Si algo nos dice nuestra experiencia en economía es que el gasto público en España ha sido todo menos eficiente. Con un crecimiento muy por encima de nuestras rentas, el gasto público no ha sido la panacea para resolver los males de nuestra economía, muy al contrario, ha servido solo para empeorarlos. Es en plena crisis es donde se hace más evidente lo poco que aporta a nuestras cifras macroeconómicas una economía basada fundamentalmente en la actividad pública. El mayor gasto ha traído más problemas añadidos si cabe a nuestra economía. Hablamos de reducción de la inversión, expedientes de regulación de empleo, morosidad, cierres de empresas, etc. Pero hay un asunto que merece también nuestra atención: los problemas de la eficiencia sanitaria.
Incluso antes de que sucediera la crisis, el crecimiento continuado del gasto público no había destacado precisamente por aportar grandes cifras al crecimiento de la economía, de hecho está demostrado que nunca una economía con mayor participación pública ha logrado grandes éxitos. Así, el esfuerzo monetario realizado no compensa, pues es posible conseguir más del sector privado de la economía. Lo que sí ha quedado demostrado en el transcurso de la historia, es que una mayor intervención pública en la economía no solo no es una garantía de éxitos económicos, sino que acaba siempre por imponer un tipo de sociedad cada vez menos libre, una sociedad cada vez más cautiva del poder político, y que vive cada vez más pendiente de las subvenciones y del empleo público. El gasto público y las ineficiencias que genera en la economía son asuntos muy conocidos y estudiados por todos los economistas liberales. En España estas ineficiencias del sector público se han ido acumulando con cada vuelta de tuerca de la aplicación de la política económica socialista, pero también con la degradación moral y la escala de valores y principios democráticos de nuestra sociedad.
De todo esto saben mucho los estadounidenses, donde la mayor parte de su población se resiste a elegir una alternativa distinta para la sanidad, encontrándose dividida sobre las ventajas o desventajas de la reforma sanitaria, y aunque la ley ha sido aprobada por el Congreso estadounidense con un resultado muy ajustado (219 votos a favor, pero con 212 en contra), las suspicacias del pueblo americano les llevan a pensar que está en juego algo más importante: su «libertad de elegir». Algo de lo que parece ser no están dispuestos a renunciar, ni tan siquiera para garantizar su derecho a una sanidad universal. Para quienes aún no lo sepan, en EEUU no existe una sanidad pública generalizada y gratuita, como la que conocemos en España, salvo para las personas mayores de 65 años o aquellos que no tienen recursos económicos. Finalmente los congresistas estadounidenses han tenido que suavizar la ley y hacerla menos ambiciosa de lo que lo tenían previsto, con el fin de lograr los apoyos necesarios para su aprobación parlamentaria. Los republicanos lo tienen claro y no dan la batalla por perdida frente a los demócratas, como señalaba Ted Poe, congresista republicano: «Tenemos que elegir entre la libertad del individuo para elegir su propia sanidad o entre la tiranía del Gobierno», o las palabras del representante republicano de Winsconsin, Paul Ryan, para quien «Esta ley es antidemocrática, un Frankenstein legislativo que quita el poder de decidir sobre su salud a los pacientes y sus doctores y se lo da a los tecnócratas del Estado». Está claro que a lo que realmente temen los estadounidenses es a la posibilidad de ceder a favor del Estado parte de sus libertades. Quizás esto no se entienda ni en España ni en Europa, pero en EEUU, las libertades individuales son la esencia misma de su democracia. Ni tan siquiera el que la ley pueda o no traerles mayores impuestos es tan importante como la propia libertad, porque todo se reduce a los valores democráticos de una sociedad verdaderamente libre.
Pero, ¿cómo están las cosas por casa? Veamos, según datos publicados por el diario El País, la sanidad pública española tiene pendientes de pago 3.000 millones de euros en material y 2.700 millones en fármacos. Ante la imposibilidad de hacer frente a estos gastos la sanidad pública está retrasando el pago a sus proveedores, llegando a los dos años en algunas Comunidades Autónomas. En España el gasto sanitario se ha disparado, como el resto del gasto público, ha crecido de forma tan desmedida y ha habido tanto despilfarro, que ahora no hay para lo que realmente importa: «la atención sanitaria»; no quedando más remedio que recortar gastos. Si los estadounidenses conocieran lo que es verdaderamente un sistema de salud público como el español, seguramente tendrían aún más argumentos para pensar que este sistema no es el que precisamente más les conviene, a pesar de los defectos que pudiera tener su propia sanidad en EEUU.
