Si la Agencia Tributaria anuncia ahora que va a luchar contra la economía sumergida en nuestro país, ¿significa eso que antes no lo hacía? ¿O qué antes no lo hacía con el rigor exigible? Porque se supone que la Agencia Tributaria debería de tener entre sus cometidos el de la lucha contra el fraude fiscal, y si ahora presume de que pondrá especial interés, quiere decir, indefectiblemente, que antes no lo hacía.
Aún así, habrá que celebrar el hecho de que se intente, de verdad, el poner fin a esta especie de fiesta para algunos y purgatorio para la mayoría, en la que algunos pagábamos nuestros impuestos religiosamente, o ateamente, en función de cada interés religioso, mientras que otros se pavoneaban de no hacerlo.
La economía sumergida es un mal en sí mismo porque genera pobreza para el país, para la sociedad en su conjunto, aunque puede enriquecer a algún individuo en particular, ya que se produce una actividad sujeta a carga impositiva que no tributa lo que le corresponde. Por tanto, la economía sumergida debería de ser erradicada de todas las sociedades.
Dicho lo cuál, hay regulaciones, o mejor dicho, exceso de regulación, que condena a gran parte de la economía a ser sumergida, y en España está situación se da de manera alarmante.
Las rigideces administrativas, los reglamentos obsoletos y la abundancia de burocracia innecesaria ‘cuasi’ obliga a gran parte de los agentes económicos de este país a decantarse por la economía sumergida y su gran flexibilidad. Y no es una justificación, es una realidad.
Aparte del tesón renovado que ahora quiere poner sobre la mesa la Agencia Tributaria, la verdadera lucha contra la economía sumergida debe de partir de la flexibilización de los procesos y de la apertura de la regulación para quitarnos los complejos de país obrero y dejar que la economía se desarrolle en libertad, acotando allá donde se excede pero nunca cercenando sus alas.
