Poco duró la ilusión de una televisión pública independiente y de calidad a la que creíamos encaminarnos. Parecía que se apostaba por conformar un mercado audiovisual que integrase las ofertas de canales privados, como garantía de pluralidad, con unos medios públicos que respondieran no a la rentabilidad, sino a la independencia y la profesionalidad.
Fue un sueño alimentado por las medidas que adoptó el defenestrado Gobierno socialista, tendentes a liberar a Televisión Española (TVE) de la sumisión gubernamental que la mediatizaba, mediante la elección de su presidente por parte de una mayoría cualificada del Parlamento, y dotándola de cierta autonomía presupuestaria con la que sufragaba su consideración de servicio público y la alejaba de la competición por la tarta publicitaria (eliminación de la publicidad comercial). Tales pasos hacia una televisión pública, libre al fin del control por el gobierno de turno, hicieron albergar la esperanza de dirigirnos hacia el modelo británico, representado por la BBC, toda una referencia de lo que debe ser una televisión de prestigio e independencia.
Sin embargo, con el advenimiento de un Gobierno conservador neoliberal y las medidas adoptadas vía decreto-ley, el Ejecutivo retoma el control gubernamental del ente público de Radiotelevisión Española, al que desembarcan los periodistas más sectarios procedentes de Tele Madrid, decide la privatización de las televisiones autonómicas y legisla a favor de la concentración mediática, todo lo cual evidencia la voluntad de optar por un modelo audiovisual totalmente contrario al soñado.
Con la excusa de la crisis económica, Mariano Rajoy acomete el debilitamiento de TVE y/o la supresión de los medios públicos autonómicos, al tiempo que favorece la creación de dos grupos mediáticos que monopolizarán el espectro audiovisual español y acapararán el mercado publicitario de televisión. En ese contexto hay que valorar la flexibilización de las condiciones que impuso la Comisión de la Competencia para la fusión de Antena3 con La Sexta.Una vez sorteado el obstáculo dela Comisión, que trataba de evitar un monopolio audiovisual en España, la estructura mediática resultante quedará concentrada en muy pocas manos, que corresponderán a los grupos formados por Mediaset y Antena 3, los cuales dispondrán de un poder casi absoluto para imponer la programación de lo que se ve en España por televisión.
En puridad, una vez realizada la fusión pendiente, el panorama televisivo nacional quedará reducido a dos grandes grupos empresariales que están participados por conglomerados transnacionales que, a su vez, extienden sus ramificaciones a Internet, aplicaciones para móviles y tabletas, la edición de libros, revistas, diarios y otros medios digitales. Mediaset (Tele5 y Cuatro) y Antena 3 (Antena3 y La Sexta) dispondrán de más de la mitad de la audiencia y el 85 por ciento de la publicidad en televisión. Los auténticos dueños de este monopolio televisivo español son la italiana Mediaset, la alemana Berstelmann (RTL), la editorial Planeta y Prisa, un cuarteto que domina ya la televisión en abierto y de pago, además de abarcar otros mercados, como el editorial y cultural, determinando en gran medida la oferta informativa, cultural y de ocio de que dispone el consumidor español.
Si a ello añadimos la “deconstrucción” de la televisión pública, a la que intencionadamente se debilita para finalmente hacerla inviable, se comprenderá la alarma de quienes confiaban en una televisión independiente y de calidad que contrarrestase la influencia de unos medios privados que atienden exclusivamente a su rentabilidad comercial. Pero con las medidas del Gobierno favorecedoras de la concentración mediática –a lo que tiende cualquier mercado que no se regula-, el mayor duopolio de Europa tendrá efectos en todo el mercado de la comunicación, impidiendo a los grupos pequeños e independientes ejercer ninguna competencia a tan fantástico y absoluto dominio. Sin TVE, quedamos a merced de los grandes tiburones de la televisión comercial.