El problema es que las Comunidades Autónomas son incapaces de hacer frente a más del 40% de las facturas sanitarias, y aquellos que lo han originado pretenden ahora resolver el problema financiero que han creado en la sanidad pública obligando a los ciudadanos a asumir una parte adicional del gasto por visita a los servicios sanitarios. Un equipo económico dirigido por Elena Salgado prepara una gran reforma de la sanidad para 2011. Lo que persigue es reducir las visitas de los enfermos a los médicos, a través del «pago por visita», conocido también como «copago». Los partidarios del copago argumentan, por ejemplo, que en Suecia la implantación del pago adicional de 16 euros por visitas a urgencias hicieron que estas disminuyeran un 64%. La aplicación de este sobrecoste para los pacientes, según nos dicen, no originó un aumento de la tasa de mortalidad, faltaba más. Sin embargo, nada se dice sobre el agravamiento de ciertas patologías, ni sobre sus repercusiones sobre la calidad de vida o de las repercusiones sobre la economía. Sólo se miden contablemente las ventajas de reducir los costes a corto plazo, nada se dice sobre la repercusión en el gasto a largo plazo, que también podría ser contraproducente, ya que resulta mucho más caro resolver los problemas de salud cuando los pacientes, al no ser atendidos en el momento oportuno y de la forma adecuada, sus problemas de salud se hayan agravado. Además, el sistema se puede mostrar sobretodo nefasto para aquellas personas con escasos recursos, que son los que realmente sufrirían las consecuencias de este tipo de política sanitaria.
Lo que no se puede es aplicar una medida de contención del gasto sanitario sólo teniendo en cuenta los costes a muy corto plazo, pues una inadecuada atención sanitaria podría suponer además para la economía, la pérdida temporal o permanente de parte de sus recursos humanos que en el mejor de los casos dejarían de utilizarse eficientemente, debido a bajas médicas más largas y permanentes, y/o, a la disminución de su productividad. Y todo ello sabiendo que en España pagamos entre toda la población trabajadora más del 21% del gasto sanitario, mientras que en otros países como Francia, por ejemplo, aunque tienen un pago adicional por paciente para las consultas en atención primaria y especializada, tan sólo asumen los trabajadores directamente el 7% del total del gasto sanitario, independientemente de su utilización. Por este motivo, la solución para reducir el gasto sanitario no puede consistir en que los enfermos paguen por ser atendidos, porque ya lo hacen, y con creces.
La solución al problema del elevado gasto sanitario consiste en optimizar la utilización de sus recursos, como personal, medios de diagnóstico, inversiones en infraestructuras y equipos, etc., y mejorar la eficiencia, reduciendo el gasto farmacéutico que es controlado por las empresas farmacéuticas, utilizando medicinas genéricas y que las recetan los facultativos médicos, organizando mejor la estructura administrativa, reduciendo la burocracia, etc. Por todos es sabido que en la sanidad también se conceden muchos privilegios, y que además, la dotación monetaria para cubrir los gastos en sanidad no es equitativa en toda la geografía nacional, pues varía según las Comunidades Autónomas. Recursos que muchas veces son empleados para pagar sobreprecios a proveedores que luego venden esos mismos servicios en otras Comunidades a precios ridículos. Una clara política de dumping económico con el fin de favorecer ciertos intereses o, con la intención de permitir que algunas empresas se hagan con el mercado local gracias a que sus ingresos se encuentran amparados con dinero público, porque obtienen un precio más alto por sus servicios en su Comunidad de origen, vulnerando además claramente la Ley de la Competencia.
La reacción de numerosos aragoneses y españoles ante la mala atención, debido al tiempo que los facultativos pueden dedicar a sus pacientes en las consultas, y las largas listas de espera para poder visitar al especialista, y peor aún, para realizarse alguna intervención, les ha llevado a optar por pagar un seguro médico alternativo, o bien acuden directamente de modo privado a las consultas médicas, sencillamente porque nuestro sistema público a pesar de las inversiones realizadas, no ha conseguido mejorar substancialmente la calidad del servicio. Al respecto, hay estudios sobre distintas alternativas que contribuirían a reducir ese ineficaz gasto sanitario y que además contribuirían a reducir también las listas de espera. Una de estas soluciones consistiría en desviar en el corto plazo parte de la atención pública sanitaria a instituciones privadas, sin que además ello signifique un sobrecoste para los contribuyentes ni para los pacientes, además de contribuir a resolver buena parte de los problemas urgentes de salud de nuestra población. Es curioso que a pesar de ello haya quienes se empecinen en querer reformar la sanidad, obligando a la mayoría a los pacientes a realizar un esfuerzo adicional de pago. Mucha gente fundamentalmente de izquierdas, cuando oyen hablar de desviar pacientes al sistema sanitario privado, pegan el grito en el cielo, curioso, porque muchos ellos funcionarios disfrutan de un sistema sanitario «sin esperas», y se encuentran muy contentos con un sistema que les permite «elegir» cada año la compañía sanitaria privada o pública que quieran, entre las distintas ofertas existentes y asistir a los médicos especialistas que deseen.
Está claro que lo realmente importante que habría que plantearse hoy, la verdadera prioridad en España respecto al gasto sanitario, es que este sea lo suficientemente eficiente como para poder solucionar los problemas de salud de la población, y si para ello hay que contar con la colaboración de la sanidad privada, bienvenida sea. Y añadido a todo esto, si el sistema sanitario es ineficiente será porque nuestros políticos y quienes lo gestionan no han sabido resolver el problema, y son a ellos a quienes habría que pedir responsabilidades, porque entre otras cosas no han sabido acabar con los privilegios de algunas empresas proveedoras que hacen que el gasto sanitario se haya disparado, y porque no han sabido gestionar adecuadamente los recursos, y para ello también hay soluciones eficientes: las urnas. Tenemos unos recursos monetarios escasos y hay que optimizarlos, más aún en este momento de aguda crisis.
Gunther Zevallos Avilés
Secretario General pCUA
Partido Ciudadanos Unidos de Aragón
