las cifras de desempleo, en la actividad industrial, cuyo índice de producción (que excluye la construcción) ha retrocedido de media en lo que va del año un 4,6%, en el sector servicios, uno de los sectores más castigados en términos de empleo en esta crisis, y en la insolvencia de las empresas y las familias, que ha crecido un 263%. Todas estas cifras, y otras más, no dejan lugar a dudas: «estamos ya en recesión».
El ajuste es brutal en términos de empleo y sitúa en casi 1 millón de personas los nuevos parados desde que se inició la crisis. Pero, ¿cuáles pueden ser las razones por las que el mercado de trabajo en España despida tantos trabajadores? Podemos afirmar que no existe una única causa: En primer lugar, el problema proviene del modelo de crecimiento de la economía española de los últimos 13 años, basado esencialmente en el crecimiento de la construcción, sector intensivo en mano de obra sin cualificar y en el que resulta imposible reconvertir las empresas para producir otros bienes, así como, recolocar a los trabajadores en otras actividades de la economía, debido también a que el resto de sectores sufren las consecuencias de la crisis crediticia y de una menor demanda de sus bienes o servicios. El segundo problema, es que no se ha actuado a tiempo contra la crisis, al no haberse querido reconocer las dificultades por la que estaba atravesando la economía española en su momento, como tampoco se ha actuado para evitar la crisis crediticia. Esta falta de medidas de política macroeconomía «a todas luces imprudente», ha trasladado la crisis con mayor virulencia al resto de sectores productivos de la economía, cual efecto dominó, colapsando la actividad económica mediante la paralización de los planes de inversión y la reducción en el consumo de las familias. Con una intervención a tiempo en materia de política económica, nos hubiéramos ahorrado muchos de los problemas que ahora actúan adversamente sobre nuestra economía. De esas aguas provienen estos lodos, y otro problema es que de la inacción del Gobierno hemos pasado a «políticas keynesianas de demanda a la desesperada», utilizando el gasto público de mala manera y que han acabado provocando desconfianza en la política económica del Gobierno, y de su responsable de Economía. No se trata de que todas las políticas para intentar superar la crisis sean malas, aunque «haberlas haylas», el problema está en que se ha actuado a destiempo, es decir, cuando ya se tenía al toro encima. Otro gallo cantaría si el Gobierno hubiera actuado en su momento pensando en el largo plazo, con políticas de oferta que permitieran mejorar la productividad de distintos sectores de la economía. Actuando así, ni la crisis hubiera tenido la dimensión que se espera actualmente, ni el desempleo crecería tan dramáticamente. Estos errores lamentablemente los pagaremos todos.
Las consecuencias de un modelo económico de crecimiento sin futuro es, que buena parte de la población va directa al genocidio económico, y esto sin contar al resto de ciudadanos españoles y de las pequeñas empresas que van a tener que sufrir las de Caín, como consecuencia del empeño de los responsables económicos por las políticas cortoplacistas, y porque el Gobierno siempre miraba para otro lado cuando la economía aún estaba en auge, desentendiéndose así de la crisis provocada por el sector de la construcción y del elevado endeudamiento financiero de la banca, así como, por haber sido muy laxos con el gasto público e imprudentes con las política económicas de demanda, más aún cuando ya no había lugar a dudas de que la crisis de liquidez mundial castigaría con mayor rotundidad a las economías menos solventes y más expuestas: aquellas que habían financiado su crecimiento en «el ladrillo y/o en el endeudamiento externo». Además, a todo esto hay que añadir la falta de rigor y la casi nula fiscalización de nuestra autoridad monetaria (Banco de España), y la de nuestros responsables económicos para impedir los excesos del sector bancario.
No nos podemos olvidar tampoco de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que hizo todo lo contrario a lo que se debía haber hecho: elevando los tipos de interés cuando la situación sugería todo lo contrario, máxime cuando en EE.UU. (los primeros en afrontar la crisis), se empeñaban en reducirlos. Una política monetaria restrictiva que pretendía frenar el crecimiento de los precios, pero, a qué coste. Todo este cúmulo de circunstancias ha traído consigo una mayor contracción de la economía. Nunca, ni en lo más profundo de la recesión de 1993 se había visto algo parecido, y lo que aún queda por llegar. Aunque reza el refrán que es de sabios rectificar, a pesar de la reciente rebaja del tipo de interés del BCE (que lo deja en el 2,5%), la suerte está echada, Europa ha entrado en recesión en parte también por culpa de su política monetaria.
A todo esto hay que añadir que en España las cifras del déficit público aumentarán irremediablemente, como consecuencia de que el fondo para pagar las prestaciones por desempleo necesitará más financiación, debido a que el Servicio Público de Empleo no dispone de dinero suficiente para acabar el año, ni qué decir el año que viene, con unos presupuestos públicos que no representan la realidad económica del momento, salvo, claro está, que el Gobierno tenga intención de modificar las condiciones para cobrar el paro. Volviendo a la «memoria histórica de la economía», deberíamos añadir que en 1993 el PSOE empeoró las condiciones para cobrar el paro, que pasaron de tres meses de prestación por cada seis de trabajo cotizados, a cuatro meses de paro por cada año cotizado. ¿A los parados les esperará quizás alguna otra vuelta de tuerca?
Al Gobierno actual le gustaría que viviésemos en la más absoluta ignorancia, por ello se empeñan siempre en negar la realidad, en maquillar las cifras estadísticas, en controlar la información. A trileros no hay quien les gane. Por eso debemos exigir mayor transparencia, no sólo de la política económica llevada a cabo por el Gobierno, también de las operaciones de ayuda a los bancos, de los créditos que concede el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a empresas; no vaya a ser que con dinero público se realicen operaciones para favorecer sólo a algunos empresarios, como lo ocurrido en el caso de la compra de acciones de REPSOL por parte de Sacyr Vallehermoso, que con créditos del ICO y sin ninguna garantía más que las propias acciones, un empresario pudo hacerse con el 20% de la compañía.
Necesitamos un mayor control de la actividad bancaria y dotar de una nueva reglamentación a nuestro sistema financiero, entre otras cosas, para evitar que sofisticados productos financieros puedan ser utilizados para engañar a los ahorradores de éste país. La regulación debe buscar la manera de controlar los excesivos riesgos de los bancos y cajas, y para evitar que el sistema financiero vuelva a colapsar la economía fundamentalmente por la excesiva dependencia de la financiación externa. Pero, esto nada parece importar, y en vez de regular y fiscalizar los excesos y mala actuación algunos bancos y cajas, en este país los premiamos con avales del Estado para que puedan colocar más deuda, o les compramos cédulas hipotecarias y otros activos de «gran calidad» con el fin de que obtengan liquidez. Es decir, una especie de subprimes a la española, que consiste en que los bancos y cajas empaquetan (o titulizan) préstamos hipotecarios actualmente de alto riesgo por la crisis del sector, y que tenemos que pagar entre todos, parroquianos y no tanto, utilizando para ello los fondos públicos. ¿Y para qué?, para que la tan ansiada liquidez no llegue finalmente a las pequeñas y medianas empresas, lo que supone un buen varapalo para los pequeños empresarios que les puede llevar a la ruina, y que en caso de cierres masivos, supondrían el despido de cientos de miles de trabajadores y una posible depresión económica, que no es otra cosa que la ruina económica del país.
Gunther Zevallos
Ciudadanos Unidos de Aragón (pCUA)
