Cuando hacemos uso de nuestra libertad en cualquier aspecto de nuestra vida, por pequeño e irrelevante que sea, provocamos siempre un menoscabo económico de un tercero. Esto, que para cualquier persona que cree en la libertad es fácil de entender, no lo es tanto para aquellos que creen que el gobierno está para planificar, intervenir y regular la actividad económica.
Por ejemplo, si en mi barrio hay un Mercadona y un Carrefour, y elijo comprar en Mercadona, es evidente que estoy produciendo un perjuicio económico a Carrefour, sencillamente ejerciendo mi libertad de elección. Mi libertad por tanto menoscabaría a Carrefour.
Otro ejemplo: si por la mañana yo voy a desayunar a un bar que pone el periódico del día a disposición de los clientes, el uso de mi libertad, es decir, leer ese periódico mientras desayuno, produce un menoscabo económico a la editora del periódico. Obviamente, el perjuicio consiste en que no compraré el periódico, pues ya lo habré leído.
Está claro que los gobiernos podrían legislar contra el hecho de que los periódicos no pudieran estar a libre disposición de los clientes de un bar, pero afortunadamente no sólo nunca lo han hecho, sino que nadie espera que lo hagan. Ni siquiera las compañías editoras de los periódicos.
Pero ante situaciones análogas en internet, los gobiernos han decidido actuar.
En Europa, veintidós de sus gobiernos (entre ellos el nuestro) y apoyados por sus respectivos partidos socialistas y conservadores, habían emprendido acciones legislativas contra la libertad en internet de los ciudadanos, y para ello, estaban decididos a poner en marcha el tratado antipiratería ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement).
Si el Parlamento Europeo hubiera votado sí la semana pasada a la adhesión a este tratado por parte de la UE, se hubiera puesto en marcha un sistema de vigilancia al ciudadano inspirado en la novela “Gran Hermano”.
Porque la aplicación del tratado ACTA hubiera obligado a las compañías de proveedoras de servicio de internet (las empresas ISP, aquellas con las que los ciudadanos contratamos el servicio de conexión a internet) a instalar aplicaciones en sus servidores con tal fin. Estas aplicaciones vigilarían a cada ciudadano cada vez que se conecta a internet, y cuando hubieran detectado que éste compartía archivos y documentos con derechos de autor, la compañía ISP estaría obligada a denunciarlo a la autoridad competente, policial, por supuesto.
El rechazo de la Unión Europea al tratado antipiratería en internet ACTA ha sido quizás la votación más importante en muchos años en asuntos de libertad individual, y sin embargo, ha pasado desapercibida para la opinión pública española. Esta noticia no ocupó un lugar relevante en ningún medio de comunicación convencional, y fue relegada a las secciones de tecnología y cultura que muy pocos leen.
Esto se entiende si damos importancia a que en los últimos años, han habido medios de comunicación que en connivencia con el PP y el PSOE, han querido crear un estado de opinión pública favorable a la intervención por parte del estado contra la libertad de uso del ordenador y de la libertad de conexión a internet de los ciudadanos. Se aliaron para ello con opinadores, intelectuales y artistas, con grandes empresas de entretenimiento y grandes editoriales, y con grupos de poder como la SGAE.
Por su parte, El PP y el PSOE nunca han querido ni creído en los medios de comunicación plenamente libres, y por tanto, aspiran a crear un internet intervenido y sujeto a control político. Aspiran a replicar un sistema de control análogo al del espacio radioeléctrico, en el que sean los políticos quienes decidan quién puede ser propietario de un medio de comunicación en internet y quién no.
Y en este proceso lento, la defensa de los derechos de autor, es solo una coartada, un pequeño paso argumentado con una terrible falacia.
Pero si conquistan la aquiescencia de los ciudadanos en esto, si consolidan este estado de opinión pública favorable a ello, tendrán el camino allanado para dos cosas más.
En primer lugar, estará allanado el camino al control del flujo de información por internet por parte de los políticos. Y en segundo, y esto sorprenderá menos, ganarán el beneplácito de los ciudadanos para gravar el uso de internet mediante impuestos.
Por todo ello, los ciudadanos debemos resistirnos con toda nuestra fuerza e influencia, y cada uno en nuestro ámbito cercano. Porque si no lo hacemos, es posible que estemos viviendo ahora una época que dentro de unos años recordaremos con nostalgia. Y muy posiblemente recordaremos internet como un entorno de plena libertad, una inmensa ágora, en la que las personan se comunicaban, compartían, colaboraban y cooperaban, todo ello voluntariamente y sin coacción por parte de nadie. Un bonito ensayo del mundo de libertad con el que muchos soñamos.
