Qué nos enseña el escándalo de Fernández Díaz y Daniel de Alfonso sobre la lucha contra la corrupción
«La falta de ética no está recogida en la ley como motivo de cese»
(Daniel de Alfonso en su comparecencia en el Parlament)
A propósito del escándalo protagonizado por el director de la Oficina Antifraude de la Generalitat y el Ministro del Interior: la importancia del anonimato para proteger a alertadores de casos de corrupción.
Antecedentes:
En febrero de este mismo año desde el Grup CiutadÁ contra la Corrupció a Catalunya publicamos una serie de recomendaciones para la lucha contra la corrupción en Catalunya. Entre ellas estaba lo que en aquel momento ninguno de los grandes partidos que ahora sí lo hacen, se atrevía a decir: enumeramos una serie de deficiencias y disfunciones evidentes de la Oficina Antifrau y pedimos su reforma dada su inoperatividad, opacidad y el peligro que suponía para los alertadores que confiaran en ella.
La Oficina Antifrau reaccionó a las críticas poniéndose inmediatamente en contacto con nosotros a estancias de su director, el ahora famoso Daniel de Alfonso, y se nos solicitó una reunión que se produjo el 22 de marzo.
Los detalles del contenido de esta reunión no son el objetivo de este post ya que los hicimos públicos al finalizar la misma. Aprovechamos para preguntarnos una vez más para que sirve la transparencia por la que tanto hemos luchado desde la ciudadanía y con la que tanto se llenan ahora la boca los partidos con poder si los únicos que somos transparentes somos la ciudadanía. En todo caso, la reunión, a pesar de la cordialidad, no resolvió las dudas.
Tras el escándalo que el trabajo periodístico de Público ha revelado, dónde ha quedado patente que el director de la Oficina y el ministro de Interior usaban los recursos de la Oficina Antifraude y del Ministerio de Interior para atacar a adversarios políticos, queremos retomar un aspecto del contenido de este encuentro.
El escándalo, pone de manifiesto que, tal y como defendimos en esta reunión (y hemos defendido siempre) el tipo de praxis aplicada por el director de la Oficina Antifrau, consistente en no facilitar canales anonimizados para la denuncia y dejando como único garante al directivo de la propia institución, que es defendida por muchos dentro y fuera de las instituciones como la única praxis posible para recibir denuncias ciudadanas, no hace más que perpetuar la corrupción en lugar de desmantelarla.
Daniel de Alfonso defendió las bondades de la confidencialidad («yo y esta instituión somos los garantes de la protección de la fuente y de su información«) frente a los desmanes que, según él – y según los detractores del anonimato en la comunicaciones de los denunciantes -, se producirían con la aplicaciones de los protocolos del los Buzones de filtraciones que nosotros proponemos.
Lo que nosotros queremos dejar claro es que la corrupción está en las instituciones
Esperar que se vigilen a sí mismas y que el director de esta u otra institución pueda ser el garante absoluto y único de las prácticas que se llevan a cabo, es un falacia y una ingenuidad.
Independientemente de la integridad de quienes están en las instituciones, sólo habrá democracia si el poder se distribuye quedando el control de las estructuras de estado bajo la vigilancia ciudadana.
Los dispositivos que proponemos y practicamos con los buzones anonimizados de filtraciones permiten a la fuente hacerse visible independientemente de las instituciones cuando su información es utilizada en detrimento de ellos o de la sociedad. Esto impide que se centralice todo el poder (la información ) en manos de unas pocas personas que se vuelven todo poderosas y una amenaza para todos.
El éxito contra la corrupción será ciudadano y distribuido o no será
La idea de confidencialidad perpetúa, la idea pasiva de dependencia de unas instituciones protectoras crea poderes absolutos que usan la transparencia para controlar a sus ciudadanos.
La idea de fuente anónima implica una toma de responsabilidad individual y colectiva en la que quien vigila las instituciones son los propios ciudadanos.
Se confunde a menudo la denuncia anónima (algo desterrado de nuestro estado de derecho puesto que todo el mundo tiene el derecho a saber quién le acusa) con el anonimato y protección de las fuentes.
La institución tiene el deber de investigar aquellas alertas plausibles de casos de corrupción, independientemente de donde vengan y respetando y facilitando el anonimato de la fuente si así lo desea el alertador, al igual que lo hacen periodistas y ciudadanía cada día.
Lo contrario es la confidencialidad garantizada por las autoridades. Es decir, el ciudadano se la juega enviando la información y, a partir de ahí, tanto el propio alentador como la propia información se convierten en objeto de mercadeo político como ha demostrado el caso de la Oficina Antifrau, donde en el caso de que la ley permita el cese de Daniel de Alfonso es muy posible que sea sustituido por Maite MasiÁ actual directora adjunta y salpicada por la trama ITV de Oriol Pujol.
Todo depende de la confianza en las instituciones. Y ya no nos queda de eso.
De lo que tenemos cada vez más es confianza en la capacidad ciudadana de organizarnos para resolver los problemas.
Seguimos.
