Trade Secrets Directive: Directiva Europea sobre Protección de los Secretos Comerciales
- Esta directiva otorga excesivos derechos a las empresas, calificando prácticamente toda su información como secreto comercial por defecto: una desproporcionada definición que supone una amenaza directa al trabajo de periodistas y sus fuentes, alertadores/whistleblowers, libertad expresión de los trabajadores y los derechos de acceso a la información de interés público como la relativa a medicamentos, pesticidas o emisiones de automóviles.
Si la directiva se aprueba a nivel europeo y tiene que adoptarse a nivel nacional en los Estados miembros, los lobbies de la industria podrán ir aún más lejos al presionar para imponer sus intereses sobre la libertad de información y el interés general.
Foto: europeanjournalists.org
Desde Xnet, junto a una coalición europea de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, sindicatos, alertadores/whistleblowers y científicos, piden a los miembros del Parlamento Europeo que rechacen en la votación del próximo 14 de abril la Directiva Europea sobre “Protección de los Secretos Comerciales” (Trade Secrets Directive).
Así mismo, han enviado a los miembros del Parlamento Europeo un análisis crítico de la legislación propuesta, pidiéndoles que la rechacen y pidan a la Comisión Europea que redacte una propuesta más equilibrada, esta vez no solo con la contribución de lobbistas y abogados corporativos; y han lanzado también una petición ciudadana para pedir a nuestros eurodiputados que rechacen la Directiva Trade Secrets.
La Directiva relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas proporciona a las empresas herramientas y garantías legales para proteger sus inversiones más allá de lo razonable y las corporaciones pueden utilizarlas para esconder sus abusos y malas prácticas otorgándoles impunidad.
“A pesar de que la directiva contempla como lícita la revelación de información por el interés general, en la práctica, esto deberá ser provado en los juzgados. Los ciudadanos que denuncien abusos o corrupción quedarían aún más desprotegidos frente al enorme poder legal corporativas, amenazas de años de cárcel y fuertes multas por valor de cientos de miles de euros. Esta situación amedrenta a ciudadanos y medios para que no informen sobre sus malas práxis y delitos, otorgando en la práctica impunidad a las corporaciones.”– Alfonso Sánchez, Xnet
