Si la Agencia Tributaria anuncia ahora que va a luchar contra la economÃa sumergida en nuestro paÃs, ¿significa eso que antes no lo hacÃa? ¿O qué antes no lo hacÃa con el rigor exigible? Porque se supone que la Agencia Tributaria deberÃa de tener entre sus cometidos el de la lucha contra el fraude fiscal, y si ahora presume de que pondrá especial interés, quiere decir, indefectiblemente, que antes no lo hacÃa.
Aún asÃ, habrá que celebrar el hecho de que se intente, de verdad, el poner fin a esta especie de fiesta para algunos y purgatorio para la mayorÃa, en la que algunos pagábamos nuestros impuestos religiosamente, o ateamente, en función de cada interés religioso, mientras que otros se pavoneaban de no hacerlo.
La economÃa sumergida es un mal en sà mismo porque genera pobreza para el paÃs, para la sociedad en su conjunto, aunque puede enriquecer a algún individuo en particular, ya que se produce una actividad sujeta a carga impositiva que no tributa lo que le corresponde. Por tanto, la economÃa sumergida deberÃa de ser erradicada de todas las sociedades.
Dicho lo cuál, hay regulaciones, o mejor dicho, exceso de regulación, que condena a gran parte de la economÃa a ser sumergida, y en España está situación se da de manera alarmante.
Las rigideces administrativas, los reglamentos obsoletos y la abundancia de burocracia innecesaria ‘cuasi’ obliga a gran parte de los agentes económicos de este paÃs a decantarse por la economÃa sumergida y su gran flexibilidad. Y no es una justificación, es una realidad.
Aparte del tesón renovado que ahora quiere poner sobre la mesa la Agencia Tributaria, la verdadera lucha contra la economÃa sumergida debe de partir de la flexibilización de los procesos y de la apertura de la regulación para quitarnos los complejos de paÃs obrero y dejar que la economÃa se desarrolle en libertad, acotando allá donde se excede pero nunca cercenando sus alas.