Las pantallas de las principales agencias noticiosas peruanas, que representan más del 80% del mercado informativo, nuevamente coincidieron presentando la imagen de un modesto profesor de un colegio estatal, nivel de funcionario que goza de muy poca estimación en el reparto de la torta remunerativa del estado y, por ende, goza de menor aprecio de parte del prójimo pronto a la genuflexia ante el brillo del bolsillo, sin importar su procedencia. Cosas del sistema enraizado en las consciencias más rudimentarias. La verdad sea dicha, hablar de un miembro de la clase docente estatal es hablar del extremo más inferior de la cadena alimenticia, el plancton del mundo educativo. Naturalmente, como en cualquier país en franco crecimiento económico, la educación es la última rueda del coche, si no la quinta o sexta.
Foto: sancho_panza
Pues bien, el micro funcionario estatal en cuestión tuvo a su disposición cámaras y entrevistadores que, con ansia en la mirada, le permitieron propagar su desigual lucha contra una congresista de la casi bicentenaria república peruana, contra un miembro altamente evolucionado de la clase depredadora, contra una forma de vida democrática que goza de la cúspide de la cadena alimenticia y para el que un director de escuela estatal no existe ni en el condimentero de su cocina.
El profesor del Colegio Nacional “Alfonso Ugarte” de Lima, Lizandro Quispe, denuncia a una congresista peruana en funciones, Cenaida Uribe, por supuesto tráfico de influencias y la plenitud de medios de comunicación limeños se declaran en estampida informativa. ¿Algo de malo en ello? Por el contrario, efusivas felicitaciones por el cumplimiento del deber. Sin embargo, es un hecho que llama la atención en un país donde las leyes se imprimen en papel higiénico y hay miles y miles de denuncias pendientes de informar. Aún con la sorpresa a boca abierta, totalmente de acuerdo en que el asunto vaya hasta las últimas consecuencias.
La historia continúa, la fiscalía procesa el caso de oficio –sí, de oficio- y el expediente de solicitud de desafuero congresal ya está en camino en tiempo récord. Tampoco nada de malo en lo diligente de la diligencia legal. Es que llama aún más la atención por tratarse de la misma fiscalía que ya es famosa por su desidia y desgana para representar al estado o a sus ciudadanos. Una fiscalía que viene tratando de limpiar de toneladas de polvo de “narcoindultos” y vigas de paja de “colegios-emblemáticos” al expresidente Alan García, antes incluso que una investigación oficial del congreso sea presentada en sus oficinas y le obligue a participar.
¡Oh contradicciones del sistema!, un profesor estatal puede mover eficientemente la maquinaria legal del país en un caso de denuncia contra una congresista, mientras que un comité congresal en pleno es enfrentado por la fiscalía de la nación con la leguleya intención de frenar investigaciones a expresidentes.
La fiscalía de la nación peruana, que ahora toma una denuncia profesoral sin resquicios criticables, nunca cumplió con su obligación legal de remitir documentos requeridos por años por la autoridad judicial de los EEUU de Norte América en los procesos por narcotráfico seguidos a la familia Sánchez Paredes, por décadas presunta mafia de narcotraficantes. Los procesos gringos debieron ser archivados por falta de pruebas y el expresidente podría hacerle quite a los juicios que merece enfrentar.
Me pregunto dónde encontró el profesor Quispe la oficina de mesa de partes en lo legal pues la mayoría de peruanos sólo conocemos su equivalente en lo leguleyal.
