La definición de España aún no está definitivamente conseguida, a pesar de la estabilidad que durante las últimas décadas ha proporcionado la monarquía parlamentaria que la Constitución de 1978 impuso de forma ineludible. Cuando se propuso el referéndum constitucional, una parte de la población imposible de cuantificar confiaba en una consulta previa, no sólo sobre ruptura o reforma del régimen dictatorial del que se partía, sino incluso del modelo de Estado que se aspiraba construir. No hubo opción para discernir entre república o monarquía por cuanto los constituyentes en la Transición, con la prudencia de no desatar los demonios de unos extremismos radicales vigilantes y activos, incluyeron en el paquete de la Carta Magna, de forma inseparable y conjunta, la reinstauración monárquica que Franco había previsto en la figura por él preparada de Juan Carlos de Borbón, hijo del legítimo heredero de la corona española, don Juan de Borbón, quien renunció a sus derechos dinásticos no sin velada resistencia.
El país se convierte, tras la proclamación de la Constitución, en un reino, donde el rey representa la Jefatura del Estado. Don Juan Carlos I, rey de España desde entonces, ha desempeñado un papel que ha sido indiscutido por cuanto ha evitado los desmanes y el boato de otras monarquías próximas en Europa, aunque no ha podido erradicar totalmente el nepotismo real en algunos comportamientos de su propia persona o de su círculo familiar. La bondad de su imagen ha sido favorecida por una legislación que castiga como delito las “injurias” al Jefe del Estado y una prensa que ha sido sumamente benévola en sus críticas al rey. Todo un muro de protección que garantizaba la inviolabilidad, pero también la impunidad del soberano.
Han tenido que pasar 30 años para que este carácter cuasi sagrado de la monarquía española comience a resquebrajarse y la crítica aflore a la superficie de la opinión pública. Escándalos por corrupción entre miembros de la Casa Real, problemas matrimoniales en sus hijos, la hipocresía de una moral que desean irradiar, la opacidad hasta ayer de los presupuestos públicos con que cuenta la Corona, el súbito conocimiento de una agenda oculta en la actividad “privada” del rey, el hermetismo absoluto que rodea al patrimonio personal de la familia real, sus negocios e intereses económicos, las aficiones que gastan y las amistades que frecuentan han dado pie a toda una rumorología que se acrecienta con cada nueva noticia que desvela facetas que se pretendían ocultas.
Ello viene a incidir en ese larvado, pero palpable resquemor de una parte incuantificable de la población por la imposición de una forma de Estado que no ha sido abiertamente refrendada democráticamente, sino incrustada en una Constitución rígida, de complicada y difícil modificación. Y ese es el peligro que aparece cuando el rey, de manera irresponsable, ofrece motivos para el repudio de una Jefatura del Estado que se ha de soportar de forma hereditaria, sin posibilidad de enmienda. Los disparos que pega en Botsuana no matan sólo elefantes, sino que hieren tal vez mortalmente a la propia monarquía que él encarna, evidenciando la existencia del problema que España no ha sabido resolver definitivamente con la forma del Estado. Es como si el propio monarca diera pábulo a la escamoteada cuestión sobre república o monarquía cada vez que tropieza.
